Entre el mea culpa y el Código que viene, Diputados aprobó la Ley Transitoria del Régimen Penal Juvenil

La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este lunes, con 32 votos afirmativos y cuatro ausencias, la Ley Transitoria del Régimen Penal Juvenil, una herramienta que permitirá adaptar el sistema provincial a la Ley Nacional 27.801, vigente desde el 5 de septiembre, mientras se trabaja en un Código Procesal Penal Juvenil definitivo. Durante el debate, varios legisladores admitieron que la provincia no logró sancionar ese código dentro de los 180 días previstos y reclamaron que el futuro proyecto sea discutido con todos los actores vinculados al sistema.

La sesión tuvo un tono particular. Aunque hubo acompañamiento al proyecto impulsado por la Corte de Justicia, también aparecieron críticas y un reconocimiento compartido: el plazo de 180 días previsto para adecuar los sistemas provinciales pasó y San Juan todavía no tiene un régimen procesal penal juvenil especializado.

El diputado del Bloque San Juan Vuelve, Mario Herrero, fue uno de los que planteó esa situación. Señaló que el apuro puede aumentar los riesgos de cometer errores legislativos, aunque valoró que el proyecto aprobado tenga carácter transitorio y haya sido elaborado a partir de las necesidades de quienes deberán aplicarlo.

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En la misma línea, Fernanda Paredes, del Bloque PJ, hizo una autocrítica más directa. Dijo que la provincia "volvió a fallar como instituciones" al no haber podido avanzar durante esos 180 días con un Código Procesal Penal Juvenil especializado.

Para la legisladora, la ley sancionada funciona como una herramienta puente porque incorpora institutos propios del sistema acusatorio, como la reparación integral, la suspensión del juicio a prueba y la conciliación, dentro de un esquema procesal provincial que todavía mantiene características del sistema mixto. Por eso, insistió en que la transitoriedad debe ser lo más breve posible.

El proyecto definitivo todavía no tiene fecha de tratamiento en la Legislatura. Según se explicó durante la sesión, el Poder Ejecutivo trabaja en un anteproyecto que deberá llegar a la Cámara para su discusión. Paredes pidió que esa discusión no se limite a los diputados y que se convoque a jueces penales de Niñez, fiscales, defensores, asesores y otros operadores que trabajan directamente con adolescentes en conflicto con la ley penal.

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"Hay que abrir el juego", planteó la diputada, al advertir que repetir el esquema de elaborar una norma sin escuchar a quienes deberán aplicarla puede llevar a nuevos errores.

En su extensa intervención, Paredes también dejó planteados varios puntos que, según sostuvo, deberán ser revisados cuando ingrese el Código Procesal Penal Juvenil definitivo.

Uno de los principales es la compatibilidad del futuro código con la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados internacionales. La legisladora sostuvo que los diputados tienen la obligación de realizar ese control de constitucionalidad y convencionalidad y cuestionó distintos aspectos de la Ley Nacional 27.801, entre ellos la reducción de la edad de punibilidad a los 14 años.

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También advirtió sobre la necesidad de diferenciar el régimen juvenil del sistema penal de adultos y de evitar que conceptos como la peligrosidad o determinadas características personales tengan un peso que termine desplazando el principio de responsabilidad por el hecho cometido.

Otro de los puntos que puso sobre la mesa fue el régimen de las medidas complementarias. Paredes señaló que la Ley 27.801 prevé que, junto con determinadas respuestas penales, se impongan medidas vinculadas a educación, salud, capacitación, trabajo o tratamiento de consumos problemáticos. Para la diputada, el futuro código deberá determinar con claridad qué organismo debe garantizar esas prestaciones y si el Estado provincial cuenta realmente con los recursos para cumplirlas.

Ese punto quedó directamente relacionado con otro de sus planteos: el presupuesto. Paredes pidió evaluar qué estructura necesitará San Juan para aplicar el nuevo régimen, desde jueces, fiscales, defensores y asesores especializados hasta supervisores y recursos para los institutos donde eventualmente se cumplan medidas.

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También cuestionó la falta de una estructura provincial de protección integral que permita trabajar antes de que los chicos ingresen al sistema penal.

En ese sentido, mencionó la necesidad de avanzar con figuras y herramientas que, según señaló, todavía están pendientes en San Juan, como la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y el abogado del niño.

La legisladora también puso bajo la lupa la figura del supervisor prevista por la Ley 27.801. Señaló que deberá definirse cómo se seleccionarán esos profesionales, qué formación tendrán, cuántos adolescentes podrá tener a cargo cada uno y cómo se financiará esa estructura.

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Sobre ese punto, el proyecto transitorio aprobado incorporó una modificación específica. Se estableció que la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, o el organismo que en el futuro la reemplace, será la encargada de designar a los supervisores y aplicar las medidas previstas por la ley provincial y por la Ley 26.061.

Paredes planteó durante la sesión que esa designación debería quedar expresamente vinculada al carácter transitorio del régimen, para evitar confusiones con la función que la Ley Nacional 27.801 le asigna al juez respecto de la designación del supervisor especializado.

El otro agregado incorporado al proyecto estuvo relacionado con las adecuaciones presupuestarias. La norma faculta al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para poder implementar el régimen.

Para Paredes, de todos modos, el desafío central comenzará cuando llegue el Código definitivo. Allí pidió discutir, entre otros aspectos, el régimen de prisión preventiva, las medidas alternativas, las medidas complementarias, la reparación integral, la participación de las víctimas, el tratamiento de los adolescentes que alcanzan la mayoría de edad durante el cumplimiento de una medida y la posibilidad de traslados entre jurisdicciones.

También reclamó que se analice la infraestructura y la especialización de los recursos humanos, incluyendo la necesidad de evitar que adolescentes de distintas edades y características queden bajo un mismo esquema sin una evaluación específica. "Tenemos que escuchar a los jueces penales, tenemos que escuchar a la defensa, a los fiscales, a los asesores", sostuvo Paredes durante su intervención, al insistir en que el próximo debate debe ser amplio.

La diputada también mencionó documentos enviados por la Asociación Pensamiento Penal y una propuesta de la Universidad Nacional de San Juan, a través del Centro de Graduados, para conformar una mesa plural de trabajo.

La discusión dejó así planteado un escenario en dos tiempos. Por un lado, la Legislatura sancionó una ley transitoria para que San Juan pueda afrontar la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil nacional. Por el otro, quedó pendiente la discusión de fondo sobre el Código Procesal Penal Juvenil que deberá definir cómo funcionará el sistema en la provincia.

La sesión también tuvo ausencias políticas. No participaron del debate el libertario Fernando Patinella ni los peronistas Eduardo Cabello y Leopoldo Soler.

El desafío que quedó marcado por los propios legisladores es que el próximo paso no vuelva a quedar atrapado en los plazos. La ley nacional ya está vigente y la herramienta transitoria ya fue aprobada. Ahora resta discutir cómo San Juan va a construir el sistema definitivo.

Fuente: Tiempo de San Juan

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