Escrituras para todos: los detalles del programa oficial que busca terminar con la informalidad de las casas en San Juan
A través de un proyecto de ley que ya se debate en comisiones de la Legislatura, la gestión de Marcelo Orrego propone ordenar los papeles de las viviendas sociales y vecinales. Cómo es el trámite paso a paso y quiénes podrán acceder.
La Cámara de Diputados de San Juan comenzó a analizar en comisiones un proyecto de ley enviado por Marcelo Orrego que busca establecer un Régimen de Regularización Dominial en la provincia. La iniciativa propone reemplazar de manera integral la Ley N° 583-A para dar una respuesta jurídica definitiva a las familias que ocupan inmuebles del dominio privado del Estado provincial destinados a vivienda familiar o a actividades de comisiones vecinales. El Gobierno ya trabaja en ese sentido desde el inicio de la gestión pero la norma profundiza el abordaje como política de Estado. El proyecto acaba de tomar estado parlamentario y quedó en comisiones para su estudio y debate.
El impulso de esta medida responde a una prioridad marcada de forma permanente por el gobernador en sus recorridas y actos públicos, donde insiste en la importancia de que cada familia cuente con el título de su casa. Durante una reciente entrega de 136 escrituras a vecinos de Rivadavia, Chimbas, Pocito, Rawson, Santa Lucía, Capital, Caucete y Jáchal, se destacó que existen más de 12.000 viviendas en la provincia que necesitan ordenar sus papeles. En esa oportunidad, el mandatario destacó que obtener la escritura no solo permite transmitir derechos en el futuro, sino que aporta estabilidad, previsibilidad y la seguridad de sentir que "el hogar es verdaderamente propio".
El proyecto de ley justifica la necesidad de esta reforma en varias razones. En primer lugar, plantea que la ley anterior quedó desactualizada respecto a las normas del Código Civil y Comercial de la Nación, lo que hace necesario adaptar la legislación sanjuanina para proteger la vivienda única y reconocer la función social de la propiedad. Además, busca proteger a las familias en casos donde los ocupantes originales fallecieron o cedieron la casa, permitiendo que cónyuges, hijos o personas que hayan convivido durante al menos dos años puedan continuar el trámite sin quedar en la incertidumbre jurídica. La propuesta también contempla la realidad de uniones vecinales y centros comunitarios que cumplen tareas de bien público en terrenos estatales, para que puedan formalizar su tenencia. Otro motivo fundamental es asegurar la gratuidad de los trámites a los sectores vulnerables, fijando que la existencia de deudas de impuestos o tasas no sea un obstáculo para escriturar. Asimismo, se pretende unificar en un solo sistema a los adjudicatarios de programas como Lote Hogar, Arraigo y barrios informales, evitando la dispersión de reglas y reduciendo los pleitos judiciales o demoras en el Estado. Para hacer este proceso más eficiente, el proyecto ratifica la creación de la Unidad Ejecutora Provincial para la Regularización Dominial, un organismo técnico que centraliza el trabajo y coordina a las distintas áreas.
Cómo funciona el régimen para tener la escritura
El articulado del proyecto establece que el beneficio se aplicará a inmuebles del Estado provincial, tanto urbanos como rurales, siempre que estén destinados a casa de habitación única y permanente o a uso de entidades vecinales. Pueden solicitar la regularización los habitantes originarios, quienes hayan continuado la posesión con un título legítimo, los sucesores familiares, los convivientes con más de dos años de residencia demostrable y las organizaciones del barrio con personería jurídica. Quedan afuera del sistema quienes ya tengan otra propiedad a su nombre, los terrenos destinados principalmente a comercios o los inmuebles que hayan sido ocupados de forma clandestina o con violencia ``.
El trámite se iniciará ante la Unidad Ejecutora Provincial para la Regularización Dominial con la presentación de la solicitud y una declaración jurada. Para acceder, los interesados deben acreditar que viven en el lugar de forma pública, tranquila y continua desde hace al menos diez años. Tras la presentación, personal del Estado realizará una inspección y un relevamiento social directamente en la vivienda para verificar quiénes habitan el lugar. Una vez aprobada esa etapa inicial, se publicarán edictos durante tres días en el Boletín Oficial, en un diario local y en sitios web oficiales para informar a la comunidad.
A partir de la última publicación de los edictos, se abrirá un período de diez días hábiles para que cualquier persona que crea tener derechos sobre el terreno pueda presentar sus objeciones. Si no se presentan oposiciones o si estas son rechazadas, se emitirá un dictamen legal y la autoridad dictará la resolución administrativa que autoriza la transferencia de la casa. Con esa resolución, la Escribanía Mayor de Gobierno confeccionará la escritura definitiva. En el caso de las viviendas pertenecientes a programas sociales como Lote Hogar, la ley establece que la casa no se podrá vender ni embargar durante un plazo de cinco años para resguardar el techo de la familia. Por último, el procedimiento será gratuito para las familias, quienes únicamente deberán abonar un pago único del uno por ciento del valor fiscal del terreno destinado a financiar el funcionamiento del sistema.
Por los créditos hipotecarios, aumentaron las escrituras de casas en San Juan
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Fuente: Tiempo de San Juan
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