En Chile confirman que la nueva ruta comercial con las Islas Malvinas empieza a operar "en un mes más"

Por Redacción

Foto: Gentileza.

El gobernador de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, defendió la futura ruta marítima comercial entrePunta Arenas y las Islas Malvinas y confirmó que el primer viaje zarpará «en un mes más». La noticia se da luego de la ronda de negocios con agentes británicos, y tras la denuncia del Gobierno argentino por «vuelos ilegales» en el Atlántico Sur.

En una entrevista a CNN Chile, la autoridad adelantó que la iniciativa prevé un viaje mensual para abastecer a los casi 3.000 habitantes del archipiélago con alimentos, abarrotes, insumos de uso cotidiano y materiales de construcción.

Flies equiparó el modelo de abastecimiento con las labores logísticas que el sector privado ya realiza hacia Rapa Nui y descartó que la ruta comercial tenga vínculos con la explotación de hidrocarburos

Asimismo, sostuvo que impedir el comercio con el territorio insular resultaría «injusto y limitante» y apuntó contra la falta de reclamos del Estado argentino con Uruguay, cuyo país es actualmente que provee de insumos a los isleños: «Vuelvo a insistir: Chile, Argentina, Inglaterra son países soberanos, hay tratados de libre comercio, no hay un bloqueo en este momento de un país a otro, no hay un bloqueo de Argentina sobre las Islas Malvinas».

Las declaraciones de Flies se producen en simultáneo al Punta Arenas Business Showroom, un evento comercial de dos días impulsado por la Corporación de Desarrollo de las Islas Malvinas (FIDC). El encuentro reunió a 40 representantes del sector público y privado isleño con unas 60 firmas magallánicas para abarcar rubros como la pesca, hotelería, construcción, transporte y ciencia antártica. El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, respaldó el proyecto con el objetivo de convertir a la ciudad en «el gran supermercado, el gran home center» de las islas y proyectó captar negocios por unos 20 millones de dólares anuales.

La arquitectura del proyecto logístico cuenta con un contrato formal entre la FIDC y la naviera chilena Eastern Island Naviera (o Easter Island Logistics). Este enlace regular, proyectado para noviembre, permitirá reducir a la mitad la distancia de casi 2.000 kilómetros que los habitantes de las islas deben recorrer en la actualidad para abastecerse en el puerto de Montevideo.

Radonich aclaró que el barco destinado a esta tarea no posee bandera británica, con el fin de evitar conflictos diplomáticos directos. Además, el alcalde recordó que una declaración del Mercosur del año 2011 —la cual prohibió la recalada de buques con bandera isleña en puertos sudamericanos— generó en el pasado un perjuicio económico de 300 millones de dólares para el sur de Chile.

La magnitud de la misión comercial expuso la participación de la subdirectora general de la FIDC, Louise Ellis; el gerente de proyectos estratégicos, Sam Cockwell; y la responsable de marketing, Jane Clarke. A la comitiva se sumó el director de la Cámara de Comercio local, Mike Summers, y el director general de la FIDC, Josh Smith.

El sector privado participó con una extensa lista de referentes: Bono McKak (Big B's); Luke Clarke y Claudio Ross (C&R Construction y C&R Lettings); Cristian Castro Estefo (Castros Construction); Krizelle Macaraig (Goodwin Ltd.); y Mark Aimson (RSK Falkland). Desde el ámbito agropecuario y pesquero asistieron James Bates (FIFCA); Patricio Garces (Consolidated Fisheries Ltd.); Emily Gilbert (Little Creek Farm); Paul Phillips (Falkland Landholdings Corporation); Cynthia Williams (Stanley Growers); y los funcionarios gubernamentales Matt Davies y Daniela Baigorri.

El avance comercial trasandino transcurre en medio de una escalada de tensión general en el Atlántico Sur. El gobierno de Milei intimó formalmente al Reino Unido para detener la explotación de la petrolera israelí Navitas y la británica Rockhopper, vinculadas al proyecto Sea Lion con extracción prevista para 2028, en un plazo de catorce días bajo la amenaza de recurrir a tribunales internacionales. A su vez, la Casa Rosada ordenó procedimientos sancionatorios y denuncias penales por la detección de vuelos operados por Thales UK Limited entre Malvinas y Punta Arenas sin autorización de las autoridades aeronáuticas argentinas.

El aval comercial de Magallanes generó severos ruidos diplomáticos debido a las declaraciones de altos funcionarios de la administración del presidente José Antonio Kast. El ministro de Defensa, Fernando Barros Tocornal, justificó la ocupación británica al declarar en Radio Polar: «Hay una situación de hecho: un país amigo hace 200 años ejerce soberanía sobre las islas». Barros reclamó respetar «la voluntad e interés de las personas involucradas» y criticó el Decreto 256 emitido por Argentina en 2010 por limitar las oportunidades de negocios.

Por su parte, el subsecretario del Interior de Chile, Máximo Pavez, validó a su par de Defensa, destacó la normalidad de las relaciones bilaterales y afirmó que la Constitución de su país consagra la libertad para realizar actividades económicas desde sus puertos.

Mientras tanto, el canciller argentino Pablo Quirno descartó una ruptura diplomática y minimizó los dichos de Barros Tocornal al sentenciar que «palabra de presidente mata palabra de ministro».

Allí, Quirno hizo referencia a la declaración conjunta firmada el 3 de septiembre entre Javier Milei y Kast. En ese documento, Chile ratificó el reconocimiento de los derechos de soberanía argentina sobre las islas y los espacios marítimos circundantes, mientras que el Gobierno nacional valoró los esfuerzos chilenos para evitar la consolidación de actividades logísticas ilegales ligadas a la extracción de hidrocarburos.

No obstante, el canciller argentino advirtió que el Estado actuará dentro del espacio jurídico si se incumplen los tratados.

Anteriormente, el vocero presidencial Adrián Ravier había evitado pronunciarse de forma directa sobre la nueva ruta marítima tras ser consultado en conferencia de prensa y también se había limitado a reiterar el compromiso de Kast respecto al freno de la logística hidrocarburífera.

A principios de septiembre, el Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas de La Plata (CECIM) intimó al canciller Quirno mediante una carta documento y le otorgó un plazo perentorio de 72 horas para aplicar medidas diplomáticas y sanciones legales. La entidad exigió la aplicación efectiva de la Ley 26.659 y del decreto 868/2026 contra Easter Island Naviera, Easter Island Logistics, la FIDC y demás actores vinculados a la apertura de la ruta.

Los excombatientes solicitaron protestas formales ante los gobiernos de Chile y el Reino Unido, la prohibición del uso de los puertos nacionales para abastecer esta cadena logística y la respectiva notificación a los reguladores bursátiles sobre los riesgos legales de las compañías involucradas. Asimismo, reclamaron la aplicación del Decreto 256/2010 y la elevación del conflicto a organismos como la ONU, el Comité de Descolonización, la CELAC y el Mercosur.

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El gobernador de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, defendió la futura ruta marítima comercial entrePunta Arenas y las Islas Malvinas y confirmó que el primer viaje zarpará "en un mes más". La noticia se da luego de la ronda de negocios con agentes británicos, y tras la denuncia del Gobierno argentino por "vuelos ilegales" en el Atlántico Sur.

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