Generación Zoe: denuncian a la fiscal de Villa María por presunta falsedad en el inicio de la causa

El abogado Guillermo Dragotto, defensor del líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, y de su socio Maximiliano Batista, presentó una denuncia penal en los tribunales de Córdoba contra la fiscal de Instrucción de Segundo Turno de Villa María, Juliana Companys.

La presentación solicita que se investigue a la magistrada y a quienes resulten responsables por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica de instrumento público, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad.

Según consta en el escrito, la denuncia surge a partir de la declaración testimonial que Karina Maritano, quien se desempeñó como secretaria en la fiscalía de Villa María a cargo de Companys, brindó en una causa paralela en ese momento tramitada ante la jueza María Licia Tulián, titular del Juzgado de Control de Río Segundo.

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Hoy la causa se encuentra en el Juzgado en lo Penal Económico que encabeza el juez Gustavo Hidalgo.

De acuerdo con el planteo del abogado, Maritano habría manifestado que el llamado telefónico anónimo registrado el 3 de noviembre de 2021 –que habría servido como pieza inicial para la apertura de la investigación de oficio contra la organización financiera– "nunca existió".

Dragotto sostiene en que dicha certificación inicial habría sido labrada por la entonces prosecretaria Florencia Bortolussi, quien actualmente se desempeña como fiscal de Lucha contra el Narcotráfico en los tribunales de la ciudad de San Francisco.

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El letrado denunciante sostiene que, al haberse iniciado presuntamente el sumario sobre una base fáctica inexistente, se habría configurado un "instrumento público apócrifo".

Bajo esta línea, su argumento es que la maniobra denunciada viciaría de nulidad las actuaciones posteriores y colocaría las detenciones y prisiones preventivas dictadas durante la instrucción de la causa bajo la figura de privación ilegítima de la libertad agravada por la condición de funcionarios públicos.

La denuncia quedó radicada en la fiscalía de instrucción de los tribunales de la ciudad de Córdoba a cargo del fiscal Matías Bornancini, quien deberá evaluar los elementos aportados y determinar si formula el requerimiento fiscal de investigación correspondiente.

Fuente: La Voz

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