Frente a más de 5.300 causas anuales, San Juan debate dos propuestas normativas para prevenir estafas virtuales

En la Cámara de Diputados sanjuanina conviven hoy dos ideas que buscan hacerle frente al creciente fenómeno de las ciberestafas y los engaños virtuales. Por un lado se encuentra el proyecto impulsado por la diputada provincial Cristina Lópéz del Bloque Justicialista. Por el otro, aparece una propuesta técnica nacida en las aulas y laboratorios del Grupo de Investigación Fundacional de Seguridad de la Universidad Católica de Cuyo. Si bien las instituciones universitarias no cuentan con iniciativa legislativa propia por vía directa, la casa de estudios formalizó el ingreso de un anteproyecto con el propósito de que los legisladores lo asuman y le den trámite parlamentario. Más allá de los distintos orígenes de cada texto, el espíritu de fondo es exactamente el mismo: terminar con las estafas telefónicas y virtuales mediante políticas públicas permanentes de concientización y asistencia.

La necesidad de contar con un marco regulatorio local surge de números alarmantes que demuestran la magnitud de la problemática en suelo sanjuanino. La dimensión del problema queda al descubierto en la fundamentación del proyecto presentado por la Universidad Católica de Cuyo, donde se citan las cifras oficiales de la Unidad Fiscal de Investigación de Ciberdelitos y Estafas del Ministerio Público Fiscal de San Juan, organismo creado el 26 de febrero de 2024. Durante su primer año de trabajo, esta fiscalía especializada registró más de 5.300 causas ingresadas, una cifra impactante que prácticamente duplicó las estimaciones institucionales iniciales, las cuales preveían entre 2.700 y 2.800 casos anuales. Las mediciones locales señalan que, en promedio, cada dos horas un sanjuanino cae en las redes de un ilícito informático. Además, la investigación universitaria detectó que el 75,6% de la ciudadanía considera que las medidas estatales actuales resultan insuficientes y que el 83,2% jamás recibió una capacitación preventiva, lo que expone una vulnerabilidad social que exige respuestas normativas urgentes.

El proyecto de ley presentado por la diputada López y sus pares del Bloque Justicialista busca instituir el Programa Provincial de Prevención y Asistencia frente a Fraudes o Estafas Telefónicas y Digitales. En sus fundamentos, la iniciativa advierte sobre la profunda transformación de la vida cotidiana a partir de las herramientas digitales y sostiene que "las consecuencias que estos actos fraudulentos pueden causar en la vida de las personas son graves, especialmente cuando afectan los ahorros de una familia o los ingresos de alguna persona mayor". Asimismo, el texto aclara desde el comienzo cuál es su verdadero alcance institucional al señalar que "la estafa constituye un delito tipificado en el Código Penal. Por ello el presente proyecto no pretende instituir penas, ni intervenir en competencias propias del Estado Nacional ni del Poder Judicial. La finalidad es realizar dentro de las competencias provinciales una política permanente de prevención, educación, orientación y asistencia inicial a las víctimas".

En lo relativo a su articulado, la propuesta establece que la Autoridad de Aplicación será la Dirección de Defensa al Consumidor del Poder Ejecutivo provincial. Entre sus tareas principales figura la puesta en marcha de canales gratuitos de orientación y asistencia inicial para las personas afectadas, la realización de campañas periódicas de difusión y la protección prioritaria a adultos mayores y grupos vulnerables. Un punto clave de este proyecto es la recomendación activa para que los ciudadanos sepan cómo resguardar la prueba digital ante un hecho delictivo, promoviendo el guardado de capturas de pantalla, comprobantes de pago, registros de llamadas y enlaces fraudulentos. Para potenciar la prevención, la norma faculta a la autoridad provincial a firmar convenios de cooperación con empresas de telefonía, bancos, billeteras virtuales y proveedores de internet para reportar rápidamente números telefónicos y cuentas bancarias utilizadas por ciberdelincuentes.

Por su parte, el anteproyecto elaborado por el equipo científico de la Universidad Católica de Cuyo plantea la creación del Sistema Provincial de Prevención del Ciberdelito, que es un concepto amplio que engloba varias acciones (además de las estafas y extorsiones, hackeos, robos de identidad, deepfakes y abusos sexuales online). En las notas de fundamentación que acompañan la presentación ante el Poder Legislativo, los académicos diagnostican sin rodeos la situación actual al afirmar que "la Provincia de San Juan atraviesa una crisis silenciosa pero devastadora en materia de ciberdelincuencia, que afecta cotidianamente la integridad patrimonial, psicológica y digital de su ciudadanía". En el mismo sentido, la investigación remarca que "la política pública predominante en la provincia es de carácter reactivo: se actúa una vez producido el daño. La prevención, cuando existe, es fragmentaria, discontinua y carece de planificación integral". Por ello, el proyecto propone dar un salto cualitativo hacia un modelo educativo y preventivo de largo plazo.

El articulado propuesto por la universidad estructura este nuevo sistema provincial sobre cuatro pilares fundamentales articulados entre sí. No contiene tipificaciones penales -materia de exclusiva competencia federal- sino que regula áreas genuinamente provinciales: la política pública preventiva, la educación, la asistencia a víctimas y la coordinación interinstitucional. 

El primero de ellos, el Programa Provincial de Alfabetización Digital y Prevención, pensado con cobertura universal para incorporar contenidos de ciberseguridad en todos los niveles educativos provinciales y brindar talleres comunitarios en centros de jubilados y uniones vecinales. El segundo pilar es el Registro Provincial de Incidentes Cibernéticos, un centro de recopilación de datos estadísticos anónimos alimentado por la Policía y la Justicia para mapear el delito en tiempo real. El tercer eje crea el Fondo Provincial para la Prevención del Ciberdelito con asignación presupuestaria garantizada para financiar el equipamiento tecnológico y la formación policial especializada. Finalmente, el cuarto pilar establece un servicio de asistencia integral a las víctimas que incluye la creación de una línea telefónica gratuita con atención continua las 24 horas del día, los 365 días del año, brindando contención psicológica, orientación legal y auxilio inmediato para el bloqueo preventivo de cuentas bancarias.

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