Galán cuestionó los plazos judiciales en redes: "¿La ley es igual para todos?"
Mientras la Cámara de Apelaciones define este martes el futuro de la investigación, el legislador hizo un fuerte descargo
Causa por abuso sexual
Mientras la Cámara de Apelaciones define este martes el futuro de la investigación, el legislador hizo un fuerte descargo.
El diputado provincial Javier Galán publicó un video a través de sus redes sociales en el que expuso su postura respecto a la causa judicial que lo investiga por presuntos delitos contra la integridad sexual. En su mensaje, el legislador centró su argumento en el artículo 20 del Código Procesal Penal de Catamarca y cuestionó si los plazos procesales se interpretan con el mismo criterio para la oposición que para el oficialismo, a la espera del fallo de la Cámara de Apelaciones fijado para el próximo martes.
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En su cuenta de Faceboook, con el Código Procesal Penal en mano, Galán afirmó que la investigación sumaria no puede exceder los dos meses bajo pena de caducidad. "No soy un abogado, soy un diputado, una persona que está pasando por un proceso judicial y trato de estudiar, de escuchar a mi abogado, de entender para explicarle a ustedes", sostuvo.
En la misma línea, el legislador remarcó que el cumplimiento de los tiempos procesales debe sentar un precedente para todos los funcionarios y preguntó: "¿El cumplimiento y los plazos de esta norma, como se me lo aplique a mí, diputado opositor, sería igual para un diputado oficialista? (...) No pido privilegios, no pido un trato especial, solamente que se aplique y se cumpla la ley", sentenció.
De acuerdo al posteo, el reclamo de Galán va en sintonía con la estrategia de su defensor técnico, Leonardo Berber, quien solicitó la caducidad de la instancia durante la reciente audiencia ante la Cámara de Apelaciones.
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Frente a ello, la fiscal de la causa, Alejandra Antonino, rechazó el planteo y argumentó que la caducidad no opera de manera automática por el mero paso del tiempo, sino ante la inactividad procesal.
En este sentido, la representante del Ministerio Público Fiscal advirtió que el Juzgado de Control de Garantías mantuvo una actividad constante y señaló que validar el pedido de la defensa configuraría una "caducidad provocada", generada por la dilación de los propios recursos interpuestos por el imputado.
Asimismo, Antonino recordó que, al tratarse de denuncias por delitos contra la integridad sexual de mujeres, los códigos de rito deben armonizarse con los tratados internacionales de derechos humanos, impidiendo que tecnicismos procesales obstaculicen una investigación exhaustiva previa al eventual tratamiento del desafuero en la Legislatura. Esta postura fue respaldada por la querella, a cargo de la abogada Silvia Barrientos.
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Estado del proceso
La causa se originó en abril pasado a partir de tres denuncias radicadas contra el legislador:
La primera y tercera presentación, concentran el debate central sobre los plazos procesales que la Cámara resolverá este martes.
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En cuanto a la segunda denuncia, relata un episodio de presunto acoso y tocamientos indebidos en una sede partidaria. No obstante, la denunciante no se presentó a realizar las pericias psicológicas y psiquiátricas ordenadas por la Justicia, factor que podría condicionar la viabilidad de su trámite.
Con los alegatos de las partes ya expuestos, el tribunal de alzada dará a conocer el 1 de septiembre su resolución definitiva, donde determinará si hace lugar a la caducidad interpuesta por la defensa o si ratifica la continuidad de la investigación penal preparatoria.
Fuente: El Esquiú
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