¿Estudiar cuesta $28.000 por mes?

Por Sabrina Pastrana

A criterio del Estado, alcanza con $28.000 mensuales para estudiar. Septiembre de 2024 fue la última vez que la cuota del Programa Progresar aumentó. Han transurrido más de dos años y el plan sigue congelado, mientras que la inflación acumuló casi el 70%.

La cuota fue fijada en $35.000, sin embargo los adolescentes y jóvenes no ven el total de esta cifra, ya que existe una normativa que establece que el 80% se paga desde la primera cuota y que el 20% restante queda retenido hasta el cumplimiento de las certificaciones y condiciones académicas correspondientes.

En 2026, la Secretaría de Educación volvió a fijar la beca en $35.000. Entre una decisión y otra pasaron 25 meses sin que el monto nominal de la beca fuera actualizado. Más de dos años en los que aumentaron los alimentos, el transporte, los alquileres, los servicios, los materiales de estudio y todo aquello que forma parte de la vida cotidiana de un estudiante.

El propio INDEC registró una inflación del 3,5% en septiembre de 2024, precisamente el mes en que se estableció el monto de $35.000. Dos años después, el organismo informó una inflación interanual del 33% que continúa impactando sobre los hogares y una variación mensual del IPC del 1,9% en septiembre de 2026.

El problema, entonces, no es solamente que un estudiante cobre $28.000, sino que el Estado decidió que esa suma podía permanecer congelada mientras el resto de la economía no se congelaba. Y ahí surge un interrogante inquietante: ¿cuánto vale estudiar para un Estado que pretende que los jóvenes permanezcan en el sistema educativo?

El propio reglamento del Progresar establece que el programa tiene como objetivo apoyar la reincorporación, permanencia y finalización de la educación obligatoria y promover el acceso y la continuidad en la educación superior.

Una beca educativa no debería ser entendida como un salario ni como una solución económica integral. Pero tampoco puede perder de vista para qué existe. Si pretende ayudar a que un joven estudie, debería al menos conservar una capacidad de compra razonable frente al paso del tiempo.

Porque estudiar también cuesta. Cuesta trasladarse hasta una escuela, instituto o universidad. Cuesta comprar apuntes, fotocopias, libros, conectividad, comida durante la jornada y, en muchos casos, resignar horas de trabajo para poder cursar. En ese contexto, $28.000 dejan de ser una política de acompañamiento y comienzan a parecerse a un símbolo: el valor nominal que el Estado está dispuesto a asignarle a la permanencia educativa de miles de jóvenes.

Pero el Progresar no es el único caso que invita a mirar qué ocurre cuando una política social queda desfasada de la realidad. Del Potenciar Trabajo al Volver al Trabajo. En abril de 2024, el Gobierno nacional creó el Programa Volver al Trabajo como reemplazo del Programa de Inclusión Laboral y transfirió hacia allí a beneficiarios provenientes del Potenciar Trabajo. El objetivo declarado era desarrollar competencias sociolaborales, mejorar la empleabilidad y facilitar la inserción en el mercado laboral formal.

La herramienta contemplaba orientación laboral, intermediación, capacitación, certificación de competencias, prácticas formativas, entrenamiento laboral y mecanismos de promoción del empleo registrado.

La asignación económica quedó establecida en $78.000 mensuales, también como suma fija. La propia resolución estableció que el programa tendría una duración de 24 meses. El problema es que un programa pensado para acompañar a personas hacia el empleo formal también tuvo una transferencia económica congelada durante su vigencia y, al llegar al final del recorrido, quedaron preguntas sobre sus resultados.

El Gobierno anunció oficialmente en abril de 2026 la finalización del Volver al Trabajo después de los dos años previstos. La última cuota fue liquidada ese mes y el programa fue reconvertido hacia un esquema de vouchers destinado a cursos de oficios y formación profesional. La discusión no debería reducirse a si los programas sociales son buenos o malos. La discusión seria es otra: ¿qué resultados producen, cuánto cuestan y cuánto acompañan realmente a las personas que dependen de ellos?

Una política pública debería medirse por su capacidad para transformar la situación de quienes reciben el beneficio y allí aparece una contradicción que atraviesa tanto al Progresar como al Volver al Trabajo: el Estado puede diseñar objetivos ambiciosos, pero si los instrumentos económicos quedan congelados, esos objetivos también pierden fuerza.

Si el costo de estudiar, capacitarse, viajar hasta una universidad no se congela, como tampoco el precio de un cuaderno, una fotocopia o un alimento. Entonces, ¿por qué debería congelarse durante 25 meses una beca cuyo propósito es ayudar a que un joven estudie?