Estafas con programas sociales en la cooperativa Viento Sur: "No hay garantías de un juicio justo"

Las defensas de dirigentes sociales sostienen que no hubo estafa, sino que se trataba de un programa social. Hay dos exfuncionarios involucrados.

Por LM Neuquen30 de septiembre de 202613 min de lectura

Estafas con programas sociales en la cooperativa Viento Sur: "No hay garantías de un juicio justo" · Foto: LM Neuquén

Las defensas de dirigentes sociales sostienen que no hubo estafa, sino que se trataba de un programa social. Hay dos exfuncionarios involucrados.

La Avenida Argentina cortada en septiembre de 2021 por organizaciones sociales.

La defensa de los integrantes de la cooperativa Viento Sur sostiene que no hubo delito en el manejo de los $1.208 millones del programa de capacitación, porque los pagos a personas particulares estaban previstos en el decreto que lo creó durante la gestión del exgobernador Omar Gutiérrez. Eran organizaciones que cortaban la Avenida Argentina, sitiaban la ciudad y la "paz social" se pagaba con programas.

Además, reclama que, si la causa llega a juicio, se suspenda a prueba, por falta de garantías de imparcialidad, y pidió una "probation", como salida alternativa para los acusados.

La jueza de garantías Natalia Pelosso deberá resolver en los próximos días si dos exministros de Desarrollo Social y seis referentes sociales van a juicio oral, como en el caso de Abel Di Luca y Germán Chapino. Este mieércoles se desarrollará una nueva audiencia.

Los fondos canalizados por la cooperativa Viento Sur se consiguieron en un contexto de conflictividad social en Neuquén.

"Lo que se hacía era lo que marcaba el decreto", resumió el abogado Fernando Diez, defensor de seis de los ocho acusados, en diálogo con LM Neuquén.

Pelosso, jueza de garantías, es la encargada de controlar que la investigación y la acusación cumplan con la ley antes de que un caso llegue a juicio.

Eso es lo que se discute en la audiencia de control de acusación, prevista en los artículos 167 y 168 del Código Procesal Penal. La audiencia se desarrolla en la sala 15 de la Ciudad Judicial desde hace varias jornadas y continúa este miércoles.

la magistrada deberá resolver primero si hace lugar a los pedidos de sobreseimiento de las defensas. Después, si la acusación tiene sustento suficiente para abrir un juicio oral y público.

También tendrá que decidir si ese juicio lo resolverá un solo juez o un tribunal colegiado de tres, como pidió la fiscalía, y qué pruebas se admiten para el debate.

La Cooperativa de Trabajo Viento Sur Limitada agrupa a integrantes de organizaciones sociales de Neuquén. Según la acusación, entre ellas están el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y el Polo Obrero. Las defensas sostienen que la cooperativa se creó dos años antes del decreto que hoy está en discusión, y rechazan que se haya armado para defraudar al Estado.

Los allanamientos a la cooperativa vientos sur fueron calificados como "espectaculares" y estigmatizantes" por parte de los abogados de los referentes sociales.

El origen del caso está en agosto de 2022. Ese mes, organizaciones sociales cortaron calles en Neuquén para reclamar asistencia. Según la fiscalía, el FOL fue una de ellas y participó de las negociaciones para levantar los cortes. De esas negociaciones salieron los convenios que hoy están bajo sospecha.

El 18 de agosto de 2022, el gobernador Omar Gutiérrez y el ministro de Desarrollo Social y Trabajo, Abel Di Luca, firmaron el decreto 2022-1672-E-NEU-GPN.

Ese decreto creó el Programa de Acciones de Fortalecimiento para la Capacitación de Integrantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Preveía aportes no reintegrables para que las organizaciones capacitaran a sus miembros y los ayudaran a insertarse en el mercado laboral o en emprendimientos de la economía social.

Los ex ministros de Desarrollo Social, Abel Di Luca y Germán Chiapino.

El decreto también fijaba condiciones. La organización debía acreditar regularidad institucional, armar un padrón de beneficiarios con cuenta en el Banco Provincia del Neuquén y presentar un informe con las acciones implementadas. Los pagos, además, debían liquidarse con control previo de la Contaduría General de la Provincia.

Ese mismo 18 de agosto, Di Luca firmó el primer convenio con Viento Sur, por $135.626.560 en cinco cuotas mensuales entre agosto y diciembre de 2022. A fines de octubre, Di Luca dejó el ministerio y asumió Germán Chapino, que estuvo en el cargo entre el 2 de noviembre de 2022 y el 9 de diciembre de 2023.

