Golpiza al empresario Salvalaggio: uno de los empresarios acusados como autor intelectual frena el proceso ofreciendo una probation
La audiencia de control de acusación contra Mariano Tomsig y Martín Quiroga Massa debió ser suspendida nuevamente. El abogado de Tomsig solicitó la suspensión del juicio a prueba ofreciendo una reparación de $3.000.000, tareas comunitarias y reglas de conducta. Tras el rechazo de…
El caso que investiga la feroz agresión encargada a matones a sueldo contra el empresario nocturno Juan Manuel Salvalaggio sumó en las últimas horas un nuevo capítulo de dilación. Cuando el Poder Judicial se disponía a celebrar la audiencia de control de acusación para definir la elevación de la causa a juicio oral, una maniobra de la defensa de uno de los imputados -de último momento- logró paralizar por completo la marcha del proceso.
En la sala de audiencias, el juez de Garantías Diego Sanz tomó formal conocimiento de la articulación presentada por el abogado de Mariano Tomsig y dictó la suspensión inmediata y postergación de la jornada, la cual quedará en suspenso hasta tanto se resuelva en forma definitiva el planteo interpuesto.
La maniobra táctica: 3 millones de pesos para congelar la causa
El motivo central del nuevo parate en el proceso responde a una presentación por escrito realizada previo a la audiencia por el abogado Rodrigo Aguirre, Martín Torcivia e Ivana Salas, representantes legales de Mariano Tomsig, imputado como presunto autor intelectual del ataque.
Aguirre solicitó formalmente la suspensión de juicio a prueba (probation), una figura legal que busca extinguir la acción penal sin llegar a una condena ni sentar a su cliente en el banquillo de los acusados. La propuesta impulsada por la defensa contempla suspender el proceso, concretar una reparación simbólica de 3.000.000 de pesos, cumplir tareas comunitarias y acatar las reglas de conducta que oportunamente disponga la magistratura.
Al tomar intervención, la fiscal del caso, Daniela Pringles (titular de la UFI Genérica), rechazó de plano la solicitud, sosteniendo la gravedad de los hechos y la necesidad de discutir la responsabilidad de los imputados en un juicio público.
Sin embargo, el letrado de Tomsig activó un mecanismo procesal para estirar los tiempos y solicitó que la negativa fiscal sea revisada por un fiscal superior. Ante la reestructuración interna de la UFI Genérica y la salida del fiscal Ignacio Achem (ahora fiscal de impugnación), se deberá definir qué fiscal -de Cámara o de otra UFI- intervendrá para ratificar o rectificar el criterio de Pringles.
El fantasma del caso Parisi y un escenario jurídico favorable a la defensa
Fuentes vinculadas a la causa confirmaron que las partes anticiparon una batalla judicial de largo aliento y que el abogado de Tomsig recurrirá a todas las vías recursivas ordinarias y extraordinarias disponibles.
En caso de que el fiscal superior confirme el rechazo a la salida alternativa, la defensa presentará el pedido directamente ante el juez natural de la causa, Diego Sanz. De ser denegado por el magistrado de Garantías, interpondrán un recurso ante el Tribunal de Impugnación, para luego escalar a la Sala de Casación y, de ser necesario, agotar la instancia mediante un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El escenario trajo de inmediato a los pasillos de Tribunales el recuerdo del resonado "Caso Parisi", donde una concatenación de apelaciones procesales mantuvo el expediente paralizado durante años antes de que el imputado terminara condenado.
No obstante, en el fuero penal advierten una diferencia técnica determinante: mientras que la causa contra el exjuez Mario Parisi se dio en un contexto de violencia de género -marco regulatorio que prohíbe expresamente el otorgamiento de la probation-, en el ataque a Salvalaggio no existe dicha limitación normativa. Esta distinción otorga a la defensa de Tomsig mayores probabilidades de que algún tribunal superior termine haciendo lugar a la salida alternativa.
Mientras el trámite ingresa en la vía jerárquica de la Fiscalía, la querella representada por el abogado Marcelo Fernández, en patrocinio de la víctima Juan Manuel Salvalaggio, dejará asentada su postura por escrito y en audiencia.
Según trascendió, el empresario agredido confirmaría formalmente su rotunda negativa a aceptar el pago de los 3 millones de pesos o cualquier otra salida que prescinda del debate oral, exigiendo que los acusados respondan en juicio.
El caso que conmocionó la provincia: una golpiza encargada a barrabravas
El hecho que originó la causa ocurrió en abril de 2025, cuando Juan Manuel Salvalaggio fue brutalmente emboscado y golpeado, sufriendo múltiples fracturas y lesiones de gravedad.
La investigación inicial descartó rápidamente un intento de robo o un pleito ocasional. En junio de 2025, el fuero de Flagrancia juzgó y condenó con prisión efectiva a los tres ejecutores materiales de la paliza: Carlos Ledesma, Mariano Rivero y Brian Espinoza, tres hombres vinculados a la barrabrava del club Racing Club, hallados culpables de lesiones graves doblemente agravadas por alevosía, ensañamiento y premeditación. Cabe destacar que otro participe identificado como Mario Giraudo o conocido en la causa como Mario "Bufet" arregló con una pena de prisión condicional.
La investigación posterior en la UFI Genérica reveló que los tres barrabravas no actuaron por cuenta propia, sino que fueron contratados y financiados para perpetrar la agresión. Las pesquisas apuntaron directamente a dos conocidos de la víctima: Mariano Tomsig (como presunto autor intelectual y financista) y Martín Quiroga Massa (como partícipe secundario).
Con la jugada procesal implementada por la defensa de Tomsig, el avance del proceso judicial quedó postergado sin fecha firme. La resolución de la probation y su eventual recorrido por los tribunales de alzada prometen dilatar por meses -o incluso años- el esclarecimiento definitivo sobre la responsabilidad penal de los empresarios sanjuaninos.
Fuente: Tiempo de San Juan
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