Escala el hostigamiento a los trabajadores del Subte: reforma laboral, tercerización y palos

Por: Santiago Nuñez

Por: Santiago Nuñez

La detención de Néstor Segovia, secretario General, y Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia, vocales, todos de la directiva de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y del Premetro (AGTSyP), el martes pasado, constituyó un salto en calidad de la política de hostigamiento que ejecuta el gobierno de Jorge Macri sobre los trabajadores del Subte.

En el origen del conflicto se encuentra la decisión de Emova, el concesionario del Subte, de avanzar sobre derechos explícitos de los trabajadores, como en el caso de la jornada legal de seis horas.

El 19 de enero de este año, el gobierno de la Ciudad anunció la transformación de la entidad Subterráneos del Estado (SBASE) de "Sociedad del Estado" a "Sociedad Anónima Unipersonal". El cambio no fue solo formal: apuntó a darle una gestión similar a la de una empresa privada en la contratación y la gestión de recursos humanos entre otras cuestiones y, al mismo tiempo, dejar de lado el hecho de que se trata de un servicio público.

A ello se suma que en nombre del cambio de concesionaria, en 2022 se aplicó un nuevo método de pago por kilómetro efectivamente recorrido, algo muy criticado por especialistas y la oposición política. Igual, ese cambio de concesionario fue formal: tanto Metrovías como su sucesora Emova pertenecen al Grupo Roggio.

"Estábamos protestando por una sanción injustificada contra un trabajador. La apertura de molinetes no afecta el servicio", le indica a Tiempo el delegado Dellecarbonara, quien aseguró que la policía los llevaron a él y sus compañeros "secuestrados" en tanto no había una orden de detención de fiscal o juez alguno. Tampoco causa preexistente.

En un contexto de servicios resentidos por la falta de repuestos e insumos, la empresa presiona a sus trabajadores. «Como buscan achicar costos y aumentar ganancias, quieren tener más vueltas de diagrama y más servicios con el mismo personal, algo que no cierra. Los descansos que tenemos programados y el mismo diagrama que baja la empresa no se pueden cumplir. La variable de ajuste es el descanso nuestro», agrega David Carballo, referente sindical de la línea B del Subte, que asimila esto con un avance de la persecución y la criminalización: "Cuando algún compañero protesta o se queja, la empresa empieza a tomar represalias. Hubo varios sancionados, tuvimos un compañero al que se le hizo efectiva dicha sanción y por eso la apertura de molinetes del otro día", detalla. El sindicato tiene 171 procesados por medidas gremiales de este tipo.

Los trabajadores tienen un problema vinculado a la tercerización de tareas. Emova se encuentra en un proceso de incorporación de personal de empresas que realizan tareas propias de personal de convenio con el objetivo de  recortar la planta, según denuncian los trabajadores. En un comunicado publicado el lunes pasado, antes de las detenciones, la AGTSyP denunció que «hemos detectado la presencia de empresas tercerizadas realizando tareas que son propias de nuestros compañeros de mantenimiento (…). Esta modalidad constituye una clara violación a nuestro convenio colectivo de trabajo y una forma de contratación ilegal que pretende emparchar el faltante de personal en los planteles de Emova (…). La empresa concesionaria será la única responsable de la ruptura de la paz social".

Agrega Dellecarbonara:  "No nos reconocen para participar en las negociaciones colectivas. El convenio, así, está empezando a ser destruido con la complicidad de la UTA (Unión Tranviaria Automotor), que es el sindicato que ostenta la personería pero que no representa a casi ningún trabajador del subte. Empiezan a aparecer empresas tercerizadas, que son del mismo grupo Roggio, que impone jornadas el doble de largas por la mitad del salario, aunque Emova le factura al gobierno de la Ciudad como si se tratara de un trabajador en blanco. Es un fraude laboral. Hay ataques contra nuestra jornada laboral e intentan modificar nuestras vacaciones en verano o invierno. Quieren destruir las condiciones de trabajo".

La tercerización ha traído aparejados otros problemas que pueden parecer menores comparados con los anteriores, pero graves igual, como la acumulación de basura y roedores en las zonas de trabajo, especialmente túneles y talleres.

A todo esto se le agrega una amenaza latente del gobierno porteño, que ya ha manifestado su intención de eliminar el premetro y reemplazarlo por un sistema de colectivos eléctricos. Frente a esto AGTSyP presentó un proyecto de ley para la ampliación y modernización del histórico medio de transporte de la zona sur.

Pocas cosas subieron más que el subte. Ochenta pesos en diciembre del 2023, 1817 pesos en diciembre del 2026. Casi 1700% de aumento. Pero eso no redunda en una mejora del servicio. De hecho, es al revés.

Carballo plantea que el mantenimiento de los trenes es un problema. "El contrato de Emova con SBASE es por kilómetro recorrido. Entonces la empresa, con tal de facturar, saca los trenes en las condiciones que estén". Hay problemas con los compresores, por ejemplo y no aparece un mantenimiento ni un cambio correcto de repuestos.

Agrega Dellecarbonara: "Tenemos los reclamos históricos de que falta inversión y mantenimiento para que las vías, las estaciones y los trenes estén en condiciones. Tenemos trenes con más de 70 años de fabricación cuando la vida útil determinada por los fabricantes es de 20 años. El gobierno le permite a Emova enormes ganancias sin realizar ni la inversión ni el mantenimiento mínimo". «

El asbesto, un elemento cancerígeno presente en los túneles, instalaciones y vagones del Subte, sigue siendo un problema de enorme gravedad para los trabajadores del Subte.
Al principio se creyó que estaban solo en las formaciones CAF 5000 compradas en España y que ya salieron de circulación. Pero todavía hay residual. El asbesto tiene una ventana activa de entre 30 y 40 años.
Claudio Dellecarbonara asegura: "Tenemos seis compañeros fallecidos como mínimo, más 150 con sus pulmones afectados que, en cualquier momento pueden desarrollar un cáncer, y el resto de nosotros y los usuarios expuestos a contaminarnos. Es el inicio de una crisis sanitaria bajo tierra. Hay sentencias que obligan a retirar el asbesto pero no ha ocurrido".

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