En San Juan, el IPV recuperó más casas vandalizadas y ya las arregla para sortearlas

El Instituto Provincial de la Vivienda de San Juan empezó hace meses una ofensiva contra las irregularidades en las adjudicaciones, logrando recuperar casas que estaban abandonadas o que habían sido blanco de hechos delictivos. La directora del organismo, Elina Peralta, ratificó que ante la gran demanda de hogares y la existencia de expedientes que no avanzaban, decidieron conformar un equipo específico para poner el foco en estas denuncias. Según detalló la funcionaria, se han recibido hasta el momento 430 denuncias, de las cuales 70 resultaron ser falsas, pero otras tantas han avanzado con éxito en el complejo laberinto administrativo de la provincia.

El proceso de recuperación se activa cuando el Instituto toma conocimiento de una posible falta, ya sea por viviendas deshabitadas, alquiladas o vendidas de forma ilegal. En primer lugar, se evalúan los antecedentes del inmueble, se verifica si existe deuda y se realiza una visita social al domicilio para confirmar la irregularidad. Si se comprueba el incumplimiento, se emite un informe legal y comienza la revocación de derechos, otorgando al adjudicatario diez días para apelar o renunciar. En los casos más graves, Peralta señaló que ya cuentan con 8 viviendas firmemente revocadas que han pasado por todas las instancias legales y han quedado en posesión del IPV.

"Tenemos 90 revocadas en primera instancia y con esto quiero decir que no es que todavía tenemos las viviendas en nuestro poder porque todas tienen adjudicatarios, y esas familias presentan un descargo, pasa por todo un proceso administrativo, asesoría letrada de IPV, después asesoría letrada del Ministerio, después Casa de Gobierno. Pasa por diferentes instancias. Hoy hay ocho que ya tenemos firmemente revocadas que ya pasaron por todas estas instancias".

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Muchas de estas unidades recuperadas no están en condiciones de ser habitadas de inmediato debido al maltrato recibido. La funcionaria manifestó que en los casos donde las viviendas están destruidas porque por abandono han sido vandalizadas, el Estado se encarga de recuperarlas y ponerlas a punto. Una vez reparadas, el destino de estos inmuebles es claro y transparente: se van a poner a sorteo también con el resto de los barrios nuevos que el gobierno comenzará a construir próximamente. Esta medida busca no solo castigar el incumplimiento de la ley, que prohíbe tener casas desocupadas o destinarlas a usos distintos del familiar, sino también premiar a quienes esperan dignamente una oportunidad.

"Esas viviendas en los casos que están destruidas, porque hay muchas que por abandono han sido vandalizadas, las estamos recuperando y se van a poner a sorteo también con el resto de los barrios nuevos que vamos a empezar a construir con este bono internacional que anunció el gobernador", expresó la funcionaria de Marcelo Orrego en diálogo con Pelado Stream.

Más allá de la recuperación de inmuebles, el IPV está implementando una serie de cambios estructurales en su política habitacional. Peralta destacó una vez más que el objetivo es ir hacia un sistema de entrega exclusivamente por sorteo, eliminando la discrecionalidad. Para que este método sea más justo, han establecido porcentajes que benefician a las familias con mayor antigüedad en la inscripción, de modo que quien lleva mucho tiempo esperando tenga más probabilidades que alguien recién anotado.

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Además, se está evaluando legalmente impedir que personas con antecedentes penales de determinado calibre participen de estos sorteos, bajo la premisa de que no se puede premiar a alguien con un historial delictivo frente a quien vive dignamente.

En cuanto al diseño de los nuevos proyectos, la funcionaria subrayó que han dejado atrás la idea de los megabarrios de mil viviendas, ya que notaron que socialmente no terminan funcionando y suelen derivar en situaciones delictivas. Por ello, ahora plantean barrios de no más de 50 o 60 casas, con diseños más funcionales, ambientes más amplios y un fuerte hincapié en el etiquetado energético para reducir el consumo.

Finalmente, la gestión se encamina a cumplir una meta ambiciosa de entregar más de 1500 viviendas este año, acelerando el ritmo de entregas a partir de agosto. Entre los proyectos destacados se encuentra la finalización del barrio La Ramada, anteriormente bajo el programa Procrear, y el esperado barrio Villicún en Albardón, que se retrasó debido a obras de agua pendientes de OSSE.

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También se prevé revivir la operatoria de créditos individuales, ofreciendo ahora el financiamiento del 100% para viviendas de 70 metros cuadrados, buscando que las familias no se vean asfixiadas por la necesidad de un ahorro previo excesivo que terminaba dejando las obras inconclusas. Todas estas medidas se complementan con un control estricto de la morosidad, que ronda el 60%, mediante resoluciones de revocación que intiman a los adjudicatarios a cumplir con sus cuotas para que el sistema siga siendo solidario.

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Fuente: Tiempo de San Juan

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