Financiamiento universitario: el Gobierno apelará el fallo que le dio cinco días para cumplir la ley

La Casa Rosada recurrirá ante la Cámara la resolución del juez Martín Cormick, quien intimó al Ejecutivo a cumplir de manera total con la cautelar vinculada con salarios y becas universitarias.

Javier Milei.

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El Gobierno nacional apelará la resolución judicial que le otorgó cinco días para cumplir de manera total con la medida cautelar relacionada con la Ley de Financiamiento Universitario. La presentación será realizada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, según confirmaron funcionarios que siguen el expediente.

La decisión oficial apunta contra la intimación del juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11. El magistrado consideró que no existe un cumplimiento total de la cautelar y advirtió que podría aplicar multas por cada día de demora si el Ejecutivo no cumple dentro del plazo establecido.

Desde la Casa Rosada sostienen una interpretación diferente. Funcionarios que intervienen en el expediente aseguran que el Gobierno ya cumplió con la medida cautelar y que esa situación fue informada y acreditada ante la Justicia. Ese argumento será uno de los principales ejes de la apelación.

Además de presentar el recurso, el Ejecutivo evalúa solicitar que la apelación tenga efecto suspensivo. Si avanza con ese pedido, la Cámara deberá resolver si la intimación continúa produciendo efectos mientras analiza el planteo del Gobierno. Por el momento, esa decisión todavía no está definida.

La apelación no modifica la vigencia de la cautelar original. La medida fue dictada en diciembre de 2025 y establece la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, vinculados con la recomposición de los salarios de docentes y no docentes universitarios y la actualización de las becas estudiantiles.

La Corte Suprema había rechazado en junio el recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo. El máximo tribunal consideró que el planteo no estaba dirigido contra una sentencia definitiva, por lo que la cautelar permaneció vigente mientras continúa la discusión sobre el fondo de la causa.

En junio, el Gobierno, el Consejo Interuniversitario Nacional y los gremios habían firmado un acuerdo que contempló una recomposición de la masa salarial del 24,33%, además de una actualización del 20% para gastos de funcionamiento y mayores partidas para hospitales universitarios y becas.

Sin embargo, las diferencias volvieron a quedar expuestas en septiembre. El Ejecutivo ofreció un aumento adicional del 3% para los salarios universitarios, propuesta que fue rechazada por los sindicatos. Desde el Gobierno sostienen que con las actualizaciones otorgadas se avanza en el cumplimiento de la cautelar, mientras que los gremios mantienen otra interpretación sobre la recomposición pendiente.

La discusión judicial también se cruza con el debate por el Presupuesto 2027. El proyecto enviado al Congreso contempla $7,349 billones para funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional calcula necesidades cercanas a los $11 billones.

Mientras el Gobierno prepara la apelación, las universidades y los gremios mantienen sus reclamos y ratificaron la Marcha Federal Universitaria prevista para el 15 de octubre. La Cámara deberá ahora intervenir sobre el recurso presentado contra la intimación del juez Cormick.