Enriquecimiento ilícito: la Justicia le pidió a Manuel Adorni que justifique su patrimonio

El fiscal federal Gerardo Pollicita envió el requerimiento de justificación patrimonial al exjefe de Gabinete Manuel Adorni, en el marco de la investigación que busca determinar si existió un presunto enriquecimiento ilícito.

El documento, de 210 páginas, contiene más de 20 preguntas concretas que Adorni deberá responder para explicar distintos aspectos vinculados con la evolución de su patrimonio. El requerimiento constituye el siguiente paso de la investigación luego de la incorporación de un informe técnico elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI).

De acuerdo con el análisis realizado por la Fiscalía, el estudio conjunto y pormenorizado de la prueba reunida permitió advertir inconsistencias. Para llegar a esa conclusión fueron cotejados los resultados del análisis técnico de la SIFRAI-DAFI con las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales, tanto públicas como reservadas, y sus respectivas rectificativas.

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Sin embargo, el informe técnico no estableció una cifra concreta respecto de un eventual desbalance patrimonial.

El requerimiento fue elaborado a partir del análisis patrimonial y financiero realizado sobre Adorni y su pareja, Bettina Angeletti. La investigación buscó reconstruir de manera integral la evolución de sus patrimonios desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la actualidad.

Entre las cuestiones que deberá responder Adorni aparecen las rectificaciones realizadas sobre sus declaraciones juradas, determinados gastos en efectivo en el exterior y los arreglos efectuados en una propiedad ubicada en Indio Cuá.

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El fiscal trabajó durante la feria judicial para completar el requerimiento, que algunos consideran una suerte de "indagatoria blue", en referencia a una instancia previa destinada a obtener explicaciones antes de avanzar eventualmente hacia otras medidas procesales.

El trabajo de la DAFI contempló un análisis individual de Adorni y Angeletti y, además, una evaluación consolidada del grupo familiar.

Entre otros aspectos, se estudió la composición y evolución de los bienes, disponibilidades, inversiones, créditos y deudas existentes al inicio y al cierre de cada período investigado.

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También se analizaron los ingresos y las fuentes de fondos que contaran con respaldo documental. El estudio debía diferenciar esos ingresos de movimientos que no representaran una nueva fuente de dinero, como transferencias entre cuentas propias o de integrantes del grupo familiar, movimientos internos, rescates de inversiones, devoluciones, reintegros, préstamos, ventas de activos, conversiones de moneda y acreditaciones provenientes de terceros.

Otro de los objetivos fue reconstruir las entradas y salidas de fondos para relacionarlas con la adquisición de bienes, los gastos corrientes y extraordinarios, los consumos, los pagos efectuados en efectivo o en moneda extranjera y la cancelación de pasivos.

Para evitar duplicaciones, también se depuraron operaciones que no implicaran nuevas aplicaciones o ingresos de fondos, como transferencias internas y conversiones de moneda.

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La investigación también contempló la comparación entre las distintas declaraciones juradas patrimoniales y sus rectificaciones.

En ese análisis se buscó identificar modificaciones en la composición y valuación de activos y pasivos, determinar el origen atribuido a cada variación y establecer el impacto cuantitativo que esos cambios tuvieron sobre la evolución patrimonial.

A partir de toda esa información, la DAFI debía elaborar una ecuación patrimonial anual y acumulada, tanto individual como consolidada para el grupo familiar.

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El objetivo era confrontar los ingresos lícitos y las disponibilidades iniciales acreditadas con la incorporación de bienes, los gastos, los consumos y la cancelación de pasivos.

De ese cruce debían surgir aquellas partidas u operaciones que no guardaran correspondencia con los ingresos y disponibilidades acreditadas, tuvieran respaldo incompleto, hubieran recibido explicaciones diferentes en distintas declaraciones o no pudieran ser conciliadas.

Uno de los puntos sensibles de la investigación es la operatoria con criptoactivos. La DAFI debía integrar la información proveniente de plataformas, cuentas y billeteras vinculadas con activos virtuales, diferenciando depósitos, retiros, compras, ventas, permutas y transferencias.

Esos movimientos debían ser contrastados con las declaraciones juradas patrimoniales y con los antecedentes bancarios, fiscales y patrimoniales incorporados al expediente.

El análisis de las criptomonedas adquirió particular relevancia por los supuestos US$200.000 que Adorni afirmó haber invertido en Bitcoin. Según la información incorporada a la investigación, la elaboración del informe técnico sufrió demoras por la incorporación de nuevos estudios relacionados con ese punto.

Otro de los aspectos examinados fue el costo, la fecha de adquisición, la modalidad de pago y la fuente de financiamiento de los bienes incorporados al patrimonio.

También se analizaron las erogaciones y obligaciones invocadas. En el caso de préstamos, mutuos u otras formas de financiamiento, el fiscal pidió analizar la capacidad económica involucrada y detectar eventuales diferencias entre los instrumentos utilizados, las declaraciones juradas, las escrituras, los registros y la documentación respaldatoria.

Con el informe técnico ya incorporado al expediente, la Fiscalía avanzó ahora con el requerimiento de justificación patrimonial.

La causa permanece en etapa de instrucción y el objetivo de esta instancia es obtener explicaciones sobre las inconsistencias detectadas en el análisis de la evolución patrimonial antes de determinar los próximos pasos de la investigación.

En paralelo, también se tramita otro expediente vinculado con el viaje que Adorni realizó durante el feriado de Carnaval a Punta del Este en un vuelo privado junto con su familia y el periodista Marcelo Grandio.

En esa investigación se busca establecer quién afrontó los costos del traslado y analizar el vínculo entre Adorni y el empresario, además de los contratos que este último habría mantenido con la TV Pública y otros organismos estatales.

Fuente: TN

Fuente: Primera Edición

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