Escasas acciones de prevención sísmica en escuelas y organismos públicos provinciales

Las tareas se limitan a charlas, dejando de lado los simulacros y el establecimiento de protocolos, claves para saber cómo actuar.

Los catastróficos terremotos registrados en Venezuela en junio y en Colombia a principios de esta semana, inevitablemente traen a la memoria de los catamarqueños lo sucedido en septiembre de 2004, cuando un sismo de 6,4 grados en la escala de Richter sacudió la provincia y fue sentido también en buena parte del país.

Durante las semanas y meses posteriores al fenómeno, que afortunadamente no dejó daños materiales considerables ni víctimas fatales, los organismos oficiales tomaron medidas para concientizar y capacitar a la población sobre cómo actuar ante un movimiento telúrico de semejante magnitud.

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Estas acciones incluyeron no solo charlas de concientización en escuelas y organismos, sino también la realización de simulacros, el establecimiento de protocolos y la preparación de los edificios para una rápida evacuación ante nuevos sismos. Entre otras medidas, se contemplaban salidas de emergencia, señalización de pasillos y la demarcación de espacios seguros en el exterior de los edificios.

Sin embargo, más de dos décadas después, muchas de aquellas medidas fueron quedando de lado o se limitaron a simples charlas y entrega de folletos, especialmente en las escuelas, donde se concentra una importante cantidad de personas durante varias horas y, en muchos casos, en espacios cerrados.

En ese contexto, en septiembre de 2004, apenas días después del terremoto, se sancionó la Ley 5124, mediante la cual la provincia se adhirió al Programa Nacional de Educación para la Prevención Sísmica. La norma estableció que el Ministerio de Educación debía coordinar acciones con el organismo nacional de prevención sísmica para unificar las políticas en la materia.

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El programa contemplaba específicamente a docentes, alumnos y la comunidad, además de planes operativos, contenidos educativos sobre prevención sísmica, manuales de adiestramiento y material destinado a las instituciones educativas.

Pese a ese antecedente, con el paso de los años las acciones preventivas fueron perdiendo continuidad. Si bien algunos establecimientos educativos manifestaron su intención de llevar adelante simulacros, generalmente por iniciativa de padres de alumnos, en la práctica son muy pocos los que logran realizarlos con cierta frecuencia.

Dieciocho años después del terremoto de 2004, la Provincia volvió a establecer por ley un programa específico de prevención sísmica. En octubre de 2022 fue promulgada la Ley 5780, que creó el Programa Provincial de Prevención Sísmica y estableció un marco destinado a sensibilizar, concientizar y capacitar a la población sobre cómo actuar ante un terremoto. La normativa también dispone la preparación permanente y continua de los organismos del Estado para garantizar una respuesta rápida y eficaz.

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Dentro de ese esquema, los establecimientos educativos ocupan un lugar específico. La ley establece que el programa debe contemplar capacitaciones y tareas de evacuación en las escuelas, al igual que en otros edificios públicos y espacios donde se concentre una gran cantidad de personas.

Además, determina que la Dirección de Defensa Civil, como autoridad de aplicación, debe articular estas acciones con el Ministerio de Educación, incluyendo a todos los establecimientos del sistema educativo, tanto de gestión estatal como privada y en todos los niveles de enseñanza.

La normativa también establece pautas básicas para actuar ante un sismo, relacionadas con la prevención de riesgos, la alarma, la evacuación y el auxilio de las personas afectadas. Estas pautas deben integrar un Manual de Autoprotección destinado a organizar los recursos humanos y materiales disponibles y establecer mecanismos para la evacuación y la atención inmediata.

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La preparación, además, debe abarcar distintas etapas: prevención, mitigación, capacidad de respuesta, evacuación, rehabilitación y reconstrucción. La ley establece que, durante las tareas de evacuación y asistencia, deben tener prioridad los niños, niñas y adolescentes, entre otros grupos considerados vulnerables.

Fuente: El Ancasti

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