Estafa con planes sociales: la fiscalía le pidió a Impugnación que condene por asociación ilícita
El próximo lunes finalizan las audiencias. El tribunal tiene 20 días como máximo para definir si anula o confirma el fallo.
Por Laura Loncopan Berti
Kohon, Vignaroli y Narvaez. La querella y la fiscalía expusieron sus argumentos. Foto Matías Subat.
El fiscal jefe de Delitos Económicos, Pablo Vignaroli, le pidió hoy al Tribunal de Impugnación que revoque el fallo en la causa por la estafa con planes sociales y condene por asociación ilícita a las 12 personas declaradas responsables en el juicio oral, entre ellas Abel Di Luca el exministro de Desarrollo Social del gobierno de Omar Gutiérrez (MPN).
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Si hace lugar al planteo deben revisarse todas las penas impuestas, ya que la escala de este delito va de los 3 a los 10 años.
La estafa consistió, muy brevemente, en el desvío de fondos destinados al subsidio a la desocupación laboral, durante el periodo comprendido entre el 30 de septiembre del 2020 y el 31 de julio del 2022. Ese dinero se acumulaba en una «caja azul» que financiaba ilegalmente al partido provincial.
El eje de la controversia está en la calificación. Para el tribunal de juicio no hubo un acuerdo de voluntades específico y autónomo para cometer una serie de delitos, sino que existió una única maniobra de administración fraudulenta que se ejecutó reiteradamente por funcionarios, funcionarias, empleados y referentes políticos que cumplían roles determinados en el Estado (y no una organización criminal).
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Para Vignaroli los jueces hicieron un análisis «sesgado» y en lugar de examinar los hechos y ver por qué no encuadraban en la asociación ilícita lo hicieron al revés: descartaron el delito de entrada. «Antepusieron su criterio a lo que dice la prueba», señaló.
Afirmó que los magistrados tuvieron por acreditada toda la plataforma fáctica y reconocieron que se trataba de una «maniobra sistemática y organizada», un «prolijo engranaje» que se adaptó en el tiempo. Remarcó que con ese dinero se construyó un «patrimonio ilícito» (el que iba a la caja) y manifestó que hubo un «plurintencionalidad» de cometer delitos.
Le solicitó a Impugnación que tome «competencia positiva» para declararlos responsables a Di Luca, Tomás Siegenthaler, Ricardo Soiza, Néstor Sánz y Marcos Osunacomo jefes de una asociación ilícita y a los siete restantes como integrantes de la organización. Esto último alcanza a Luis Gallo, Julieta Oviedo, Alfredo Cury, Laura Reznik, Valeria Honorio, Isabel Montoya y Emanuel Victoria Contreras.
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Gustavo Kohon, representante de la fiscalía de Estado que interviene como querellante, adhirió a esta argumentación y sumó un fundamento más que es la «afectación al orden público» por «el daño» a la población vulnerable a la que en teoría iba el subsidio, «el uso clientelar de los fondos» y la ruptura en la «confianza de la ciudadanía».
Salvo Di Luca y Soiza, todos concurrieron hoy a la sala 12 de la Ciudad Judicial.
Las últimas impugnaciones que le quedan por oír al tribunal son las de la defensa pública, que cuestiona la pena de cumplimiento efectivo impuesta por los jueces de juicio contra Sanz y Osuna. El primero recibió 4 años y 6 meses de prisión y el segundo 4 años.
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Ambos se encuentran con detención domiciliaria, al igual que Soiza.
La audiencia final será el lunes 6 de julio. El tribunal, presidido por Federico Sommer, tiene 20 días hábiles como máximo para dictar una resolución. Puede confirmar o revocar parcial o totalmente la sentencia.
El gobierno de Neuquén dio a conocer hoy el decreto de exoneración (expulsión como empleados) de Gallo, Siegenthaler y Oviedo, a raíz de esta causa.
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El fiscal jefe de Delitos Económicos, Pablo Vignaroli, le pidió hoy al Tribunal de Impugnación que revoque el fallo en la causa por la estafa con planes sociales y condene por asociación ilícita a las 12 personas declaradas responsables en el juicio oral, entre ellas Abel Di Luca el exministro de Desarrollo Social del gobierno de Omar Gutiérrez (MPN).
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Fuente: Río Negro
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