En noviembre entra en vigencia el Fondo de Asistencia Laboral: las claves del nuevo esquema para indemnizaciones

Reforma laboral y mercado de capitales

El aporte comenzará a depositarse a fines de año, pero recién estará disponible en mayo de 2027. Advierten que la reglamentación favorece la colocación de deuda del Estado nacional.

A finales de este año comenzará a regir de manera obligatoria el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los ejes centrales aprobados dentro de la reforma laboral. El mecanismo reconfigura el destino de una porción de las cargas patronales mediante la creación de un fondo individual por cada empleador, obligando a redirigir esos recursos al mercado de capitales para afrontar el pago de futuras indemnizaciones.

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El esquema fijará alícuotas diferenciadas sobre la masa salarial mensual: las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) deberán aportar un 2,5%, mientras que para las grandes compañías la contribución será del 1%. La puesta en marcha formal se iniciará en noviembre y los depósitos acumulados deberán permanecer inmovilizados durante un período de seis meses, por lo que las firmas recién podrán comenzar a ejecutar los recursos a partir de mayo de 2027.

Para la administración del dinero, los empleadores deberán optar entre Fondos Comunes de Inversión (FCI) o Fideicomisos Financieros (FF), vehículos que requerirán la habilitación previa de la Comisión Nacional de Valores (CNV). En el mercado financiero anticipan que las multinacionales se inclinarán por la figura del fideicomiso para resguardar un patrimonio separado y trazable, mientras que el sector PyME elegirá mayoritariamente los FCI por intermedio de bancos y sociedades de bolsa.

Respecto a la cartera de inversión, la normativa fijó topes del 15% para plazos fijos, 15% para títulos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 20% para obligaciones negociables privadas. No obstante, la compra de títulos públicos nacionales no tiene un límite porcentual, permitiendo destinar hasta el 100% del fondo a deuda del Estado central. Asimismo, la exigencia de contar con calificación de riesgo "AAA" para adquirir deuda provinciana o corporativa dejó fuera de mercado a la totalidad de las provincias —salvo CABA— y redujo el abanico privado a solo ocho empresas.

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Especialistas del sector señalan que esta asimetría regulatoria le permitirá al Poder Ejecutivo captar hasta 4.000 millones de dólares mediante la colocación de bonos soberanos de cara al año electoral. Mientras tanto, la CNV mantiene habilitada la instancia de consulta pública para recibir observaciones sobre la norma definitiva. Al respecto, el presidente del organismo, Roberto Silva, remarcó la importancia de la participación privada para consolidar un modelo de inversión de largo plazo en el mercado local.

Fuente: El Esquiú

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