Giro judicial en Tucumán: denuncian a la intendenta de Graneros por falso testimonio tras un escrache
La jefa municipal de la localidad tucumana de Graneros, la dirigente peronista Raquel Graneros, sumó un nuevo frente de conflicto en los tribunales del sur

La jefa municipal de la localidad tucumana de Graneros, la dirigente peronista Raquel Graneros, sumó un nuevo frente de conflicto en los tribunales del sur provincial. Mientras permanece en el foco de la opinión pública tras ser denunciada por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de la adquisición de una propiedad en un exclusivo barrio privado —operación estimada en más de un millón de dólares—, ahora enfrenta una presentación penal que solicita se la investige por la presunta comisión del delito de falso testimonio agravado. La acusación alcanza de igual modo a su madre, la legisladora provincial María Alejandra Cejas.
La denuncia formal fue promovida por un grupo de vecinas que se encuentran imputadas por amenazas simples en un expediente previo, iniciado justamente a instancias de las mencionadas funcionarias. Aquel caso primigenio se originó tras los disturbios registrados el pasado 28 de abril a la salida de un oficio religioso frente a la iglesia principal de Graneros, oportunidad en la que ambas mandatarias afirmaron haber sido víctimas de hostigamiento.
Según consta en el escrito judicial al que tuvo acceso este medio, las denunciantes —patrocinadas por las letradas Tania Pamela Visintini y Karen Sánchez— sostienen que tanto la intendenta como la legisladora provincial habrían vertido manifestaciones falsas bajo juramento de decir verdad. El argumento central de la presentación señala una incompatibilidad insalvable entre el relato de las funcionarias y las pruebas técnicas recolectadas por los dispositivos de seguridad pública.
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En sus respectivas declaraciones testimoniales y actas de constitución de querella, Graneros y Cejas afirmaron haber permanecido bloqueadas dentro de una camioneta particular por espacio de unos diez minutos, rodeadas por una turba y desprovistas de auxilio policial. Sin embargo, la defensa de las imputadas alega que los registros fílmicos del Centro de Monitoreo de la Municipalidad, incorporados a la causa principal, demuestran objetivamente que el rodado se retiró del lugar en menos de treinta segundos tras encenderse la controversia.
Para las denunciantes, esta discrepancia temporal configura una «contradicción flagrante» que excede la mera imprecisión y encuadra en las penalidades previstas por el artículo 275 del Código Penal de la Nación. El planteo subraya, asimismo, un agravante institucional, dado que las declarantes revisten el carácter de funcionarias públicas en ejercicio y sus dichos bajo juramento direccionaron el poder punitivo del Estado contra un grupo de ciudadanos.
En función de estos elementos, la presentación solicita al Ministerio Público Fiscal la extracción de copias del legajo original y la apertura de una investigación jurisdiccional independiente. A tales efectos, requirieron una compulsa analítica que confronte de manera exhaustiva el minutero de las imágenes digitales con los testimonios escritos de las denunciadas.
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El expediente quedó radicado en el ámbito del Centro Judicial Concepción y se encuentra bajo la evaluación del fiscal general Diego Sebastián Hevia, quien deberá determinar la viabilidad jurídica de impulsar la acción penal. De este modo, la conducción política de Graneros se adentra en un escenario de creciente debilidad institucional, tironeada entre las sospechas sobre su patrimonio y los cuestionamientos a su rigor procesal ante la Justicia.
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Fuente: El Federalista
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