Fotomultas en San Juan: siete de cada diez sanjuaninos no las quiere en todos los departamentos y las cuestionan por "recaudatorias"

En San Juan acaba de ponerse en marcha el sistema de fotomultas en el departamento Pocito, convirtiéndose en el segundo municipio en implementar la tecnología de videoregistro vial para sancionar contravenciones de tránsito. Sin embargo, esta novedad reavivó una marcada controversia en la opinión pública provincial. Siete de cada diez sanjuaninos no están de acuerdo con la aplicación del sistema, rechazan que se extienda al resto de las comunas y cuestionan las intenciones de la medida, a la que califican como una herramienta enfocada en la recaudación de dinero antes que en la prevención de accidentes viales, postura que contrasta de manera directa con los argumentos preventivos desplegados por las autoridades.

Este resultado se desprende de un reciente sondeo de opinión llevado a cabo por Tiempo de San Juan entre sus lectores, el cual registró una participación de 1.768 votantes. Al analizar el panorama general de la consulta, se ve un profundo descontento social hacia la proliferación de radares y dispositivos de captura de imágenes. La suma de las posturas negativas alcanza un categórico 72,17% de los sufragios, confirmando que más de siete de cada diez sanjuaninos se oponen firmemente a que este esquema de control se masifique en todo el territorio provincial. Por el contrario, la postura favorable a la expansión tecnológica quedó confinada a una minoría del 27,83% de los participantes, lo que refleja una brecha considerable entre la estrategia oficial y la percepción de los conductores que se nota que no les gustan mucho los controles.

Al examinar las respuestas de forma particular, la opción que cosechó el mayor respaldo concentró el 52,49% de los votos totales. En este apartado, los encuestados sostuvieron que el sistema tiene un fin puramente recaudatorio y no preventivo, evidenciando un alto grado de desconfianza respecto de la efectividad real de las cámaras para reducir los siniestros. Por su parte, la segunda alternativa contraria a la expansión sumó el 19,68% de los sufragios. Los votantes de este segmento señalaron que cada municipio debería priorizar la mejora del estado de las calles y destinar más policías de tránsito a la vía pública antes que invertir en la colocación de cámaras. En el sector de los apoyos, un 24,66% de los lectores opinó que las fotomultas deberían implementarse de inmediato en todos los departamentos por considerar que se requiere más control vial. Por último, la opción con menor adhesión reunió solo un 3,17% de los votos, correspondiente a quienes aceptan la llegada de las cámaras pero únicamente si se limitan a las comunas que integran el Gran San Juan.

El antecedente pionero de la videofiscalización en la provincia se da en el municipio de Rawson, donde el sistema comenzó a operar el 20 de enero de 2018 a partir de una ordenanza del Concejo Deliberante. En aquel momento, la comuna instaló dispositivos en cinco esquinas clave para sancionar a quienes cruzaban semáforos en rojo, ubicadas en cruces neurálgicos como General Acha y Progreso, Lemos y Superiora, y Vidart y Superiora. Desde el área de Gobierno municipal, que conduce Carlos Munisaga, evaluaron días atrás el sistema de manera positiva, afirmando que las infracciones cayeron cerca de un 80% gracias al efecto persuasivo de la tecnología y asegurando que la finalidad responde exclusivamente a un criterio preventivo y de ordenamiento para cuidar vidas, ofreciendo además opciones de descargo y pago digital. Actualmente, la comuna busca extender el monitoreo hacia dispositivos móviles para fiscalizar vehículos mal estacionados en doble fila y controlar la formación de basurales clandestinos.

En este contexto, Pocito se transformó en el segundo municipio en sumarse a este esquema a partir del 1 de octubre de 2026, bajo el marco del Plan de Seguridad Vial articulado por el intendente Fabián Aballay. A diferencia del modelo de fotomulta tradicional, la propuesta pocitana combina videoregistro en alta definición monitoreado las 24 horas con inteligencia artificial y la supervisión obligatoria de un veedor humano. Los equipos están situados en intersecciones con elevado flujo vehicular y riesgo de siniestralidad, como la Ruta Nacional 40 y Calle 11, y la esquina de Calle 11 y Antonino Aberastain, donde los relevamientos municipales detectan un promedio diario de 48 infracciones por trasgresión de luz roja. Ante la detección del software, el sistema envía una alerta privada a un servidor municipal para que un agente verifique la grabación de la patente y resuelva si confecciona el acta o la desecha. El juez de Faltas local, Sergio Martín Scamilla, remarcó que el marco legal dado por la Ordenanza 6055-2024 exige esta supervisión para evitar automatismos sancionatorios, buscando dar garantías de imparcialidad y derecho a descargo a los conductores, distanciándose de fines recaudatorios. Pese a estos argumentos técnicos, el escepticismo de los vecinos continúa predominando frente al avance del control vial automatizado.

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