Exsuboficial del Ejército de Rosario volvió a encadenarse por la salud de su esposa con cáncer

Carlos hace más de cuatro meses reclama a la obra social Iosfa para que atiendan a Andrea. Es la segunda vez que inicia un plan de lucha.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Carlos se encadenó a la puerta de la obra social Iosfa en España al 1500 de Rosario

Carlos Hugo Martínez no se rinde y pelea por la salud de su esposa Andrea. Una vez más se encadenó en la puerta de la obra social Iosfa reclamando que la mujer sea atendida ante una enfermedad que la apremia: cáncer de mama. La crisis de la obra social acumula varios meses y el caso de la familia Martínez expone a los más de 3.700 afiliados que hay en Rosario.

No es la primera vez que Martínez se prende a la puerta de la obra social Iosfa en España al 1500. Siempre reclamó porque su esposa Andrea Burgos reciba un tratamiento acorde al diagnóstico de cáncer de mama que obtuvo el 22 de abril. El hombre lo relata casi de memoria: "El médico Richard Quiroga nos dijo que debían operarla lo más pronto posible y fijó la fecha para el 23 de julio".

Burgos recibió su diagnóstico en medio de una crisis de Iosfa que comenzó en septiembre de 2025. Por lo tanto, llegó el 23 de julio y no fue intervenida. Carlos, al ver cómo su pareja estaba desprotegida, comenzó con los reclamos, llamados a Buenos Aires, solicitudes a los directivos locales, pero sin respuesta. Hasta que decidió encadenarse más de una vez hasta que Andrea fuera operada.

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Lo logró el 17 de septiembre a casi 50 días después de lo que había fijado Quiroga. Y aunque el procedimiento se dio sin inconvenientes, el postoperatorio aún no comenzó: "Mi esposa tenía que comenzar con las quimios cada 21 días el 17 de octubre, pero no tengo los medicamentos", reclamó Martínez, que este martes otra vez encadenado en la puerta de la obra social.

"No me voy a rendir. La veo a Andrea muy deprimida, pero yo no me voy a rendir", remarcó en LT8 el suboficial retirado del Ejército Argentino que aporta mes a mes desde 1971. "No le debo nada a nadie en la obra social", apuntó.

Andrea Burgos recibió el 22 de abril el diagnóstico de cáncer ce mamas. Desde ese entonces ella y Carlos Martínez golpean cada puerta para "ser atendida como corresponde".

Aunque el doctor Quiroga remarcó la importancia de una intervención urgente, el sanatorio donde se iba a realizar le comunicó a la pareja que la obra social estaba cortada por falta de pagos.

Por eso se encadenó entre finales de julio y principio de agosto en varias oportunidades hasta que el 20 de agosto recibió la aprobación del presupuesto. Con el aval de la obra social, el 17 de septiembre se llevó adelante la operación en el Sanatorio de la Mujer.

Tras salir del quirófano, Andrea Burgos debía comenzar la quimioterapia, pero desde la obra social no le daban certezas. Así fue como este martes Carlos decidió encadenarse una vez más y exponer la situación de una cobertura médica que los desprotege.

En Rosario hay unos 3700 afiliados a Iosfa que están sin cobertura médica. Se trata de efectivos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, más trabajadores del Estado y docentes del Liceo Aeronáutico Militar (LAM) de Funes.

El gobierno nacional anunció meses atrás el traspaso de los efectivos de la Gendarmería y la Prefectura Naval pasaban de la cobertura de Iosfa a estar bajo una prepaga: Medicus.

Con esta decisión, los afiliados de Iosfa se redujeron un 45% y mantuvo la deuda que habían contraído por las prestaciones utilizadas por los efectivos de las fuerzas de seguridad. Es decir, perdieron afiliados y se quedaron con el pasivo.

El recorte de los servicios significa para Iosfa que Andrea no pueda operarse por su cáncer de mama, también suspensión de operaciones cardiacas, tratamientos de quimioterapia o atención de urgencia. "Una compañera tuvo que llevar a su hijo al médico por una apendicitis luego del fin de prestaciones y le facturaron 7.300 dólares porque es toda atención particular", había contado Alejandro Sortino, referente de ATE en Iosfa, a La Capital.

La Cámara ratificó la prisión preventiva del exfuncionario y otros cuatro acusados por el desvío de $425 millones. Ríos Artacho atribuyó las maniobras a sus problemas con el juego, pero la Justicia sostuvo la hipótesis de una asociación ilícita que operó durante años.

Por Lucas Ameriso