Global Market: los denunciantes de la megaestafa rechazan la propuesta del fideicomiso y la tildan de "poco seria"

Luego de que la justicia sanjuanina se declarara incompetente y remitiera las denuncias de estafa contra Global Market a la Justicia Federal, los propietarios de la financiera que quedó en la mira hicieron una propuesta a las presuntas víctimas, pero el intento resultó fallido tras ser considerado "poco serio". Es que Gustavo Omar Ahumada y Miguel Ángel Cañada ofrecieron un fideicomiso para explotar dos yacimientos y beneficiarse con las ganancias. No obstante, la oferta no fue bien recibida.

Según trascendió, los sospechados de la megaestafa proponían hacerlos parte de una nueva inversión, con un plazo de 15 años, y aprovechar las ganancias de esa explotación. A diferencia de lo que podría ser una salida alternativa, con un pago único o cuotas fijas a los damnificados, el proyecto minero con asiento en Valle Fértil los consideraba como potenciales beneficiarios del fideicomiso.

La idea, lisa y llana, consistía en la constitución de un fideicomiso sobre los derechos mineros, permisos, maquinaria, instalaciones y demás bienes vinculados a las minas. La explotación estaría a cargo de los fiduciarios, mientras que los costos de explotación, impuestos, cánones y regalías debían ser afrontados por todos. Tras obtener una millonaria reserva, recién ahí estaban habilitados a distribuir las utilidades a los beneficiarios.

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Sin embargo, no existía ninguna garantía de que los denunciantes recibirían una determinada suma de dinero, ya que principalmente el contrato sostenía que el pago estaba vinculado estrictamente a que la mina efectivamente generara utilidades netas. Por lo tanto, si la explotación no generaba ganancias suficientes, el monto a distribuir podría ser bajo o incluso no existir en determinado período.

Por ese motivo, el borrador fue rechazado al instante por los denunciantes. "No tiene pies ni cabeza", sostuvieron desde las querellas. La propuesta formal, acorde señalaron las fuentes, también fue presentada en la Justicia Federal, aunque hasta el momento se desconoce si fue recibida en dicho fuero.

En ese contexto, desde la parte denunciante aseguraron que pretenden llegar a un acuerdo de pago, ya que "la gente quiere recuperar su dinero". Es por eso que están dispuestos a analizar propuestas de ese calibre y no, de otro tipo.

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La decisión clave de la causa está ahora en manos del juez federal Leopoldo Rago Gallo, quien interviene para determinar si el fuero federal resulta competente para investigar las maniobras denunciadas o si, por el contrario, corresponde que la causa regrese al fuero provincial, según indicaron fuentes allegadas.

Desde las querellas cuestionan el tiempo transcurrido sin una resolución, producto de tecnicismos jurídicos y la declaración de incompetencia. "La pelota la tiene hace casi 2 meses el juez federal, que todavía no resuelve si se declara competente o incompetente", señalaron desde la parte denunciante.

A su vez, la causa acumula elementos y potenciales damnificados. Las denuncias inicialmente reunidas por la UFI de Delitos Informáticos y Estafas eran 23, pero luego el número ascendió a 47. En ese sentido, el perjuicio económico denunciado superaría los $3.000 millones, aunque la cifra podría incrementarse si continúan apareciendo inversores que aseguran haber entregado sus ahorros a la firma.

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La magnitud que atribuyen los denunciantes al caso quedó expuesta con mayor fuerza este martes, cuando una de las causas de estafa más resonantes de los últimos meses obtuvo su sentencia. Fue una condenas de 5 años de prisión efectiva para los responsables, que causaron un perjuicio económico calculado en $573 millones.

Según la hipótesis que manejó inicialmente la fiscalía provincial, ambos habrían captado fondos de inversores, muchos de ellos con perfiles conservadores, mediante la promesa de realizar colocaciones seguras. Sin embargo, los investigadores sospechan que parte de esos recursos habría terminado siendo derivada hacia empresas relacionadas con los propios investigados, entre ellas GMI Inversiones, mediante operaciones que no habrían sido autorizadas por los clientes.

El pase a la Justicia Federal se produjo después de que el juez de Garantías Javier Figuerola hiciera lugar al planteo del fiscal Nicolás Alvo y declarara la incompetencia de la Justicia provincial. La decisión estuvo vinculada a la posibilidad de que los hechos investigados excedan una estafa convencional y puedan involucrar delitos como lavado de activos, manipulación de mercado e intermediación financiera no autorizada, figuras relacionadas con el orden económico y financiero nacional.

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Posteriormente, el juez de Impugnación Daniel Guillén rechazó los planteos formulados por abogados de algunos de los denunciantes y dejó firme el pase del expediente al fuero federal. En esa instancia, entendió que las querellas todavía no contaban con facultades para recurrir la declaración de incompetencia, debido al estado preliminar del proceso.

Tras el polémico cierre de Branka Motors, ¿en qué quedó la causa de Global Market?

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Fuente: Tiempo de San Juan

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