Durante la gestión de Chapino, el programa creció de manera sostenida. El 7 de diciembre de 2022 firmó una adenda que amplió el primer convenio a $175.044.320. Luego refrendó el decreto 2023-112-E-NEU-GPN, que aprobó un modelo de convenio para todas las organizaciones. El 23 de enero de 2023 firmó un nuevo convenio con Viento Sur por $141.174.880 para el primer trimestre del año.

El 27 de abril de 2023 sumó una adenda por $564.143.680 para abril a septiembre. El 21 de septiembre de 2023 firmó otra por $428.229.100 para el último trimestre, más un aporte extra de $43.890.880. Con esas ampliaciones, las cuotas mensuales pasaron de unos $37 millones a fines de 2022 a $142.743.040 en los últimos meses de 2023.

En total, la cooperativa recibió $1.208.657.600 a valores históricos. Según la acusación, $96.444.640 corresponden a pagos autorizados por Di Luca y $1.112.212.960 a pagos autorizados por Chapino.

La causa comenzó el 10 de mayo de 2024 con una denuncia de la Fiscalía de Estado, a cargo de Raúl Gaitán, que hoy es parte querellante y adhirió a la acusación. La denuncia se amplió en julio de 2024. El 26 de julio se sumaron como sospechosos Gabriela Suppicich y Federico Sánchez, y el 13 de agosto, Diego Mauro. Los exministros fueron incorporados después.

La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, con la fiscal Rocío Rivero y el fiscal jefe Pablo Vignaroli. El 12 de julio de 2024 se realizaron allanamientos en la sede de la cooperativa y en domicilios de imputadas y de otras personas, ordenados por el juez de garantías Cristian Piana. En noviembre de ese año hubo nuevos procedimientos en la sede de CAE Babylon, otra cooperativa vinculada a Mauro.

Para pedir el juicio, la fiscalía ofreció 71 testigos, 5 peritos, 108 elementos de prueba documental y 56 secuestros. La prueba documental incluye extractos de los bancos Provincia, Credicoop, Nación y BBVA, informes de ARCA y cuatro dictámenes desfavorables de la Contaduría General emitidos en 2023. También suma tres informes técnico-contables del equipo de la Unidad Fiscal, el último de abril de 2026, con una aclaratoria de agosto. Entre los secuestros hay computadoras, teléfonos, libros de actas, sellos y un vehículo.

Los acusados son ocho y todos gozan de la presunción de inocencia. Di Luca y Chapino están acusados como coautores, junto con Mauro, referente del FOL; Sonia Barrios, tesorera de la cooperativa; y Lilian Larroza Velázquez, que llegó a presidirla. Como partícipes necesarios figuran tres referentes del Polo Obrero: el exconcejal capitalino Federico Sánchez, la exlegisladora del FIT Gabriela Suppicich y Betsabé Valencia Navarrete.

La fiscalía sostiene que los exministros autorizaron los pagos sin exigir el plan de acción que pedía el decreto, y que lo hicieron pese a que la Contaduría General advirtió varias veces sobre graves irregularidades en las rendiciones.

A Mauro lo señala como quien ideó la maniobra y dio órdenes a quienes operaban la cuenta de la cooperativa. Según el detalle bancario de la acusación, $1.093 millones, casi el 90% del total, se destinaron a pagar "sueldos" a más de mil personas sin vínculo acreditado con capacitaciones.

Otra parte se colocó en 22 plazos fijos en el Banco Provincia por $179.027.945, que generaron $40.335.404 de intereses, y en un plazo fijo de $2 millones en Credicoop. La fiscalía también detalla transferencias por $5.216.144 a CAE Babylon y por $14.170.000 a una cuenta de Viento Sur en Credicoop.

El resto de los fondos, según la acusación, financió la compra de terrenos en San Martín de los Andes, Junín de los Andes y la meseta neuquina; la compra de una Renault Kangoo, una Ford F-250 y un tercer vehículo; y la construcción de la sede "La Bartolina" del FOL en el barrio El Choconcito. Además, le atribuye a Mauro haber recibido $1.164.682 en su cuenta personal, en 23 transferencias.

