Ficha Limpia para el IPV: 8 de cada 10 sanjuaninos están a favor de exigir no tener antecedentes penales para acceder a casas estatales
Un sondeo de Tiempo de San Juan muestra que la mayoría apoya la iniciativa oficial, mientras el Gobierno ultima los detalles del nuevo decreto reglamentario.
La posibilidad de implementar la "Ficha Limpia" como requisito para acceder a una vivienda social en San Juan ya genera eco en la gente: 8 de cada 10 sanjuaninos está de acuerdo. TIEMPO DE SAN JUAN consultó a sus lectores sobre la propuesta oficial que busca prohibir que personas con antecedentes penales puedan ser beneficiarias de casas o créditos del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Los resultados del sondeo de opinión muestran un respaldo contundente hacia la iniciativa, reflejando una clara postura de los sanjuaninos sobre el destino de los recursos públicos y la convivencia vecinal.
La encuesta, que contó con la participación de 1.779 votantes, reveló que la gran mayoría de los consultados ve con buenos ojos la restricción. Al analizar los datos en detalle, se destaca que el 74,37% de los participantes manifestó estar totalmente de acuerdo con la medida, sosteniendo que los recursos del Estado deben priorizar de manera exclusiva a aquellos ciudadanos que no cuentan con antecedentes penales. Esta postura mayoritaria sugiere que, para una parte importante de la población, el acceso a la vivienda estatal debe funcionar como un reconocimiento al cumplimiento de las normas sociales.
Por otro lado, existe un sector que, aunque apoya la idea, propone matices en su aplicación. Un 11,35% de los sanjuaninos encuestados indicó estar de acuerdo con la prohibición, pero sugirió que esta debería limitarse únicamente a quienes hayan cometido delitos considerados graves, tales como violaciones, homicidios o casos de violencia de género. Si se suman ambos grupos a favor, se llega a la conclusión de que más de ocho de cada diez sanjuaninos respaldan, de una forma u otra, la exigencia de antecedentes para los postulantes.
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En la vereda opuesta, un 10,74% de los participantes se mostró en desacuerdo con la iniciativa oficial. Este grupo argumenta que se trata de una medida discriminatoria que atenta contra la reinserción social de las personas que ya han cumplido sus condenas ante la justicia. Para estos ciudadanos, la exclusión del sistema de vivienda pública representa una barrera adicional para quienes buscan rehacer su vida tras haber delinquido. Finalmente, una minoría muy reducida del 3,54% manifestó que le es indiferente la implementación de esta nueva normativa.
El Gobierno de San Juan ya está trabajando en el marco legal necesario para dar respuesta a esta demanda social y modernizar el funcionamiento del IPV. Alejandro Ferrari, asesor letrado del Gobierno, develó -en declaraciones a La Picada Stream- que en los próximos días se enviará a la Cámara de Diputados una reforma legislativa integral. El objetivo principal es dotar al Estado de las herramientas jurídicas necesarias para agilizar y viabilizar las nuevas inquietudes de la gestión provincial. Ferrari detalló que la ley actual carece de un decreto reglamentario, el cual ya está siendo confeccionado y se encuentra en etapa de revisión para ser sometido a la observación del gobernador.
Esta modernización de la ley no solo contempla la cuestión de los antecedentes penales, sino que también busca precisar conceptos técnicos como el de "solución habitacional resuelta", que en la práctica requiere definiciones más claras para los postulantes. Según el asesor letrado, la idea de sumar la Ficha Limpia surgió como un pedido directo del gobernador Marcelo Orrego, fundamentado en la experiencia de conflictos que se generan en los barrios cuando conviven vecinos con antecedentes penales y otros que no los tienen.
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Ferrari remarcó que, además de buscar una mejor convivencia vecinal, existe una premisa ética detrás de la reforma. Desde la gestión oficial consideran que es justo que, si el Estado realiza un esfuerzo financiero y logístico para entregar viviendas, este beneficio se destine a aquellos ciudadanos que demuestran un mejor comportamiento social. El proceso de trabajo para esta ley ya incluyó reuniones técnicas la semana pasada y continuará en los próximos días con encuentros con los intendentes de la provincia para coordinar la implementación de los nuevos requisitos.
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Fuente: Tiempo de San Juan
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