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Financiamiento universitario: la Justicia habilitó la apelación del Gobierno, pero mantiene la obligación de cumplir la ley

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revisará el fallo que respalda la Ley de Financiamiento Universitario. Mientras tanto, seguirá vigente la cautelar que exige fondos para las universidades, mejoras salariales y actualización de becas.

Por Tiempo de San Juan2 min de lectura
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Financiamiento universitario: la Justicia habilitó la apelación del Gobierno, pero mantiene la obligación de cumplir la ley
Financiamiento universitario: la Justicia habilitó la apelación del Gobierno, pero mantiene la obligación de cumplir la ley · Foto: Tiempo de San Juan

El Gobierno nacional consiguió que la Justicia habilitara su apelación contra el fallo que respaldó la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, el juez Martín Cormick resolvió que la medida cautelar que obliga al Ejecutivo a cumplir con la normativa seguirá vigente mientras avanza el proceso judicial.

La decisión fue tomada por el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, quien concedió el recurso presentado por las autoridades nacionales. Ahora, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal deberá analizar los argumentos oficiales y resolver si confirma o revoca la sentencia de primera instancia.

Pese a habilitar la revisión, Cormick dispuso que continúe la ejecución de la cautelar. La medida exige al Gobierno garantizar las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades públicas, recomponer los salarios de docentes y no docentes y actualizar las becas estudiantiles.

El Ministerio de Capital Humano había cuestionado la resolución judicial al considerar que provoca perjuicios de gravedad institucional y pone en riesgo el equilibrio fiscal. Según planteó en su presentación, la aplicación de la ley tendría un fuerte impacto presupuestario, sin que se haya determinado una fuente de financiamiento específica y suficiente.

En ese sentido, el Ejecutivo sostuvo que la norma se financiaría mediante reasignaciones presupuestarias que, de acuerdo con sus cálculos, comprometerían el 90,30% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado nacional.

Además, las autoridades reclamaron una interpretación conjunta de la Ley 24.629 con las leyes 24.156 y 27.798, que regulan distintos aspectos de la administración y ejecución del gasto público.

Con la apelación concedida, la discusión sobre la validez del fallo pasará a una instancia superior. No obstante, hasta que haya una nueva resolución judicial, el Gobierno deberá continuar cumpliendo las obligaciones establecidas en la medida cautelar.

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Fuente: Tiempo de San Juan

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