Equipamiento militar bajo secreto de Estado: qué se sabe del decreto

El Gobierno dispone la compra de equipamiento militar bajo secreto de Estado en plena tensión por Malvinas. El Presupuesto 2027 dispone créditos externos para comprar submarinos y fragatas por U$S 3.500 millones

El Presupuesto 2027 dispone tomar créditos externos para comprar submarinos y fragatas por U$S 3.500 millones

El Gobierno dispone la compra de equipamiento militar bajo secreto de Estado en plena tensión por Malvinas. El Presupuesto 2027 dispone créditos externos para comprar submarinos y fragatas por U$S 3.500 millones

A través del Decreto 1205/2026 publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo declaró como secreto militar una nueva adquisición de pertrechos para las Fuerzas Armadas.

La resolución, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti, impide conocer los costos, los proveedores, el tipo de material y la fuerza destinataria en medio del reequipamiento militar y la escalada diplomática con el Reino Unido, por Malvinas.

La compra tramita bajo el expediente EX-2026-97868854-APN-SSGA#MD y designa a la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Defensa como la encargada de ejecutar los actos correspondientes.

A diferencia de decretos de reserva previos dirigidos a la Fuerza Aérea, el texto oficial no explicita la fuerza de destino ni hace referencia a sistemas de armas anteriores. Al encuadrarse bajo el régimen de secreto militar, los organismos ejecutores quedan eximidos de las obligaciones de transparencia, publicidad y difusión general que regulan los procesos habituales de contratación del Estado.

La normativa fundamenta el secreto en la Ley de Defensa Nacional (23.554), la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas (24.948) y el Decreto 9390/63. Esta última disposición otorga el carácter de "secreto militar" a cualquier contratación, fabricación o infraestructura que resulte indispensable para la preparación y el empleo de las Fuerzas Armadas.

Esta herramienta ya había sido utilizada por la actual gestión en los decretos 370/24, 807/24 y 1073/24 para respaldar la adquisición de los cazas F-16 a Dinamarca y sus contratos asociados, así como en el Decreto 735/26 para el envío al exterior de componentes destinados a mantenimiento.

La medida coincide con un periodo de fuerte tensión bilateral entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía del archipiélago austral. En semanas recientes, el Gobierno nacional impulsó sanciones contra empresas petroleras sin autorización en el área, entabló denuncias penales, demandó un arbitraje ante la ONU (vía la Convención sobre el Derecho del Mar) para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, e inició la construcción de una base naval en Tierra del Fuego.

Frente a este accionar, la administración británica citó a la representación diplomática argentina para entregar una nota de protesta, mientras que el primer ministro Andy Burnham ratificó ante el Parlamento que su país responderá de forma "implacable" para preservar los derechos de los habitantes de las islas.

El decreto formalizado se inserta en un programa continuo de renovación de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con relevamientos oficiales de contrataciones y acuerdos internacionales, entre diciembre de 2023 y agosto de 2026 la Argentina comprometió USD 445.026.954 en insumos de defensa y seguridad, asignándose USD 381,4 millones específicamente al área militar.

Entre las compras principales ejecutadas o en proceso destacan:

Como derivación de este plan estratégico, el proyecto de Presupuesto 2027 incorpora autorizaciones para tomar crédito externo por USD 2.300 millones con el fin de adquirir tres submarinos convencionales, además de USD 1.200 millones destinados a dos fragatas multimisión.

Para el componente submarino, la Armada evaluó ofertas del astillero francés Naval Group (Scorpène Evolved) y del alemán ThyssenKrupp Marine Systems (Type 209NG). La concreción de este proyecto busca restaurar la fuerza submarina inactiva desde el trágico hundimiento del ARA San Juan en 2017, sujeto a la aprobación de la norma en el Congreso y las negociaciones financieras.