Gustavo Aguirre impulsa un régimen para reordenar deudas

La propuesta contempla refinanciaciones, quitas para acreedores y créditos para gastos esenciales.

El concejal Gustavo Aguirre presentó un proyecto de ordenanza para crear un régimen excepcional y transitorio destinado a aliviar y reordenar las deudas de trabajadores municipales y familias de la ciudad. La propuesta contempla refinanciaciones, consolidación de obligaciones de alto costo y créditos para gastos esenciales.

El régimen utiliza herramientas municipales como la Caja de Crédito, el sistema de liquidación de haberes y los servicios de orientación y atención. Busca reorganizar las obligaciones sin comprometer los ingresos destinados a necesidades básicas.

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Aguirre reconoció que el problema tiene un alcance nacional y que en muchos casos se trata de deudas entre privados, pero planteó que el Municipio puede intervenir dentro de sus competencias.

"No queremos mirar para otro lado y permanecer indiferentes ante la grave situación que están viviendo muchas familias de nuestra ciudad y los trabajadores municipales", señaló.

La iniciativa prevé refinanciar créditos en mora con la Caja, consolidar deudas de alto costo y habilitar una línea para gastos familiares esenciales. También propone un servicio gratuito de orientación financiera.

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Otro punto establece un límite para los descuentos voluntarios mediante códigos automáticos sobre los ingresos municipales. No podrán superar el 30% del ingreso neto disponible, salvo obligaciones alimentarias.

El proyecto incorpora un mecanismo de esfuerzo compartido con los acreedores. Antes de cancelar una deuda, la Caja deberá verificar su existencia y composición, revisar capital, intereses, cargos y gastos y excluir conceptos improcedentes o abusivos.

En las obligaciones con entidades autorizadas, la quita no podrá ser inferior al 20% del saldo legítimamente verificado. Para las deudas con particulares, se eliminarán intereses y accesorios pendientes y se exigirá una quita mínima del 25% sobre el capital residual.

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"Si no acepta la quita o pretende conservar derechos de cobro, la Caja no paga", explicó Aguirre. El acreedor deberá aceptar el monto como cancelación total y definitiva, entregar el libre deuda y devolver o inutilizar pagarés y garantías.

El esquema excluye a compradores de carteras morosas, agencias de cobranza, gestores de recupero, prestamistas habituales y acreedores vinculados al solicitante. Los fondos no serán entregados al beneficiario, sino transferidos al acreedor verificado o depositados judicialmente.

El régimen tendría una vigencia de 12 meses y podría prorrogarse una sola vez mediante una nueva ordenanza. La Caja deberá informar trimestralmente al Concejo Deliberante sobre solicitudes, montos, tasas, reducción de cuotas, morosidad, recuperos y recursos utilizados, con información agregada y anonimizada.

Fuente: El Ancasti

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