Estafa a una anciana en V. G. Gálvez: engaños, transferencias y créditos por millones en tres años

Quedó presa la pareja acusada de aprovecharse de la confianza de la mujer para controlar sus bienes, cobrar ingresos, sacar créditos y realizas transferencias

Foto: PDI

La pareja investigada por presunta estafa a una mujer de 83 años que vive en un geriátrico

Una pareja imputada por estafa quedó en prisión preventiva por cuatro meses por maniobras ilícitas que perjudicaron a una mujer de 83 años. Los acusaron de realizar maniobras para apoderarse y administrar el patrimonio de la víctima, con quien comenzaron a vincularse en 2023.

La fiscal Cecilia Brindisi imputó a Marilina D., de 48 años, y Walter R., de 53, por los delitos de estafa, suscripción engañosa de documentos y defraudación por administración fraudulenta, en varios hechos. El inicio del vínculo fue ocasional, a raíz de un accidente de tránsito que había sufrido la víctima. A partir de entonces habrían construido una relación de confianza que, de acuerdo con la Fiscalía, utilizaron para intervenir progresivamente en sus asuntos personales y patrimoniales.

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La acusación sostiene que llegaron a controlar las llaves de su vivienda, incorporar a dos cuidadores allegados a ellos, manejar sus tarjetas bancarias y disponer de dinero proveniente de sus haberes y otros ingresos. También se investiga la transferencia de un Renault Sandero que pertenecía a la mujer y que luego quedó en poder de los acusados.

Uno de los episodios centrales de la investigación ocurrió el 3 de abril de 2024, cuando la mujer firmó ante una escribana un Poder General de Amplia Administración y Disposición de Bienes. Según la Fiscalía, los imputados le hicieron creer que debía firmar un documento relacionado con su cuidado y una eventual internación en una residencia para adultos mayores, sin explicarle los alcances del poder.

Con ese instrumento, sostiene la acusación, comenzaron a realizar operaciones sobre el patrimonio de la mujer sin autorización expresa y sin rendir cuentas. Entre ellas figura la rescisión del alquiler de una vivienda que tenía en Villa Gobernador Gálvez y el posterior ingreso del hijo de uno de los imputados, mientras la víctima era internada en distintas residencias, primero en Alvear y luego en Rosario.

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También se investiga qué ocurrió con los muebles y efectos personales que permanecían en el departamento. De acuerdo con la imputación, los bienes fueron retirados o desaparecieron y, ante los reclamos de la mujer, los acusados habrían dicho que estaban guardados en un quincho, sin que hasta ahora fueran restituidos.

El movimiento de las cuentas bancarias aparece como otro de los ejes de la causa. La Fiscalía detectó el cobro de haberes previsionales y otros ingresos, además de compras con tarjetas de crédito y débito. Según el relevamiento, la mujer tenía unos 400.000 pesos en su caja de ahorro en enero de 2024 y al 31 de agosto de 2026 quedaban apenas 1.500 pesos.

La investigación también detectó préstamos solicitados a nombre de la víctima utilizando las facultades otorgadas mediante el poder. Entre julio de 2024 y diciembre de 2025 se habrían gestionado créditos por un total de 5.410.000 pesos: uno de 2 millones de pesos, otro de 1.650.000, uno de 1.450.000 y otro de 310.000. La Fiscalía sostiene que esos fondos no fueron destinados a las necesidades de la mujer.

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Como ejemplo, señaló que el 25 de agosto de 2025 se acreditaron 1.450.000 pesos correspondientes a uno de los préstamos y que al día siguiente fueron transferidos 1.407.000 pesos a un hombre desconocido para la víctima. También aparecen transferencias hacia terceras personas realizadas durante 2024, 2025 y 2026. Según la acusación, un hombre que no tendría actividad comercial declarada recibió al menos 14 operaciones por un total de 7.180.000 pesos. En paralelo, se transfirieron alrededor de 2 millones de pesos a un geriátrico de Alvear y 5,8 millones a otra residencia de Rosario.

Otro de los hechos investigados se remonta al 4 de enero de 2024, cuando el Renault Sandero de la víctima fue transferido a nombre de una tercera persona. De acuerdo con la Fiscalía, luego los imputados tomaron posesión del vehículo con el argumento de que buscaban evitar un supuesto juicio laboral iniciado por una persona que había trabajado para la mujer.

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La audiencia imputativa se desarrolló entre el lunes 28 y el martes 29 de septiembre en la sala 4 del Centro de Justicia Penal de Rosario. El juez Federico Rebola tuvo por formalizada la acusación y dispuso para ambos imputados cuatro meses de prisión preventiva efectiva, mientras continúa la investigación sobre el destino de los bienes y el dinero de la víctima.

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