Estafa, lavado de activos y captación ilegal de fondos: la Justicia Federal apunta fuerte contra los dueños de Global Market

A cinco meses de que el expediente por la megaestafa de Global Market fuera remitido a la Justicia Federal, tras la declaración de incompetencia de parte de la justicia sanjuanina, el fuero federal tomó las riendas y el fiscal Francisco Maldonado ordenó allanamientos en las sucursales de la financiera que afronta al menos 47 denuncias y apuntó fuerte contra los dueños, Gustavo Omar Ahumada y Miguel Ángel Cañada.

Es que, según informaron fuentes allegadas, hace tiempo se aceptó la competencia para investigar los hechos y el representante del Ministerio Público Fiscal imputó a los sospechosos por los delitos de estafa, lavado de activos y captación ilegal de fondos. Luego de analizar las denuncias, entendió que las figuras penales debían ser esas, aunque no se descarta que se sumen otras. 

Con la intervención del juez federal Leopoldo Rago Gallo, como juez de Garantías -dada la puesta en marcha del Sistema Acusatorio en el plano federal-, se ordenaron los allanamientos en las oficinas de San Juan, Mendoza y Rosario, en Santa Fe. Es que la financiera bajo la lupa operaba en otras partes del país, junto a otra firma denominada GMI Inversiones.

Según las denuncias presentadas por los damnificados y sus abogados, los fondos de los ahorristas locales fueron transferidos sin su consentimiento a una agencia de inversión situada en la ciudad santafecina, donde el rastro del dinero desapareció tras el cierre repentino de los locales comerciales. En ese sentido, el perjuicio económico superaría los $3.000 millones, aunque la cifra podría incrementarse si continúan apareciendo inversores damnificados. 

Acorde revelaron las fuentes, la investigación aún es preliminar y se indaga para determinar si existen elementos que hagan sospechar la comisión de algunos de los delitos imputados. La formalización de la causa, por el momento, es materia pendiente. No obstante, las fuentes confirmaron que tanto Ahumada como Cañada fueron notificados de la instrucción.  

Los procedimientos se conocieron este jueves, cuando personal de Gendarmería Nacional fue advertido en las oficinas situadas en calle Mendoza, entre Av. Libertador y Laprida, en Capital. Si bien no se sabe cuál fue el resultado de las medidas impulsadas por el fiscal Maldonado, las fuentes señalaron que habría "mucho escepticismo en las víctimas" por el tiempo que habría tardado la Justicia Federal en activar.

Según la hipótesis que manejó inicialmente la fiscalía provincial, ambos habrían captado fondos de inversores, muchos de ellos con perfiles conservadores, mediante la promesa de realizar colocaciones seguras. Sin embargo, los investigadores sospechan que parte de esos recursos habría terminado siendo derivada hacia empresas relacionadas con los propios investigados, entre ellas GMI Inversiones, mediante operaciones que no habrían sido autorizadas por los clientes.

El pase a la Justicia Federal se produjo después de que el juez de Garantías Javier Figuerola hiciera lugar al planteo del fiscal Nicolás Alvo y declarara la incompetencia de la Justicia provincial. La decisión estuvo vinculada a la posibilidad de que los hechos investigados excedan una estafa convencional y puedan involucrar delitos como lavado de activos, manipulación de mercado e intermediación financiera no autorizada, figuras relacionadas con el orden económico y financiero nacional.

Posteriormente, el juez de Impugnación Daniel Guillén rechazó los planteos formulados por abogados de algunos de los denunciantes y dejó firme el pase del expediente al fuero federal. En esa instancia, entendió que las querellas todavía no contaban con facultades para recurrir la declaración de incompetencia, debido al estado preliminar del proceso.

En el caso de la estafa, el artículo 172 del Código Penal argentino establece una pena de un mes a seis años de prisión para quien defraude a otra persona mediante un nombre supuesto, una calidad simulada, falsos títulos, abuso de confianza, aparentando bienes, crédito, empresa o negociación, o mediante cualquier otro ardid o engaño. Se trata de la figura utilizada habitualmente como base en investigaciones por maniobras defraudatorias, mientras que el artículo 173 contempla distintas modalidades especiales de defraudación que, en principio, tienen la misma escala penal.

Para el lavado de activos, previsto en el artículo 303 del Código Penal dentro de los delitos contra el orden económico y financiero, la figura básica contempla una pena de 3 a 10 años de prisión y una multa de dos a diez veces el monto de la operación. La norma alcanza a quien convierta, transfiera, administre, venda, grave, adquiera, disimule o ponga en circulación bienes provenientes de un delito, cuando mediante esas operaciones puedan adquirir apariencia de origen lícito y siempre que se supere el umbral establecido legalmente. La pena puede agravarse cuando el autor actúa habitualmente o como integrante de una asociación o banda destinada a cometer de manera continuada este tipo de hechos, supuesto en el que la escala pasa a 4 años y 6 meses a 13 años y 4 meses de prisión.

Por su parte, la captación ilegal de fondos, encuadrada jurídicamente como intermediación financiera no autorizada o captación no autorizada de ahorros, está contemplada en el artículo 310 del Código Penal. La figura prevé 1 a 4 años de prisión, multa de dos a ocho veces el valor de las operaciones e inhabilitación especial de hasta seis años para quien realice actividades de intermediación financiera sin autorización de la autoridad competente. La norma también alcanza determinados supuestos de captación de ahorros del público o de prestación de servicios de intermediación sin la correspondiente autorización.

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