Fraudes sistemáticos

Impunidad. La OSEP no persigue la violación sistemática de los convenios que firma con sus prestadores.
El diputado Fernando Baigorrí, que es médico, acaba de confesar que él y sus colegas perpetran fraudes sistemáticos porque la OSEP no les paga el mínimo legal ético que ellos mismos establecen, se desconoce en base a qué criterios.
Los profesionales de la salud se ven obligados a cobrar el llamado "plus", argumenta el legislador, para cubrir la diferencia entre lo que la obra social les abona por orden de consulta –entre 16 y 20 mil pesos- y el mencionado mínimo, que es de $34.000. No dice que entre el plus y el novedoso "sobreplus", que comienza a naturalizarse para adelantar turnos, superan el dichoso mínimo legal ético, aunque sí rezonga porque, en el colmo de la explotación laboral, por la facturación de OSEP, otras obras sociales y prepagas, tienen que pagar impuestos.
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Es una coartada extraordinaria, de la que tomarán debida nota otros gremios menos favorecidos. Los usurpadores de tierras y viviendas, por ejemplo, podrían alegar que se ven obligados a tales despojos porque nadie se ocupa de satisfacerles las aspiraciones.
La OSEP entrega a la corporación médica el suculento mercado cautivo de los empleados públicos y sus familias. La OSEP entrega a la corporación médica el suculento mercado cautivo de los empleados públicos y sus familias.
Semejante justificativo resultaría inadmisible en boca de gente tan indeseable, pero el "plus" y el "sobreplus" son tan ilegales como apoderarse de propiedades ajenas y a los operadores de la medicina se los toleran, mientras que a los usurpadores los desalojan sin mayores milongas salvo que tengan amparos poderosos.
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Hay que remarcar, además, que la aflicción expresada por Baigorrí aparece recién a ocho años de vigencia de la redundante ley "antiplus", a lo largo de los cuáles los profesionales de la salud siguieron cobrando el adicional ilícito sin inconvenientes.
Ni el Círculo Médico lo defiende, ni la OSEP lo combate. Se trata de un pacto de impunidad tácito cuyos costos termina pagando el paciente.
La lógica desplegada por Baigorrí arranca de una premisa arbitraria. El costo "mínimo legal ético" que debe cobrarse por consulta es una cifra que la corporación médica fija a su antojo: los miembros de la corporación pueden cobrar por encima de ella, pero no por debajo. ¿En función de qué se la calcula? El monto es caprichoso, pero en él se basa toda la argumentación que pretende legitimar el "plus".
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La OSEP paga lo que paga por las órdenes en función de las tratativas con los colegios profesionales. Si el profesional no está conforme, perfectamente puede no atender por OSEP, pero en tal caso tendría que arriesgarse a conseguir pacientes que se avengan a abonarle al menos el mínimo.
Por su parte, OSEP celebra los convenios sin habilitar "plus" alguno, de modo que está en condiciones de anularlo con los médicos que lo cobren. Sin embargo, no lo hace.
Lo que hay es una trama de complicidades para sostener una ficción: los convenios de la OSEP con sus prestadores.
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Una discusión sincera debería comenzar por establecer parámetros claros para los honorarios mínimos de los médicos, e incluso contemplar la posibilidad de que estos ni siquiera existan. De acuerdo a las reflexiones de Baigorrí, resulta que los médicos tienen que cobrar "plus" y "sobreplus" para no entrar en contradicción ética con los honorarios que ellos mismos se fijan, con una arbitariedad que curiosamente la OSEP no cuestiona.
Baigorrí dice que, en la práctica, el monto de la orden funciona como un "cupón de descuento" del mínimo legal y ético. Pues bien: ¿de dónde sale el mínimo legal y ético? ¿Qué elementos lo componen, cómo se calcula, con quién se discute?
La meneada ética pergeñada entre la corporación médica y OSEP consiste en que todos cobren los adicionales sin consecuencias y, de paso, sin pagar impuestos sobre ellos.
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La obra social entrega de este modo el suculento mercado cautivo de los empleados públicos y sus familias a los profesionales de la salud, que lloran miseria pero ni se plantean la posibilidad de renunciar a él. Si total los pacientes no tienen más remedio que pagarles el "plus" y el "sobreplus" para no quedar a la intemperie.
Fuente: El Ancasti
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