Gobierno nacional prepara baja de 20.000 pensiones por invalidez

El recorte no llega solo: viene con auditoría, presión legislativa y un sector social que lleva años reclamando. El Gobierno prepara la baja de unas 20.000 pensiones por invalidez laboral y lo hará en plena discusión de la Ley de Discapacidad. La medida, que se espera para los próximos días, vuelve a encender un debate de alta sensibilidad.

La Cámara de Diputados dio media sanción a la ley el 22 de octubre, luego de que el oficialismo aceptara modificar el dictamen enviado por la Casa Rosada. El proyecto original incluía la eliminación de varios beneficios, entre ellos la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral. Por presión de aliados legislativos, esas pensiones se mantendrán, aunque todavía falta la media sanción del Senado.

Pero la Casa Rosada no espera al Senado para marcar un objetivo que considera clave para sostener el financiamiento del área. Se anunciaría en días el recorte de unas 20.000 pensiones que dejarían de pagarse. El oficialismo las describe como truchas y sostiene que la auditoría busca confirmar cuántos beneficiarios cumplen los requisitos.

Los funcionarios aseguran que la revisión es el resultado de una gran auditoría sobre más de 1.100.000 beneficiarios. En el Gobierno afirman que existen cientos de miles de personas que, según su lectura, no tendrían necesidad real de cobrar esos fondos. Hablan de pensiones fantasmas y advierten que el ordenamiento apenas comienza.

El oficialismo insiste en que la baja no afectará a personas con una discapacidad real. Funcionarios explican que están identificando prestaciones otorgadas de manera fraudulenta, para que los recursos lleguen a quienes los necesitan. Con esa lógica, el anuncio se presentaría el martes, miércoles o jueves próximos.

La medida llega en un contexto delicado: el sector de la discapacidad reclama hace tres años por presupuestos suficientes en los organismos que implementan los planes. La media sanción de la ley se retrasó más de un año, hasta que el Ejecutivo aceptó escuchar a sus aliados. El presidente de Diputados, Martín Menem, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mostraron flexibilidad para avanzar con la votación.

El Gobierno también apunta a la gestión anterior: funcionarios libertarios sostienen que la administración de Alberto Fernández fue la que más aumentó los beneficiarios, y lo hicieron por motivos políticos, no por necesidad. La última administración K anunció, en mayo de 2023, que había entregado 300.000 pensiones por invalidez laboral. El oficialismo asegura que buena parte se repartió sin criterio y que hubo pensiones para personas sin incapacidad física. No consta en la información disponible un descargo de la gestión anterior sobre esa acusación.

Si el recorte se concreta, la pelea no se va a resolver con un anuncio: se va a extender a oficinas y reclamos públicos. El Estado promete ordenar el sistema, pero la pregunta incómoda sigue en la calle: cómo se hace la auditoría sin que el ajuste termine golpeando a los más vulnerables.