Entró en vigencia la concesión de la Hidrovía, a cargo de un consorcio belga-argentino
La operación quedó a cargo de un consorcio integrado por una empresa belga y otra argentina durante los próximos 25 años. Con el nuevo esquema, los peajes se reducirán un 13,5%.
La nueva concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay entró en vigencia este jueves y tendrá una duración de 25 años. La operación quedó en manos del consorcio Vía Navegable Argentina, integrado por la compañía belga Jan De Nul y la firma nacional Servimagnus.
El contrato comprende la administración, el dragado y el balizamiento de la Vía Navegable Troncal, considerada una infraestructura estratégica para el comercio exterior. A lo largo de su recorrido concentra unas 60 terminales portuarias y canaliza alrededor del 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas.
Con el inicio de la concesión también comenzó a regir una reducción del 13,5% en la tarifa de los peajes. De esta manera, el valor pasó de 4,30 a 3,80 dólares, una medida orientada a disminuir los costos logísticos y permitir que los buques completen sus cargas en los puertos de origen.
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El nuevo esquema incluye la profundización de los ríos de la Plata y Paraná, además de la ampliación de la vía navegable en Entre Ríos. También contempla la apertura y el mantenimiento del Paraná Guazú, el Paraná Bravo y el Pasaje Talavera.
La concesionaria deberá incorporar tecnología de última generación, como cámaras, radares y sistemas digitales destinados a mejorar la seguridad y la eficiencia de la navegación. El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que esta nueva etapa permitirá contar con "menores costos logísticos, más infraestructura y mayor competitividad para la producción argentina".
Pese a la gestión privada, el Estado nacional conservará la supervisión de la Hidrovía y continuará como autoridad de control del contrato. Además, se conformará un Consejo de Control integrado por representantes de los usuarios privados y de las provincias ribereñas, encargado de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas para los próximos 25 años.
Fuente: El Territorio
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