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Facturas truchas por $10 mil millones: condenaron en Rosario a "la banda de los contadores"

Tres hombres fueron sentenciados por integrar una asociación ilícita fiscal que funcionó entre 2018 y 2024. La maniobra incluyó unas 150 usinas apócrifas y miles de comprobantes usados para evadir impuestos.

Por La Capital3 min de lectura
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Facturas truchas por $10 mil millones: condenaron en Rosario a "la banda de los contadores"
Facturas truchas por $10 mil millones: condenaron en Rosario a "la banda de los contadores" · Foto: La Capital

Tres hombres fueron sentenciados por integrar una asociación ilícita fiscal que funcionó entre 2018 y 2024. La maniobra incluyó unas 150 usinas apócrifas y miles de comprobantes usados para evadir impuestos.

Parte de lo decomisado el día que desbarataron la organización

Marcelo Fabián Frontini y Gabriel Oscar Acosta y Guillermo Pigozzi fueron condenados por haber emitido 40.000 facturas "truchas" y conformar una asociación ilícita fiscal. La organización montó una red de 150 usinas que facturaron 10 mil millones de pesos, lo que generó un crédito fiscal por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por 2 mil millones pesos, la banda en cuestión funcionó entre entre 2018 y 2024.

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La decisión la tomó el Tribunal Oral Federal (TOF) N°3 de Rosario, conformado de manera unipersonal por el juez Osvaldo Facciano, según el portal Fiscales.Gob el juez Osvaldo Facciano homologó el acuerdo al que arribaron las defensas de los tres involucrados con el Área Investigación y Litigio Casos Complejos, a cargo del fiscal federal Federico Reynares Solari, y representada en la audiencia por los fiscales coadyuvantes Ignacio Falconi y María Virginia Sosa.

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La llamada "banda de los contadores" la conformaron; y Marcelo Fabián Frontini y Gabriel Oscar Acosta y Luis Pigozzi. Los dos primeros fueron condenados a cuatro años de prisión por ser autores del delito de asociación ilícita tributaria, previsto en el articulo 15 inciso C de la ley 27.430. Por su parte, el contador público Guillermo Luis Pigozzi fue considerado partícipe secundario fijaron una pena de tres años de prisión de ejecución condicional junto con una inhabilitación especial de seis años para ejercer su profesión.

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Algunas de las maniobras consistían en que a pesar de que las empresas no existían, operaban ilícitamente inscribiéndose en la AFIP para generar comprobantes de ventas apócrifas, que luego comercializaban. Los terceros adquirientes utilizaban estas facturas para justificar gastos, reduciendo indebidamente los impuestos que ingresan a las arcas del Estado.

Al momento de los allanamientos realizados por la Policía Federal en junio de 2024, momento en que cayó la banda, se secuestraron: $ 2.363.7000 de pesos, dos motos, tres autos marca Peugeot, Audi y una camioneta pickup Ford, pendrives; un disco rígido, dos chip de teléfonos celulares, una tablet, cinco notebooks; una CPU, 15 celulares, tres computadoras de escritorio y documentación de interés para la causa.

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El juez Facciano ordenó el decomiso de un vehículo marca Audi A4, una camioneta marca Ford Ranger Limited, $1.318.000 y diversos elementos electrónicos de almacenamiento de información y de comunicación.

La organización conocida como "la banda de los contadores", por la profesión que ejercía uno de los imputados, funcionaba principalmente en las localidades santafesinas de Casilda y Sanford. Según la pesquisa, emitieron 39.195 comprobantes electrónicos mediante la creación de 150 usinas apócrifas por un monto neto de $10.948.592.132, en el período comprendido entre 1° de enero de 2018 y el 7 de mayo de 2024.

Esas maniobras generaron un crédito fiscal en relación al IVA de $1.652.546.622, sin perjuicio que también habrían emitido 1.579 comprobantes manuales y tickets electrónicos por un monto de $997.373.944,11 mediante la creación de otras 9 usinas apócrifas, entre el 25 de enero y el 29 de mayo de 2024. En ese caso, el crédito fiscal de IVA ascendió a $166.341.748,89, según registros de ARCA.

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La investigación incluyó escuchas telefónicas y numerosas tareas de campo, a través de las cuales se colectaron gran cantidad de pruebas. Ese material fue la base para que la exAFIP Rosario detectara que, mediante la utilización de un IP particular, diversas personas jurídicas realizaban maniobras utilizando usinas generadoras de miles de facturaciones.

Por Tomás Barrandeguy

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Fuente: La Capital

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