Fondos para discapacidad: el Gobierno nacional analiza cambios ante la presión de los aliados

El Poder Ejecutivo abrió una negociación a todo ritmo en el Congreso para reformular el capítulo sobre discapacidad incluido en el proyecto de Presupuesto 2027. La decisión oficial responde a la ola de cuestionamientos desatada entre bloques aliados y organizaciones del sector, luego de que trascendiera que la iniciativa original contemplaba la eliminación de los mecanismos de actualización de prestaciones, endurecía las condiciones para el acceso a las pensiones y modificaba el esquema arancelario de los prestadores.

Ante la posibilidad concreta de sufrir un revés parlamentario, la Casa Rosada comenzó a diseñar un texto de consenso junto al PRO, la UCR y bancadas provinciales. La intención del oficialismo es reemplazar el régimen de emergencia vigente por un marco normativo permanente que establezca un sistema estable de financiamiento, controles y actualización periódica del nomenclador, el cual quedaría atado a la inflación aunque con una frecuencia de ajuste más espaciada que la actual.

Dentro de los puntos en discusión, el Gobierno sostiene su postura de fijar criterios más restrictivos y mayores exigencias socioeconómicas para el otorgamiento de las pensiones no contributivas, de modo que el Certificado Único de Discapacidad no garantiza de forma automática el cobro del beneficio. Sin embargo, en un gesto hacia la oposición dialoguista, el oficialismo ya habría cedido en un reclamo clave: permitir que la percepción de la pensión sea compatible con el acceso a un empleo formal.

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Las tratativas parlamentarias incorporan además el reclamo de los prestadores de servicios por los atrasos acumulados en los pagos durante 2024, un tema sobre el cual los bloques socios exigen certezas financieras. La controversia también generó cortocircuitos en las filas del propio oficialismo, donde figuras como Patricia Bullrich expresaron su sorpresa por la versión final del articulado enviado al Congreso, evidenciando desajustes de coordinación entre el área política y la cartera económica.

En paralelo a las negociaciones dentro de la Cámara de Diputados, el rechazo político a la propuesta sumó un capítulo de peso territorial con la irrupción del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. El mandatario cordobés criticó con dureza los recortes previstos en el proyecto nacional y advirtió de manera tajante que los legisladores que respondan a su provincia no acompañarán ningún ajuste sobre las partidas destinadas al sector.

A través de sus redes sociales, Llaryora enfatizó que en su provincia las políticas dirigidas a la discapacidad no son negociables y subrayó que las prestaciones, traslados y terapias "no son beneficencia ni caridad", sino derechos fundamentales que el Estado no puede desatender. Asimismo, hizo un llamado explícito a las dos cámaras legislativas para frenar lo que definió como "un acto de crueldad" e instó a no validar el repliegue de la Nación.

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El gobernador alertó además sobre las graves consecuencias operativas que traería la aprobación del texto tal como fue redactado, asegurando que el esfuerzo conjunto de la provincia, los municipios y casi 350 organizaciones locales resultará insuficiente si el Gobierno nacional quita su financiamiento. "Esa retirada nos pone a las puertas de un colapso prestacional", aseveró el cordobés al ratificar su postura intransigente.

De esta manera, el oficialismo intenta sofocar uno de los frentes de conflicto más complejos que dejó la presentación de la "ley de leyes". Si bien tanto en los despachos de Balcarce 50 como en las bancadas dialoguistas confiaron en sellar un dictamen conjunto en los próximos días que reemplace las prórrogas de la Ley de Emergencia en Discapacidad sancionada el año pasado, la postura del bloque cordobés marca un claro límite político a la intención de reducir las partidas del área.

Fuente: La Gaceta

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