"Había un Estado ausente": la estrategia de la abogada que se defiende a sí misma

Juicio por el caso Loan

Desde la primera fila del tribunal correntino, su defensa afirmó que sus polémicas intervenciones fueron estrictamente profesionales frente al desorden institucional de las primeras horas.

El debate oral y público por la desaparición de Loan Peña, el niño que tenía cinco años al momento de su desaparición en junio de 2024 y cuyo paradero sigue siendo un misterio, sumó una fuerte carga de estrategia jurídica en el Tribunal Oral Federal de la capital correntina. En el centro de la escena del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional se ubicó Elizabeth Cutaia, una de las abogadas procesadas bajo la acusación de integrar una organización destinada a desviar el curso de la investigación penal inicial. La apertura del juicio dejó una postal nítida de su estrategia debido a que la mujer de 45 años, quien pasó casi 40 días detenida antes de llegar a esta instancia en libertad, se sentó en la primera fila reservada de forma exclusiva para los letrados. Esto responde a que Cutaia ejerce su propia defense material, asistida técnicamente por sus colegas Rodolfo Baqué y Gabriel Roldán, diferenciándose del resto de los imputados que permanecen ubicados detrás de sus representantes legales.

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La hipótesis de la acusación pública y de los abogados querellantes que representan a los padres del niño sostiene que las diez personas procesadas en este segundo bloque del juicio actuaron coordinadamente bajo la pantalla de una supuesta asistencia humanitaria vinculada a la Fundación Lucio Dupuy. Para los fiscales, este grupo operó en el hotel Despertar del Iberá con el objetivo de retener y dar una supuesta contención a menores y mayores de edad que eran testigos clave de la causa, con el fin oculto de influir en sus relatos y alterar el desarrollo de la búsqueda. En el caso específico de Cutaia, se le atribuyen acciones directas desplegadas entre el 23 y el 24 de junio de 2024, tales como asumir el patrocinio legal de Camila Núñez, una de las primas de Loan y testigo fundamental, y acompañar a Macarena Peña al momento de denunciar supuestas amenazas institucionales. Asimismo, la fiscalía le reprocha haber participado en una reconstrucción de los hechos de carácter privado en el paraje El Algarrobal, realizada completamente al margen de las directivas de las autoridades judiciales y policiales, junto con la presunta percepción indebida de fondos públicos.

Desde el equipo técnico que respalda a Cutaia rechazan de plano la existencia de una asociación ilícita y argumentan que la fiscalía realizó una interpretación penal sesgada y fuera de contexto de conductas que en realidad corresponden a actividades lícitas y profesionales. Los defensores enfatizan que la llegada de la letrada a la localidad de 9 de Julio respondió a una motivación profundamente humana y profesional, convencida de que podía colaborar activamente en la localización del menor en un momento donde el panorama general era desolador y se percibía una fuerte ausencia estatal. De acuerdo con su postura, todas las intervenciones contaron con el consentimiento explícito de los involucrados, fueron de carácter público e incluso televisadas en directo por medios nacionales, lo que descarta cualquier intención de ocultamiento. Respecto de la polémica vinculación con la Fundación Dupuy, la defensa ligó el nexo a las gestiones de otro de los imputados, Alan Cañete, quien en sus declaraciones ante los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco refirió haber tenido un aval telefónico directo de Ramón Dupuy para actuar en el territorio correntino en nombre de la entidad.

El proceso judicial en su totalidad se desarrolla con la evaluación simultánea de 17 acusados que la justicia dividió en dos grandes núcleos según su presunta responsabilidad en los hechos. Por un lado se encuentra el bloque principal de siete imputados por la presunta sustracción y ocultamiento del niño el 13 de junio de 2024, compuesto por el exmarino Carlos Pérez, su esposa María Victoria Caillava, la tía del niño Laudelina Peña, su pareja Antonio Benítez, el matrimonio de Daniel Ramírez y Mónica Millapi, y el excomisario Walter Maciel. Por el otro lado se ubica el grupo de los diez procesados por entorpecimiento, donde además de Cutaia y Cañete figuran Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, imputados por delitos que van desde el encubrimiento agravado y falso testimonio hasta la privación ilegal de la libertad y resistencia a la autoridad. Mientras los asesores legales de la familia del menor defienden la unificación de los bloques para demostrar que el entorpecimiento formó parte de la misma ingeniería de ocultamiento, las defensas técnicas confían en que las audiencias orales servirán para desmantelar un relato fiscal que consideran construido bajo la enorme presión social y la extraordinaria repercusión mediática del caso.

Fuente: El Esquiú

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