Flybondi pidió el concurso de acreedores tras dos meses sin volar

Flybondi se presentó en concurso preventivo de acreedores en medio de una profunda crisis financiera y operativa que mantiene a la compañía sin realizar vuelos desde hace casi dos meses.

La presentación fue realizada por FB Líneas Aéreas S.A., sociedad que opera la aerolínea, y quedó radicada ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°24, Secretaría N°47. Ahora, la Justicia deberá resolver si dispone formalmente la apertura del proceso.

La empresa acumula 57 días sin transportar pasajeros y redujo considerablemente su capacidad operativa. De una flota de 13 aeronaves pasó a conservar solamente tres aviones en el país, aunque ninguno se encuentra actualmente en servicio.

El último vuelo de Flybondi se realizó el 5 de agosto, en el trayecto entre Bariloche y Ezeiza. Desde entonces, la compañía permaneció completamente paralizada luego de varios meses marcados por cancelaciones y una fuerte reducción de frecuencias.

Diez aeronaves fueron devueltas a sus propietarios, aunque algunas todavía permanecen en Argentina mientras avanzan los respectivos procesos de entrega. A su vez, el sitio web de la empresa volvió a quedar fuera de servicio.

La crisis también tuvo un fuerte impacto sobre el personal. Durante los últimos meses se produjeron despidos y retiros voluntarios que, según denunciaron trabajadores y exempleados, alcanzaron a cerca de 1.000 personas.

A la reducción de la plantilla se sumaron atrasos salariales y reclamos por indemnizaciones pendientes. Para agosto, empleados denunciaban que todavía no habían percibido los sueldos de junio y julio ni el medio aguinaldo.

Más de 700 exempleados reclamaban además pagos correspondientes a despidos sin causa y acuerdos de retiro voluntario. Hacia fines de septiembre, los afectados llevaron el planteo ante la Secretaría de Trabajo y advirtieron que la situación comprometía a unas 1.000 familias.

En paralelo, la compañía enfrenta diferentes compromisos financieros. Entre ellos aparecen embargos, pedidos de quiebra y 27 cheques rechazados por un monto superior a los $2.900 millones.