Extranjerización de tierras: el Senado votará la ley que libera la venta a extranjeros

Es el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que elimina los topes vigentes para la compra de tierras por parte de particulares. Hoy se les permite adquirir hasta un 15% de la superficie nacional y provincial. Milei ya lo había intentado por DNU, pero lo frenó la Jus…

Por Carolina Ramos15 de julio de 20265 min de lectura

Por Carolina Ramos

El Senado votará la ley que libera la venta a extranjeros.

Después de meses de duras negociaciones y más de una decena de borradores distintos, el Senado está cerca de darle media sanción al polémico proyecto del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que libera totalmente la compraventa de tierras rurales a particulares extranjeros. La iniciativa se votará este jueves en la Cámara alta y flexibiliza la ley que rige desde 2011 al eliminar los topes vigentes, bajo el proclamado fin de atraer inversiones.

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El tema forma parte de una iniciativa más amplia titulada "inviolabilidad de la propiedad privada", que incluye otras modificaciones en materia de expropiaciones, desalojos y uso de terrenos incendiados. Sin embargo, el capítulo que modifica la Ley de Tierras Rurales se transformó en el foco de la discordia por los cuestionamientos de bloques aliados, al punto tal que se llegaron a redactar 13 versiones diferentes.

El texto final sigue en conversaciones y Patricia Bullrich asumió el riesgo de cerrarlo en plena sesión. No obstante, la idea central es derogar los límites para la compra de extranjeros, que son del 15% del territorio nacional (misma cifra para provincias y municipios) y un máximo de 1.000 hectáreas en la zona núcleo (o su equivalente) por cada individuo. También desaparece la prohibición específica de adquirir tierras con cuerpos de agua permanentes y de envergadura.

"La norma de 2011 criminalizó de facto la compra de tierras por parte de extranjeros, contradiciendo el espíritu de nuestra Constitución, que reconoce los mismos derechos civiles a nacionales y extranjeros y promueve la inmigración que viene a trabajar, invertir y producir", argumentó este martes en conferencia de prensa el vocero presidencial, Adrián Ravier.

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Milei ya había intentado derogar por completo la Ley de Tierras Rurales (26.737) a través del "mega DNU desregulador" 70/23, pero en 2024 una presentación judicial del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) frenó la medida. Si bien en primera instancia el fallo fue negativo, el organismo apeló y la Cámara Federal de La Plata ratificó la cautelar y elevó el caso a la Corte Suprema. Mientras no haya sentencia definitiva, la ley sigue vigente.

El Gobierno optó entonces por trasladar el debate al Congreso. Desde Casa Rosada, Ravier insistió en que las restricciones actuales son "arbitrarias" y "no hacen nada por asegurar la soberanía nacional y sí mucho por impedir el desarrollo productivo". Sin dar precisiones, habló de "proyectos millonarios, especialmente en el sector foresto-industrial y en provincias del NEA, Cuyo y la Patagonia que no pueden realizarse por estas trabas".

Los Estados foráneos seguirán teniendo prohibida la compra de tierras, mientras que las empresas públicas extranjeras y las sociedades con participación estatal extranjera deberán contar con autorización de la provincia correspondiente y del Poder Ejecutivo Nacional. Si no hay respuesta en un plazo determinado, se considerará que la operación fue aprobada, lo que se conoce como "silencio administrativo positivo". Lo mismo sucederá cuando se trate de tierras ubicadas en zonas fronterizas.

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Otro punto del proyecto es que se prohíbe utilizar testaferros, "sociedades pantalla" o personas interpuestas para ocultar quién es el verdadero comprador extranjero. Se establece expresamente que esa conducta constituye una "simulación ilícita y fraudulenta".

En La Libertad Avanza confían en reunir los votos para aprobar la iniciativa y girarla a la Cámara de Diputados, aunque esta vez no contarán con ayuda de todo el espectro dialoguista. Un caso es el del bloque Convicción Federal (peronismo no kirchnerista), aliado ocasional de La Libertad Avanza e impulsor de un dictamen de minoría.

A diferencia del que firmó el oficialismo, la propuesta liderada por la jujeña Carolina Moisés mantiene los límites actuales. Además, incorpora el concepto de "Zonas de Interés Estratégico" para "la especial protección de tierras sensibles respecto a su ubicación en zonas de frontera y riesgo ecológico".

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"(La del Ejecutivo) es una modificación que coloca a la Argentina en un profundo riesgo de pérdida de soberanía nacional. No existe país en el mundo que flexibilice de esta manera la venta de tierras a extranjeros", fundamentó Moisés.

Hoy en día, ninguna provincia supera el 15% de su superficie en manos de extranjeros, según la última actualización disponible (agosto de 2025) del Registro de Tierras Rurales dependiente del Ministerio de Justicia. Pero el escenario empeora a nivel departamental: en más de treinta localidades sí se sobrepasa dicho porcentaje.

En Córdoba, solo el 1,21% de las hectáreas rurales están extranjerizadas (196.834,28 hectáreas sobre una superficie rural total de 16.269.483,71). Ningún departamento se excede de lo permitido. Los que están más arriba en la lista, aunque en niveles muy inferiores a otros del país, son Minas (4,14%), Punilla (3,16%) y Río Cuarto (2,32%).

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La provincia más extranjerizada es Salta (11,31%), seguida por Misiones (11,29%), San Juan (10,36%), Mendoza (9,06%), Catamarca (8,22%) y Santa Cruz (8,11%). A su vez, los departamentos con más de la mitad de su superficie total en manos foráneas son San Carlos, en Salta (59,82%); Molinos, en la misma provincia (57,79%); General Lamadrid, en La Rioja (56,70%); Lacar, en Neuquén (54,17%) y Campana, en Buenos Aires (50,27%).

Para dimensionar el impacto de la ley, el senador kirchnerista Pablo Bensusán puso el ejemplo de su provincia, La Pampa: apuntó que si bien no está entre las más extranjerizadas (solo el 2,42% de su superficie), "el problema no es cuánto territorio está comprometido hoy, sino qué puede pasar si se eliminan los límites y controles" en un distrito donde "la lucha por los ríos y el agua es histórica".

Corresponsalía Buenos Aires.

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Fuente: Río Negro