Extranjerización de la tierra: ¿Por qué discutir el tope de 15% o 25% es una trampa?

Aunque se aumente el tope a 25% se sigue facilitando la concentración, la venta en zonas de frontera y de bienes comunes naturales.

Extranjerización de la tierra: ¿Por qué discutir el tope de 15% o 25% es una trampa? Aunque se aumente el tope se sigue facilitando la concentración, la venta en zonas de frontera y de bienes comunes naturales.

Ante el inminente del debate en el Senado de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, este 6 de agosto, el Gobierno no cuenta con los votos para su aprobación, por lo que analiza analiza modificar el porcentaje máximo de tierras rurales que podrían quedar en manos extranjeras que quedaría en 25%. Pero los 10 puntos porcentuales no cambia el carácter general del proyecto que sigue facilitando la concentración de la tierra, la venta en zonas de frontera y de bienes comunes naturales.

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Además, en las zonas donde la tierra ya está extranjerizada, este tope, en realidad, es un aumento del porcentaje que se permitiría adquirir a extranjeros.

A primera vista podría parecer un retroceso del oficialismo y así lo expresan diferentes medios, pero es una trampa. Mientras el foco se pone en el porcentaje, el proyecto elimina otros límites a la concentración de tierras, habilita la venta en zonas de frontera y facilita la apropiación de territorios con bienes comunes estratégicos.

La discusión no es solo cuánto territorio puede quedar en manos extranjeras, sino dónde puede concentrarse.

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La Ley de Tierras vigente establece límites a nivel nacional, provincial, departamental o municipal para evitar que una misma región quede bajo control de propietarios extranjeros. El nuevo proyecto elimina esos límites territoriales y deja la autorización de esas operaciones en manos de los gobiernos nacional y provinciales. Es decir, aunque exista un tope nacional, podrían concentrarse grandes superficies en zonas estratégicas si cuentan con el aval político correspondiente.

La ley actual también impide que una misma persona extranjera concentre más de una determinada superficie equivalente a 1.000 hectáreas en la zona núcleo (o su equivalente según la capacidad productiva de cada región).

El proyecto elimina esa restricción, permitiendo que un mismo propietario extranjero concentre extensiones mucho mayores de tierra.

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Otra modificación importante es que vuelve posible la venta de tierras ubicadas en zonas de frontera cuando exista autorización del Gobierno nacional y de la provincia correspondiente. Estas áreas tienen un carácter estratégico desde el punto de vista de la soberanía territorial y actualmente cuentan con restricciones mucho más estrictas.

La legislación vigente limita la adquisición por parte de extranjeros de tierras que contienen o lindan con bienes comunes estratégicos, como cuerpos de agua y otros espacios de alto valor ambiental.

El nuevo proyecto flexibiliza esas restricciones y abre la puerta a operaciones sobre territorios donde se encuentran ríos, lagos, glaciares, cuencas hídricas y otros bienes comunes fundamentales.

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Además de modificar el régimen de propiedad de la tierra, el proyecto mantiene cambios sobre otros aspectos vinculados a la llamada "inviolabilidad de la propiedad privada". Entre ellos, reformas que afectan los derechos de los inquilinos, las fábricas recuperadas, de las comunidades originarias en sus territorios ancestrales y la Ley de Manejo del Fuego.

En este último caso, las modificaciones vuelven a facilitar operaciones inmobiliarias y cambios de uso del suelo sobre áreas incendiadas,debilitando una herramienta creada precisamente para desalentar incendios intencionales con fines especulativos.

De este modo, aun si el oficialismo presenta el aumento del tope al 25 % como una señal de moderación, el proyecto sigue modificando aspectos estructurales del régimen de tierras y ampliando las posibilidades de concentración y apropiación privada del territorio al servicio de grandes capitales.

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"La discusión de fondo tampoco debería agotarse en la extranjerización. En un país donde apenas unos pocos miles de grandes propietarios concentran cerca de la mitad de la tierra rural, el verdadero debate es cómo terminar con esa concentración y poner el territorio y los bienes comunes al servicio de las necesidades sociales y ambientales, y no de la especulación y los negocios, argumentan las opiniones contrarias al proyecto,

Fuente: UNO Entre Ríos

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