Enojo en el Gobierno con la Corte Suprema por dejar firme la cautelar sobre la Ley de Financiamiento Universitario

Por Redacción

El revés judicial atrapó por sopresa al gobierno nacional. La Corte Suprema de Justicia dejó firme la cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, luego de que la administración liberataria objetara que no se especificaba el origen de los fondos para financiar a las casas de estudio.

En el oficialismo aparecieron quejas sobre la decisión judicial, según reveló Noticias Argentinas. Desde el círculo del presidente resaltan que es una normativa de dificil cumplimiento. Previamente, el ministro de Economía, Luis Caputo, había advertido que no hay partidas para cumplir con esa obligación. Pero desde el Ejecutivo remarcan que mientras siga el proceso no van a cumplir con el financiamiento.

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El rol de la Justicia quedó bajo cuestionamiento de las altas esferas del Gobierno: se habla de que la normativa tiene un costo de 1.3 billones de pesos. Fuentes libertarias aportan que el ministerio de Capital Humano contaba con diálogos sólidos con los rectores para avanzar con una nueva ley de Financiamiento Universitario. Un proyecto alineado con el cuidado de las cuentas públicas.

Muchos dirigentes oficialistas consideraron que ese texto era urgente debatirlo, sin embargo no tuvo velocidad de debate en el Congreso. Dicho plan siempre tuvo como horizonte la decisión de los cortesanos.

Con mucho optimismo, se encargaron de vender que la Corte le iba a entregar "un gesto" a la administración Javier Milei para darle "aire". Pero, con el fallo entre manos, esa idea no tuvo curso.

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Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal consideró que el planteo del Estado sobre la suspensión de la normativa era inadmisible porque estaba dirigido contra una medida cautelar, que no constituye una sentencia definitiva. De esta manera, la Corte evitó pronunciarse sobre la validez de la ley o del Decreto 759/25 y se limitó a resolver una cuestión procesal.

Desde el Gobierno destacan que el máximo tribunal falló solamente sobre la cautelar que pesaba en los artículos 5 y 6. "No vamos a pagar nada extra. Hay un acuerdo vigente que es el que se va a cumplir", afirmó un funcionario a Infobae.

El artículo 5 indica que se debe llamar a paritaria y actualizar "los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1º/12/2023 hasta la sanción de la presente ley".

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En tanto, el 6 marca una "recomposición y actualización automática de las becas estudiantiles", como Progresar, Carreras Estratégicas Manuel Belgrano, Enfermería y otras, desde el 10 de diciembre del 2023 hasta la fecha.

El 10 de junio, el Poder Ejecutivo firmó un acta en la que se comprometió a transferir fondos para un incremento de la masa salarial del 24,33%, una suba del 20% en gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas para hospitales universitarios de hasta $50.000.000.000.

Por esta razón, en Balcarce 50 consideran que el fallo de la Corte Suprema no cambia el escenario general. Por su parte, las casas de estudio continúan reclamando un aumento también de las partidas presupuestarias de este año y una recomposición por lo perdido en los anteriores, entre otros puntos que quedaron afuera de la cautelar.

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Con información de Agencia de Noticias Argentinas e Infobae

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El revés judicial atrapó por sopresa al gobierno nacional. La Corte Suprema de Justicia dejó firme la cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, luego de que la administración liberataria objetara que no se especificaba el origen de los fondos para financiar a las casas de estudio.

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Fuente: Río Negro

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