Fuerte repudio tras otorgarse la prisión domiciliaria a Rasgido

ONG Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina

El organismo considera un retroceso la respuesta de la Justicia sobre el beneficio del cura condenado por abuso sexual

Un rechazo generalizado se visibilizó en las redes sociales, luego de que la Justicia provincial concediera el beneficio de la prisión domiciliaria al sacerdote Renato Rasgido. El clérigo fue condenado recientemente a la pena de 15 años de prisión efectiva tras ser hallado culpable de graves delitos de abuso sexual ultrajante y corrupción de menores.

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Desde la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina expresaron su repudio ante una medida que consideran un retroceso en la lucha contra la impunidad de los abusos eclesiásticos.

Cabe destacar que la polémica resolución fue dictada por el juez de Control de Garantías en turno, quien hizo lugar al planteo formal presentado por la defensa técnica del sacerdote.

El magistrado ordenó que Rasgido, quien se encontraba alojado en el Servicio Penitenciario Provincial de Miraflores cumpliendo la condena dictada por el Tribunal de la Cámara Penal N° 2, sea trasladado a un domicilio particular para continuar allí bajo el régimen de prisión domiciliaria, bajo el argumento de presuntos problemas de salud y razones de índole procesal, dado que el fallo condenatorio aún no se encuentra firme.

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Es necesario recordar que el proceso judicial contra el sacerdote de la diócesis local se inició a raíz de las denuncias presentadas por hechos ocurridos entre los años 2013 y 2014, cuando la víctima era un monaguillo menor de edad en una parroquia del interior catamarqueño.

Tras años de dilaciones, recusaciones y postergaciones que estiraron los plazos procesales de manera extraordinaria, el debate oral y público finalmente se concretó a mediados de este año, culminando con un fallo unánime que impuso una de las penas más altas registradas en la provincia para este tipo de delitos perpetrados por miembros de la Iglesia Católica.

El veredicto condenatorio había sido recibido en su momento como un logro histórico por parte de la querella y de los colectivos de sobrevivientes de abuso eclesiástico, quienes consideraron que se rompía un cerco de encubrimiento institucional.

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Sin embargo, la reciente decisión de otorgarle el beneficio de permanecer en una vivienda particular en lugar de una celda común volvió a reactivar las alarmas sociales.

A través de comunicados emitidos en redes sociales y declaraciones públicas, la organización no gubernamental manifestó su total solidaridad con la víctima y su familia, denunciando la existencia de privilegios procesales persistentes y exigiendo que el condenado cumpla la totalidad de la pena de 15 años de cárcel en una institución penitenciaria efectiva.

Fuente: El Esquiú

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