En la previa del tratamiento del acuerdo con Vicuña, Aranda presentó un proyecto clave para "sanear" la Ley de Regalías

El megaacuerdo minero con la empresa Vicuña Argentina S.A. para el desarrollo unificado de los yacimientos Josemaría y Filo del Sol dio su primer paso institucional este jueves y tomó estado parlamentario durante la octava sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. La agenda legislativa continuará este viernes 14 de agosto con la presentación en el recinto de los ministros de Economía, Hacienda y Finanzas, Roberto Gutiérrez; de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; y del secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, quienes defenderán los términos del acuerdo de cara a su posible aprobación la próxima semana. Sin embargo, en la antesala de este tratamiento crucial, el diputado por el Frente Renovador, Franco Aranda ingresó un proyecto de ley técnico que busca subsanar una fisura legal histórica en el cálculo de las regalías provinciales.

La clave del acuerdo enviado por el Poder Ejecutivo radica en un compromiso económico sin precedentes: un desembolso único, inicial y diferenciado a cargo de la minera por un monto total de 250 millones de dólares bajo el concepto de "Aporte DIA Fijo". Este desembolso, que estará disponible a partir del 20 de diciembre de 2026, se canalizará a través de un fideicomiso público administrado por la provincia y será destinado exclusivamente a financiar obras de infraestructura vial, hídrica, energética, urbana, social y productiva que tengan vinculación directa o indirecta con el Proyecto Vicuña. A través de este aporte no compensable con regalías futuras, la empresa cancela de forma total y anticipada las obligaciones de obras tradicionales exigidas en las Declaraciones de Impacto Ambiental, asegurando al Estado provincial fondos líquidos inmediatos para la obra pública local.

A pesar de la magnitud de este desembolso, Aranda advirtió sobre la necesidad de blindar el marco legal general, exponiendo que la Ley de Regalías N° 716-M vigente arrastra una inconsistencia técnica de gravedad. Actualmente, el artículo 8° de la norma establece una regalía del 3% sobre el valor Boca Mina del mineral extraído, pero prescribe de forma literal que este valor debe calcularse conforme a lo dispuesto por la Ley Provincial N° 619-L. El inconveniente radica en que la Ley N° 619-L es, en realidad, la norma provincial de fomento para Bosques Cultivados (actividad forestal). De este modo, por un error material involuntario originado durante la consolidación del Digesto Jurídico Provincial, la normativa obliga técnicamente a liquidar el valor de metales de primera categoría, como el cobre, el oro o la plata, siguiendo parámetros del cultivo de árboles.

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La propuesta ingresada por Aranda, bajo el título de "Ley de saneamiento y seguridad jurídica de regalías mineras", plantea un desdoblamiento táctico que mantiene intacta la alícuota del 3%. Su proyecto busca sustituir de manera urgente el texto del artículo 8° para que el valor Boca Mina se liquide correctamente según la Ley Provincial N° 459-M (la verdadera norma de adhesión a la Ley Nacional de Inversiones Mineras N° 24.196). El legislador advirtió que la provincia no puede afrontar inversiones de gran escala bajo el paraguas del RIGI teniendo una ley técnicamente rota, ya que, si una operadora decidiera impugnar ante la justicia el cobro de las regalías amparándose en la literalidad de la norma forestal vigente, la base de cálculo tributaria de San Juan podría correr serios riesgos, según advirtió el diputado del Frente Renovador.

Pese a la urgencia planteada por el legislador, el proyecto pasó a comisión para su tratamiento.

Cabe recordar que Aranda ya había presentado una modificación de la Ley 730-M, pero que nunca llegó a ser tratada.

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Fuente: Tiempo de San Juan

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