Fabricaciones Militares: el Gobierno busca incorporar privados y ATE alerta por los puestos de trabajo
ATE cuestiona el ingreso de operadores privados a Fabricaciones Militares y advierte por los puestos de trabajo.

Trabajadores de Fabricaciones Militares nucleados en ATE cuestionaron el concurso impulsado por el Gobierno para incorporar operadores privados a las plantas y advirtieron sobre el impacto que el esquema podría tener sobre los puestos de trabajo. Según un informe elaborado por el sector gremial, los empleados actuales continuarían dependiendo de la empresa estatal, pero la organización cotidiana de la actividad quedaría en manos privadas.
La advertencia se centra en el Concurso Público Nacional e Internacional N° CPU-2026-SC-001, mediante el cual se prevé la conformación de Uniones Transitorias (UT) con empresas privadas para operar las plantas de Fabricaciones Militares.
Desde ATE sostienen que el mecanismo podría implicar una "privatización de hecho", pese a que formalmente no se produzca una transferencia de la empresa estatal. Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la falta de garantías sobre la continuidad de los empleos.
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De acuerdo con el análisis realizado por los trabajadores, el pliego no establece una garantía de estabilidad laboral, ni fija un piso mínimo de trabajadores que deberían permanecer en las plantas.
El informe también señala que no se contemplaría una participación específica de las organizaciones sindicales en las decisiones vinculadas con la implementación del nuevo esquema.
Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es que los empleados actuales de Fabricaciones Militares continuarían siendo trabajadores de la empresa estatal, mientras que el operador privado tendría facultades para organizar la actividad cotidiana.
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Entre esas atribuciones se encontrarían la organización de horarios, turnos y funcionamiento de las plantas, mientras que Fabricaciones Militares continuaría afrontando los salarios y las cargas sociales correspondientes a sus empleados.
El esquema también contempla disposiciones vinculadas con eventuales indemnizaciones por despidos.
El pliego incorpora además un Plan de Dotación, que representa cinco puntos dentro de la evaluación técnica de las ofertas.
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En paralelo, las personas que sean incorporadas directamente por las futuras Uniones Transitorias quedarían alcanzadas por el régimen laboral privado.
De avanzar el modelo, podrían convivir dentro de una misma estructura productiva trabajadores que mantienen su vínculo con Fabricaciones Militares y otros contratados directamente por el operador privado bajo normas laborales del sector privado.
Para ATE, esta situación abre interrogantes sobre las condiciones laborales y la organización del trabajo dentro de las plantas.
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Otro de los puntos señalados por los trabajadores es la duración de los contratos.


Según el análisis gremial, el concurso contempla períodos que pueden extenderse desde 10 hasta 35 años. En el caso de los contratos de mayor duración, el esquema podría mantenerse vigente hasta 2061.
Para ATE, la extensión temporal es uno de los elementos que profundizan la preocupación, debido a que una eventual participación privada podría mantenerse durante varias décadas.
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El informe gremial también cuestiona la distribución del poder dentro de las futuras Uniones Transitorias.
El operador privado deberá contar con al menos el 51% de participación, sin que el esquema establezca un porcentaje máximo. Además, tendría tres representantes dentro de un Comité Ejecutivo compuesto por cinco integrantes y ocuparía la presidencia de ese órgano.
Entre las decisiones que quedarían bajo su órbita figuran cuestiones vinculadas con los presupuestos anuales y la contratación de personal y equipamiento.
Los trabajadores consideran que esa composición otorgaría al sector privado una posición predominante en la conducción de la actividad.
Otro de los cuestionamientos planteados por ATE está relacionado con la posibilidad de que participen empresas extranjeras en el concurso.
Según el informe, un operador privado del exterior podría eventualmente asumir una participación mayoritaria en actividades vinculadas con la producción de municiones, pólvoras, explosivos, armamento y otros insumos considerados estratégicos.
Para los trabajadores, por ese motivo, el debate no se limita a la situación societaria de Fabricaciones Militares, sino que también involucra el futuro de sus empleados y el control sobre una actividad vinculada a la producción estratégica del Estado.
En ese contexto, ATE sostiene que el concurso podría derivar en una transferencia material del control operativo a empresas privadas durante décadas, mientras Fabricaciones Militares conservaría obligaciones laborales y salariales respecto de parte de su personal, pero con una participación más limitada en la conducción cotidiana de las plantas.
Fuente: Mundo Gremial
Fuente: Primera Edición
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