Fiscal Olguín: "Tenemos acreditados 11 hechos" en la causa contra Anabela Lucero

El fiscal de Instrucción N° 3 de la Tercera Circunscripción, José Olguín, aseguró que la Fiscalía logró reunir pruebas para acreditar 11 hechos ilícitos atribuidos a Anabela Lucero durante su gestión al frente del Complejo Molino Fénix de Villa Mercedes. La investigación también involucra a otros cuatro imputados por su presunta participación en parte de esas maniobras.

Lucero, su hermano Enzo Lucero y su cuñado Exequiel Scarel, fueron trasladados este lunes al Servicio Penitenciario Provincial, donde cumplirán 60 días de prisión preventiva. Están imputados por los delitos de administración fraudulenta y ocultamiento y destrucción de evidencia.

La investigación también alcanza a Diego Torres, que continuará en libertad, y al diputado provincial por el departamento Pedernera Joaquín Beltrán, para quien la Justicia pidió el desafuero a la Cámara baja de San Luis.

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Además, los cinco están imputados por asociación ilícita. La acusación ubica a Lucero y Beltrán como presuntos jefes y al resto como partícipes necesarios.

"Tenemos acreditados 11 hechos", afirmó Olguín en declaraciones periodísticas.

El fiscal sostuvo que la investigación permitió determinar que Lucero habría adquirido dos autos cero kilómetro y un vehículo usado con fondos que habrían salido de las arcas del Molino Fénix.

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"Emitían cheques, los endosaban, los cobraba un tercero y después iban y pagaban en efectivo a París Autos", explicó Olguín.

La maniobra habría involucrado 114 cheques. A valores del momento en que se habrían cometido los hechos, los fondos cuestionados superan los 12 millones de pesos. "A ese monto habría que multiplicarlo por 4", afirmó el fiscal al actualizar la cifra.

En una entrevista con el periodista Alberto Trombetta, Olguín también puso el foco en la diferencia entre los ingresos declarados y las compras realizadas por los imputados.

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"Ellos ganaban 5.700.000 pesos al año y no tenían otro ingreso. Y en un año compraron autos por 12 millones", sostuvo. "El nivel de vida que llevaban es muy distante con los ingresos que tenían", agregó.

La investigación también apunta a empresas calificadas por la Fiscalía como "irregulares", que fueron contratadas para realizar trabajos en el Complejo Molino Fénix. Olguín aseguró que esas mismas firmas habrían realizado tareas en domicilios particulares de los imputados.

De acuerdo con el fiscal, esos trabajos particulares se habrían pagado en efectivo.

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Entre los 11 hechos que la Fiscalía atribuye a Lucero, Beltrán y los demás acusados figuran presuntos casos de peculado, delitos de uso, utilización de bienes públicos para fines particulares, impresión de material electoral y administración fraudulenta.

Uno de los hechos bajo investigación es el supuesto robo de mobiliario del Molino Fénix. "Se robaron muebles, como se ve en los videos. El 9 de diciembre de 2023, antes de irse, vaciaron el Molino Fénix", afirmó Olguín.

Otra de las acusaciones está relacionada con la presunta utilización del hotel del Complejo Molino Fénix como vivienda particular. "Estuvieron años viviendo y haciéndose atender por el personal del Molino. Se hacían lavar la ropa, se hacían cocinar", afirmó el fiscal.

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Mientras tanto, músicos que llegaban a Villa Mercedes para grabar en la Casa de la Música debían ser alojados en hoteles del centro porque las habitaciones del establecimiento del Molino se encontraban ocupadas.

La Fiscalía también investiga la utilización de recursos del Complejo para la impresión de material electoral durante la campaña de 2023, cuando Lucero fue candidata a intendenta de Villa Mercedes. Olguín aseguró que existen elementos que acreditarían la impresión de remeras, gorras, votos y cartelería con la leyenda "Anabela Intendenta".

Entre los hechos investigados, el fiscal mencionó una presunta administración fraudulenta por 250 millones de pesos. "A valor de hoy son más de 900 millones de pesos", afirmó.

En relación con las acusaciones de Lucero y Beltrán, quienes sostienen que la causa responde a una "persecución política" por su condición de dirigentes del Partido Justicialista, Olguín rechazó ese planteo. "La causa está fundada en pruebas y ha superado todos los estándares de apelaciones, impugnaciones y demás", sostuvo.

El fiscal remarcó que durante las exposiciones realizadas en la causa, ninguno de los imputados habría negado la existencia de los hechos investigados.

De acuerdo con Olguín, los acusados se limitaron a sostener que desconocían las irregularidades que podrían haber presentado las empresas contratadas.

Olguín señaló que los 60 días de prisión preventiva permitirán al Ministerio Público Fiscal completar la investigación y avanzar hacia la elevación de la causa a juicio.

"Vamos a trabajar fuerte en tener terminada la causa. Queremos que se vaya a juicio y se demuestre la participación delictiva", sostuvo.

El fiscal también cuestionó el uso que, a su criterio, se habría dado a las instalaciones del Complejo Molino Fénix durante la gestión investigada.

"Se puso en manos de esta persona una cosa magnífica que tiene la provincia, que hay que tratar de revitalizar, y lo destinaron a generar actos para beneficio propio y fines partidarios", completó Olguín.

Fuente: SanLuis24

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