Gasoducto Lavalle - Catamarca: el bloque Generar presentó una denuncia penal por "obra fantasma"

Opositores denunciaron irregularidades millonarias por caños desaparecidos, certificaciones cobradas sin avance y una quita del 85% en la multa a la empresa contratista.

Diputados provinciales del bloque Generar formalizaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Provincia para que se investiguen presuntas irregularidades, sobreprecio e inconductas de funcionarios en la inconclusa obra del gasoducto Lavalle - Catamarca. La presentación judicial, que consta de 30 fojas de fundamentos y 50 de elementos probatorios, apunta al exministro de Agua y Energía, Alberto Kozicki; al secretario de Energía, Máximo Ramírez; y a los representantes de la firma contratista MEGA SRL.

Durante una cobertura de El Esquiú Play, el diputado provincial Tiago Puente, acompañado por sus pares Natalia Herrera, Mamerto Acuña y Natalia Quintero, expuso el trasfondo de una infraestructura planificada formalmente en 2008 y contratada en 2022 que, a la fecha, no reporta avances reales pero sí cuantiosos desembolsos de fondos públicos.

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El primer eje de la presentación cuestiona la adquisición inicial de material por parte del Estado provincial. Según precisaron los legisladores, la Provincia destinó 1.800 millones de pesos para comprar 116 kilómetros de cañerías cuyo paradero y estado actual se desconocen. Al respecto, advirtieron que los tramos observados tiempo atrás en la zona de la Cuesta del Totoral sufrieron un serio deterioro que los vuelve inutilizables.

El proceso de adjudicación de los trabajos también quedó en la mira judicial. La obra del gasoducto fue licitada por un presupuesto oficial de 3.000 millones de pesos, pero terminó adjudicándose a la empresa MEGA SRL por 4.500 millones, lo que representó un sobreprecio cercano al 50%. A pesar de que la firma solo ejecutó un 5% del proyecto, recibió anticipos financieros y la emisión de 14 certificados de obra, de los cuales se abonaron dos.

El punto de mayor gravedad institucional radica en las contradicciones administrativas cometidas por la propia gestión provincial. Ante el incumplimiento reiterado de la contratista, el Gobierno aplicó una multa por casi 2.000 millones de pesos y rescindió el contrato. Dicha sanción económica, según remarcaron los denunciantes, contaba con un fallo ratificatorio por parte de la Corte de Justicia de la Provincia.

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Sin embargo, el pasado 26 de mayo el Poder Ejecutivo suscribió un acuerdo conciliatorio con MEGA SRL mediante el cual redujo drásticamente el monto de la sanción de casi 2.000 millones a apenas 300 millones de pesos. El bloque opositor exigió conocer los informes técnicos, jurídicos y económicos que justificaron la renuncia a más del 85% de la acreencia estatal a favor de una empresa que dejó la obra paralizada.

Desde el bloque parlamentario sostuvieron que la maniobra generó un triple daño a Catamarca: un perjuicio social por privar a la población del acceso al servicio de gas natural, un impacto económico negativo para los emprendimientos productivos que no pudieron radicarse o expandirse, y una pérdida financiera directa producida por el adelanto de partidas sin contraprestación.

Los legisladores hicieron hincapié en la necesidad de que el Ministerio Público Fiscal actúe de manera independiente para determinar las responsabilidades penales e investigar si la flexibilización de los cobros derivó en un beneficio indebido para terceros en detrimento del patrimonio de los catamarqueños.

Fuente: El Esquiú

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