En un año vence la exclusividad del Banco San Juan con el Gobierno provincial: los escenarios que se abren

Falta exactamente un año para que venza uno de los contratos más importantes de la Provincia de San Juan. En noviembre de 2027 expirará el convenio que mantiene al Banco San Juan como agente financiero exclusivo del Estado provincial, un vínculo que va mucho más allá del pago de salarios públicos y que abre interrogantes sobre cómo encarará el Gobierno la próxima negociación.

La discusión cobra especial relevancia en un contexto en el que la administración de Marcelo Orrego mantiene desde hace un tiempo conversaciones con la entidad financiera para que implemente un plan de refinanciación destinado a pymes y particulares que quedaron con créditos en mora durante 2025. Hasta el momento, según pudo reconstruir Tiempo de San Juan, ese pedido no tuvo una respuesta pública por parte del banco.

El contrato vigente fue renovado y publicado en el Boletín Oficial el 26 de julio de 2017 por un plazo de diez años y, tras una prórroga, vencerá en noviembre del año próximo. Aunque todavía falta tiempo para iniciar formalmente una negociación, distintas fuentes consultadas coinciden en que el tema comenzará a ganar protagonismo durante los próximos meses. Y puede haber tres escenarios posibles.

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Mucho más que pagar los sueldos

Ser agente financiero de la Provincia implica administrar el pago de haberes de miles de empleados públicos, canalizar gran parte de los movimientos financieros del Estado y manejar un importante volumen de fondos oficiales.

Para la entidad también representa un negocio estratégico. La condición de agente financiero le garantiza un flujo permanente de comisiones, un fondeo estable y la posibilidad de desarrollar negocios con una amplia base de clientes a partir de la acreditación de salarios y el otorgamiento de créditos mediante descuento de haberes, además de contar con pymes que acceden a los créditos con tasas subsidiadas por el gobierno.

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En documentos donde plasma su estrategia, el banco San Juan plantea como objetivo continuar expandiendo su banca de individuos —principalmente mediante préstamos con descuento de haberes— y aumentar el financiamiento a los principales sectores productivos de cada región. En San Juan, la minería y la vitivinicultura aparecen como actividades prioritarias.

El gobierno, un accionista

La situación de San Juan tiene, además, una particularidad que pocas provincias poseen: además de contratar al banco como agente financiero, también es accionista. Tras la privatización del antiguo Banco de la Provincia de San Juan en 1996, cuando gobernaba Jorge Escobar, el Estado provincial conservó el 16,78% del paquete accionario. El Grupo Petersen -de propiedad de la familia Eskenazi- controla el 70,14%, mientras que el resto se distribuye entre Industrias Chirino S.A. (9,56%) y la familia Nacusi (3.52%).

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A su vez, el banco San Juan posee el 51% del capital del Banco de Santa Cruz S.A. y el 93.39% del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. Y esta última entidad a su vez posee el 64.4% del capital accionario del Nuevo Banco de Entre Ríos.

Lo que resulta de ese entramado societario y que es clave para la provincia de San Juan es que, al ser accionista, también tiene una participación proporcional en todos esos bancos. Eso implica que cuando se liquidan utilidades la provincia también recibe esas ganancias.

Fuentes calificadas señalaron a Tiempo de San Juan que, en uno de los últimos repartos de utilidades, la Provincia percibió alrededor de 35 millones de dólares, recursos que luego se destinan a distintas obras públicas.

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No es todo. Por contar con el 16,78% del paquete accionario, el Estado provincial tiene derecho a designar un director titular y un síndico dentro del banco. Actualmente y desde noviembre de 2024 el director es Lino Signorato, hombre cercano al ex senador Roberto Basualdo y miembro activo del partido Producción y Trabajo. El síndico es el abogado Jorge Alvo Varela, ex Fiscal de Estado de San Juan entre 2017 y 2023. Antes de Signorato, la representación provincial en el directorio fue ejercida por dirigentes como Roberto Basualdo (por unos meses al iniciar la gestión orreguista) y antes por Emilio Díaz Cano, Franco Aranda y Enrique "Peto" Godoy, por recordar a los últimos.

Primer escenario: renovar

Una de las posturas que circulan cerca de la mesa donde se analizan estos temas sostiene que la continuidad del Banco San Juan como agente financiero debería darse casi por lógica económica.

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Una fuente con conocimiento directo de la estructura accionaria del banco explicó que reemplazarlo por otra entidad implicaría resignar un beneficio que hoy ninguna otra institución puede ofrecer: que una parte de las ganancias vuelve a la Provincia a través de su participación accionaria. Bajo esa mirada, mantener el vínculo permitiría seguir captando dividendos generados no solo en San Juan sino también en el resto de los bancos que integran el grupo empresario.

Segundo escenario: no renovar el contrato

El exgobernador Jorge Escobar, quien impulsó la privatización del Banco San Juan en 1996, plantea una estrategia diferente. Para él, el vencimiento del convenio de agente financiero hasta podría significar un cambio de banco. O al menos una oportunidad para que la Provincia negocie desde una posición de fuerza.

Días atrás, al ser entrevistado en el streaming Paren las Rotativas, de Tiempo de San Juan, sostuvo que el verdadero poder del Gobierno está en la posibilidad de decidir quién administra los fondos públicos y paga los salarios estatales como agente financiero. "Vos le decís: 'No, mirá, yo pongo la plata de todos los empleados estatales y de la coparticipación en el banco que yo quiero'", dijo.

Para Escobar, esa herramienta le da al gobernador Orrego margen para exigir una mayor participación del banco en políticas que beneficien a la economía sanjuanina.

Tercer escenario: continuidad, pero con nuevas condiciones

Entre ambas posiciones aparece una tercera alternativa: renovar el convenio, aunque incorporando nuevas exigencias. "No es para pelearse con el banco. Es para decirle: 'Quiero que ayudes más a la producción, a las pymes, al comercio, al que necesita crédito'", indicó Escobar. Su planteo cobra actualidad ahora que el Gobierno provincial todavía espera una respuesta al pedido realizado hace más de un mes para que el Banco San Juan lance un plan de refinanciación destinado a particulares y pymes con créditos en mora.

Por ahora no existe ninguna negociación formal abierta. Sin embargo, el calendario ya empezó a correr. Con el vencimiento previsto para noviembre de 2027 y un antecedente reciente de diferencias entre el Gobierno y la entidad por la refinanciación de deudas, el futuro del contrato que une al Banco San Juan con la Provincia promete convertirse en uno de los debates económicos y políticos más relevantes del próximo año.

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Fuente: Tiempo de San Juan

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