Formalizan a un odontólogo por una supuesta estafa

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EL DIARIO digital

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General Pico (Agencia) - La Justicia de Pico formalizó una investigación penal contra un odontólogo de la ciudad, por la presunta comisión de los delitos de falsificación de documento privado, uso de documento privado falso y estafa. La causa, impulsada por la Fiscalía que interviene de oficio por tratarse de delitos de acción pública, se originó a partir de la denuncia de una paciente.

La denunciante detectó supuestas irregularidades en los resúmenes de su cobertura médica, al constatar la facturación de atenciones que asegura no haber recibido y por los que la obra social le reclamó un copago de 30 mil pesos.

El período investigado por el Ministerio Público Fiscal comprende presuntas maniobras concretadas entre diciembre de 2025 y abril de 2026.

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Según consta en la denuncia, la damnificada sostiene que únicamente asistió al consultorio durante el mes de noviembre de 2025. Al revisar la documentación exhibida por su prestadora privada, Prevención Salud, la paciente desconoció las firmas y aclaraciones plasmadas en las fichas odontológicas, afirmando que su rúbrica fue falsificada para simular visitas mensuales sucesivas.

Perjuicio económico

Inicialmente, el caso generó un perjuicio económico en la paciente, a quien se le requirió el pago de aproximadamente 30.000 pesos en concepto de copagos por los presuntos tratamientos prolongados.

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Ante el reclamo y la sospecha de adulteración documental, la obra social reintegró la totalidad de los fondos a la afiliada mediante una nota de crédito.

De esta forma, el impacto económico ya no recae sobre la paciente, sino que afecta al patrimonio de la empresa de medicina privada. Con base en las constancias de transferencia aportadas, la Fiscalía calcula que la prestadora abonó alrededor de 511.000 pesos por las prácticas cuestionadas, cifra que consolida la base de la imputación inicial por estafa.

En el marco de las diligencias preliminares, los investigadores concretaron un allanamiento en el consultorio del imputado durante la semana pasada. El operativo permitió secuestrar documentación considerada clave para la causa.

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Por su parte, la Fiscalía adelantó que el próximo paso probatorio consistirá en la intervención de un perito calígrafo oficial.

El especialista tendrá la tarea de analizar científicamente los documentos secuestrados y cotejarlos con la firma auténtica de la denunciante para determinar de manera certera si existió realmente la falsificación material que sostiene la acusación pública.

La postura defensiva

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Tras el avance de la investigación, el odontólogo compareció en tribunales junto a su abogado defensor, Jerónimo Altamirano. La jornada incluyó la declaración de imputado y la posterior audiencia de formalización ante el juez.

En la primera instancia, el profesional ejerció su derecho a defensa, prestó declaración y rechazó los hechos que se le imputan.

En ese contexto, el abogado Altamirano dejó asentada la postura que mantendrá a lo largo del proceso, descartando de plano la existencia de un delito penal y argumentando que la situación obedece a procedimientos administrativos condicionados por los topes de las obras sociales.

Altamirano fue claro al explicar la modalidad de trabajo de su defendido frente a los requerimientos de salud de los pacientes.

"Esta persona hizo uso de su facultad de declarar y lo que hizo fue negar los hechos", afirmó el defensor respecto a la acusación por las firmas adulteradas y el consecuente perjuicio patrimonial, que la defensa técnica estima en unos 608.000 pesos.

Según el letrado, el accionar del odontólogo responde estrictamente a la burocracia del sistema privado. "El origen de esta situación obedece a las formas de las prestaciones que tienen las obras sociales. Por lo general, tienen un mínimo de prestaciones que cubren de acuerdo a cada plan de manera mensual", argumentó.

Topes de cobertura

Para justificar la discrepancia entre las fechas de atención real y las fechas facturadas, la defensa expuso un criterio estrictamente médico.

Cuando un paciente requiere de intervenciones múltiples, el profesional evalúa realizarlas en el menor tiempo posible para evitar complicaciones clínicas. Sin embargo, los planes de salud imponen límites de cobertura por mes.

"Si tarda en hacer el tratamiento esta circunstancia puede empeorar la situación del paciente. Entonces hace todas las prácticas juntas y después va pasando de manera mensual a la obra social de acuerdo al plan", detalló el abogado defensor.

Así, si el plan cubre dos prestaciones mensuales, el profesional reporta esa cantidad mes a mes hasta cobrar la totalidad del trabajo efectivamente realizado en la sesión inicial.

Apoyado en este argumento, el abogado rechazó la figura penal impulsada por la fiscalía local. "Técnicamente no es una estafa, no hubo un dolo de producir esa afectación patrimonial que sostiene la Fiscalía ha tenido la obra social, sino que tiene que ver con una cuestión netamente administrativa", sostuvo.

Remarcó que los servicios fueron brindados en tiempo y forma, descartando así cualquier tipo de fraude: "El perjuicio económico no existe porque las prestaciones las dio. Lo único que hizo es pasarla de acuerdo a los distintos planes que tienen las obras sociales".

Finalmente, Altamirano ratificó la honorabilidad de su cliente. "Hay que dejar en claro que no ha cometido un hecho delictivo. Se trata de un profesional, de un trabajador, no es un delincuente. Y lo ha hecho simplemente a los fines de cumplir con una cuestión netamente administrativa y para cobrar por el trabajo que hizo", concluyó.

Fuente: El Diario de La Pampa

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