A Barrios le atribuye 4.156 transferencias por $553.338.497 y ocho giros a cuentas propias por $498.982. A Larroza, 154 transferencias por $32.695.292, hechas en conjunto con Barrios, y otros 20 giros a su cuenta personal por $1.497.348.

A los tres referentes del Polo Obrero les imputa haber cobrado en sus cuentas personales, en concepto de "devolución" por descuentos a beneficiarios, unos $14,5 millones en total: $5.510.445 Valencia Navarrete, $4.572.693 Sánchez y $4.455.253 Suppicich.

El delito imputado es administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, previsto en el artículo 173, inciso 7, del Código Penal, en función del artículo 174, inciso 5. Esa figura prevé penas de dos a seis años de prisión, y para los funcionarios públicos suma inhabilitación especial perpetua, lo que alcanzaría a los exministros en caso de condena.

La fiscalía informó una pretensión punitiva provisoria superior a tres años de prisión para todos los imputados, y por eso pidió un tribunal de tres jueces. De todos modos, dejó asentada su disposición a un eventual procedimiento abreviado, es decir, un acuerdo de pena sin juicio.

La defensa de los cooperativistas planteó su estrategia en tres escalones. Primero pidió el sobreseimiento de todos. Después, en forma subsidiaria, pidió sobreseimientos por partes de la acusación. Y como última alternativa, reclamó la suspensión del juicio a prueba.

El argumento central de Diez apunta al corazón de la acusación. "Los aportes a las personas particulares estaban previstos expresamente en el decreto. Por tanto, no podía haber ningún tipo de daño en relación con ninguno de los defendidos", sostuvo. Donde la fiscalía ve un desvío, la defensa ve al programa funcionando tal como fue diseñado.

El abogado aseguró además que la audiencia ya dejó un primer resultado a favor de las defensas. Se trata del pago de $10 millones del 18 de julio de 2022, un mes antes del decreto, que la acusación describe como un desembolso sin norma, sin expediente y sin convenio.

"La misma fiscalía reconoció y aceptó el sobreseimiento por ese pago, que era previo al convenio de capacitación. No creo que la jueza vaya a hacer otra cosa más que sobreseer por esa porción", anticipó. Si eso se confirma, el perjuicio atribuido bajaría a $1.198.657.600.

Diez también pidió sobreseimientos por falta de participación. Sostuvo que, en el caso de tres de sus defendidos, la intervención "es muy posterior" a los hechos, y que aun así se los acusa como partícipes.

La suspensión del juicio a prueba es el último recurso de la defensa, y Diez la justificó con una desconfianza de fondo. "No hay garantías de que un juicio realmente sea justo", afirmó.

Para explicarlo, volvió al inicio de la investigación. "Todo empieza allanando la casa de mujeres muy humildes, a las que llevan esposadas sin ningún sentido, y filman todo el procedimiento para que ya se vea todo como culpable", describió.

Sumó otro episodio del trámite. "Hubo medidas cautelares que caducaron y el juez igual las renovó, pese a que incluso la fiscalía reconoció que estaban vencidas", señaló.

El fiscal Juan Narváez y su equipo de Delitos Económicos, que se puso al hombro la causa de los planes sociales.

"Cuando ves esas cosas, te genera dudas sobre que vaya a haber un trato justo e imparcial en un juicio", resumió. La suspensión a prueba, que la defensa pidió por dos años para todos sus asistidos, apunta según Diez a evitar "esa exposición".

La jueza deberá evaluar ese pedido frente a una fiscalía que reclama penas superiores a los tres años, un umbral que habitualmente pesa en la discusión sobre este beneficio.

Los abogados de Di Luca y Chapino son el defensor oficial Leandro Seisdedos, por Chapino, y el particular Gonzalo Rodríguez, por Di Luca. Ambos rechazaron la acusación de fraude y pidieron la desvinculación de sus clientes. Si hay juicio, reclamaron que declaren como testigos el exjefe de Gabinete Sebastián González, el exministro de Economía Guillermo Pons y funcionarios técnicos, administrativos y contables de mayor jerarquía del ministerio.

Este miércoles, la audiencia seguirá con el tratamiento de la prueba. Después, Pelosso deberá resolver. Si rechaza los sobreseimientos y eleva la causa, se abrirá la etapa de juicio oral y público, con el tribunal y la prueba que ella defina. Si hace lugar a los planteos de las defensas, total o parcialmente, el caso podría achicarse o cerrarse para algunos de los acusados.

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