Expenitenciaria y su pareja ampliarán hoy su indagatoria por el abuso de sus dos hijas

Los tres imputados, dos mujeres y un hombre, por delitos contra la integridad sexual de dos niñas que hoy tienen 8 y 5 años, denunciados en febrero de 2025 en la Comisaría de la Mujer del barrio Itaembé Miní de la Unidad Regional X, volverán hoy al Juzgado de Instrucción 3 para ampliar su indagatoria y que el expediente continúe su proceso hacia un posible requerimiento de esclarecimiento en juicio oral.

Como lo publicó en exclusiva PRIMERA EDICIÓN hace 16 meses, el juez Fernando Luis Verón tiene en sus manos las denuncias realizadas por el padre y la abuela de dos niñas cuando tenían 7 y 3 años quienes señalaron las situaciones de maltrato y abuso sexual en la vivienda que su madre compartía con su pareja en un barrio de la jurisdicción de la dependencia policial mencionada.

La causa se inició el 28 de febrero y fue una mujer de 63 años, enfermera y técnica en higiene y seguridad laboral, quien denunció lo que sus nietas le confiaron cuando viajaron a Buenos Aires a visitar a su padre pocos días antes.

Las alarmas en la abuela se encendieron cuando notó que las dos niñas tenían el cuero cabelludo y parte del rostro quemado por el insecticida que le habrían aplicado su progenitora y la respectiva pareja para combatir los piojos.

No solo evidenciaban heridas en la piel, también temor y dolores en el cuerpo. Cuando llegaron a la casa de su padre, la mayor de las víctimas rompió en crisis de llanto y súplicas para no regresar a la casa de su madre porque ya no querían estar en contacto con la pareja de ella, una mujer de 34 años que la sometía a los abusos sexuales, cuyos detalles puntuales este Diario se reserva publicar.

Al retornar a Posadas, se concretó la primera denuncia en la Justicia de Familia, Juzgado 3 de la Primera Circunscripción Judicial, en la que la abuela solicitó una medida de "Protección Integral" para las dos víctimas.

Por subrogación legal, intervino la jueza de Familia 1, Lidia Graciela Mana, y se ordenó que en el marco de la acción solicitada continúe la abuela paterna con el resguardo de las niñas y determinó las citaciones de audiencias respectivas para resolver en este fuero.

El expediente penal se amplió con los relatos de las niñas en Cámara Gesell durante el año transcurrido y las pericias específicas en el escenario de los abusos denunciados. Todos los elementos obran en las fojas que hoy volverán a ser revisadas por las partes, querella y defensas, en la ampliación de indagatoria.

En marzo de 2025, el juez Verón dispuso medida de prohibición de acercamiento de la progenitora hacia las niñas y que estas sigan bajo la guarda de la abuela paterna. La orden alcanzó a los imputados restantes, todos con abogados defensores particulares como padrinos legales.

Cabe recordar que el Juez de Instrucción 3 en agosto de 2022, imputó a la hoy exsuboficial del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) por estafar a sus camaradas y allegados con gestiones en el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) para obtener viviendas familiares. Como también lo publicó oportunamente este Diario, la aprehensión se concretó por una seguidilla de presentaciones que se radicaron en su contra.

La entonces subadjutor del SPP pasó a disponibilidad pocos días después se dispuso su apartamiento de la fuerza. La detención se produjo a la par que trascendieron los embargos en la Justicia Civil que la sospechosa acarreaba desde 2021 por similares episodios de engaños a terceros con ofertas de viviendas.

La primera denuncia contra la expenitenciaria fue presentada por una empleada pública provincial en septiembre de 2021 en un juzgado civil de la Primera Circunscripción e inició el embargo al salario de la agente involucrada luego que se negara a devolverle 200 mil pesos que le habría dado a cambio de una vivienda en el barrio Itaembé Guazú.

Vale recordar que la ahora imputada por los abusos a sus hijas, antes de las denuncias por estafas, había sido, llamativamente, ascendida de agente a suboficial (cabo) en 2021, luego que sus calificaciones pasaran de 87.90 en 2019 y 77.90 en 2020, a 100.

Fue trasladada a labores administrativas en el Centro de Atención Integral del Personal Penitenciario (CAIPP) y el mismo día de la denuncia, 16 de junio de 2022, fue ascendida de auxiliar a integrante del CAIPP. Con anterioridad trabajó en el taller de cocina de la Unidad Penal V de Mujeres y en la Dirección General del SPP.

Fuente: Primera Edición

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