Hijos del CeNARD, padrastros del pueblo

A poco más de mil días de iniciado el cambio de régimen político-económico, el diagnóstico estructural mantiene vigencia analítica: la Argentina operaba bajo un sendero insostenible de estancamiento, represión financiera, informalidad estructural y parasitismo fiscal. La superación de este orden no requería una mera alternancia administrativa, sino una disrupción profunda de los mecanismos de reproducción de la decadencia. Sin embargo, el análisis económico riguroso obliga a distinguir entre la necesidad de estabilización macroeconómica y la real eficiencia de los instrumentos de política pública desplegados.

El equilibrio fiscal y la contención de la dinámica inflacionaria constituyen condiciones necesarias, más no suficientes, para el desarrollo económico. Cuando la consolidación fiscal se obtura sobre la base de una contracción violenta del gasto que, entre otras cosas, descapitaliza el aparato científico-técnico, deteriora el capital humano y colapsa los ingresos reales, el superávit obtenido se vuelve pírrico. En términos técnicos, el Estado transfiere costos de corto plazo hacia el futuro, comprometiendo el presente y destruyendo rubros que demandarán décadas en reconstruirse.

A la luz de lo observado hasta ahora, un equilibrio fiscal obtenido mediante la depreciación sistemática del capital humano y científico no representa una victoria del desarrollo, sino un balance contable miope que hipoteca el crecimiento futuro.

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El esquema macroeconómico de estos meses acentúa una matriz de alta heterogeneidad estructural y segmentación sectorial. Los clústeres primarios exportadores (agroindustria, minería, energía y manufacturas vinculadas) operan como polos de atracción de capitales intensivos, pero muestran una escasa capacidad de arrastre sobre el entramado PyME y el mercado de trabajo agregado. La distancia entre los sectores dinámicos y la economía de subsistencia amenaza con cristalizar una dualidad irreversible.

Esta fragmentación desmiente la presunción automática de que el derrame macroeconómico resuelve los desequilibrios distributivos. La reducción estadística de la pobreza monetaria, si descansa exclusivamente en mecanismos transitorios de asistencia o en la recomposición artificial de precios relativos sin formalización laboral genuina, reproduce la vulnerabilidad estructural. La libertad económica real no surge de la mera subsistencia asistida, sino de la inserción en un mercado de trabajo formal, competitivo y tecnológicamente dinámico.

El costo social de la transición no se agota en la distribución estática del ingreso, opera fundamentalmente sobre la destrucción de activos intangibles. La caída del gasto en investigación y desarrollo, el éxodo de investigadores, la obsolescencia de habilidades técnicas y la desintegración de redes de cooperación productiva configuran un shock de oferta negativo sobre la economía a mediano plazo.

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El agotamiento del ciclo político actual no vendrá de la restauración de las fórmulas corporativas e inflacionarias del pasado, sino de la emergencia de un nuevo reformismo. Este nuevo progresismo económico y político debe asumir premisas fundamentales.

Es verdad que el equilibrio de las cuentas públicas no es negociable, pero también lo es que debe financiarse sobre una estructura tributaria progresiva y eficiente, no mediante la liquidación de bienes públicos esenciales.

En algún momento alguien deberá asumir que hay que superar la economía de enclaves mediante políticas industriales activas que incentiven la agregación de valor, la transferencia tecnológica y la inserción inteligente en los circuitos globales.

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Finalmente, pero no menos importante, todo deberá suceder en el contexto de un Estado federal competente que garantice derechos efectivos y provea los bienes públicos (infraestructura, educación, ciencia, seguridad jurídica) indispensables para la competitividad.

La reconstrucción argentina exige una coalición sociopolítica capaz de alinear los incentivos del capital productivo, los sindicatos modernos y el conocimiento científico. El futuro de la Argentina permanece abierto; evitar que los sectores más vulnerables continúen financiando el costo de una transición inconclusa constituye tanto un imperativo ético como una condición de viabilidad macroeconómica.

El contraste entre la narrativa oficial de euforia y los datos duros de la economía real configura el principal flanco de vulnerabilidad para la administración de Javier Milei. Los registros publicados por el INDEC respecto a la actividad industrial y de la construcción ponen de manifiesto un freno operativo que condiciona la tracción agregada. La industria experimentó un desplome interanual del 4,9% en comparación con julio de 2025, acentuando un retroceso mensual del 5,0% frente a junio de 2026 y acumulando una caída del 2,6% en los primeros siete meses del año.

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En paralelo, la construcción reflejó una contracción del 4,5% interanual, sosteniendo una variación marginal del 1,7% en el acumulado anual según el ISAC. Estos guarismos estadísticos encuentran correlato directo en el humor social y la capacidad de consumo de los hogares.

Relevamientos recientes de consultoras especializadas indican que la evaluación negativa de la situación actual trepó al 55%, mientras que el porcentaje de hogares que debió recortar gastos cotidianos para equilibrar sus cuentas alcanza el 75%, con un 60% privado de toda capacidad de ahorro.

La segmentación del crecimiento -restringido a clústeres exportadores altamente capitalizados mientras el consumo interno y la producción PyME se contraen- impide que la recuperación macroeconómica generalizada permee en el bienestar individual, erosionando las expectativas de mediano plazo.

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Así las cosas, la desaceleración industrial y el ajuste en el gasto de los hogares demuestran que la estabilidad macroeconómica, cuando se sostiene sobre una contracción prolongada del mercado interno, genera fricciones sociales difíciles de metabolizar.

En el plano institucional, la capacidad de arbitraje del oficialismo en el Congreso experimenta una compresión operativa. La demostración de fuerza opositora al conseguir el quórum necesario para abrir el recinto y emplazar debates sobre agendas sensibles -tales como morosidad y discapacidad- obligó al bloque libertario, bajo la conducción táctica de Martín Menem, a modificar su estrategia para ingresar al debate y neutralizar los avances mediante cuestiones reglamentarias. Sin embargo, la lógica de la negociación parlamentaria se reduce a un mero esquema fragmentado de "ley por ley", donde las ambiciones de reformas estructurales más amplias tropiezan con la escasez de mayorías consistentes.

Este debilitamiento parlamentario se solapa con fisuras crecientes en la coalición de gobierno y sus socios estratégicos, especialmente el PRO. Las discrepancias en torno al diseño electoral de la provincia de Buenos Aires -marcadas por la eventual eliminación de las PASO y el desdoblamiento de los comicios- exigen un nivel de confianza recíproca que las experiencias previas deterioraron.

Episodios de adjudicación de espacios institucionales en organismos de control y comisiones bicamerales que no respetaron los acuerdos originales instalaron un manto de sospecha sobre la disciplina de listas y acuerdos futuros.

La fragmentación del espacio político no se agota en las tensiones de cúpula, sino que se ramifica hacia la emergencia de nuevas voces disidentes y reacomodamientos territoriales. La aparición de figuras con inserción geográfica que adoptan posturas hipercríticas frente al esquema libertario evidencia la volatilidad de las lealtades en los distritos clave.

Asimismo, el análisis de indicadores de participación electoral en comicios subnacionales -como el incremento sostenido del ausentismo registrado en plazas testigo a lo largo de los últimos años- interpela al sistema político en su conjunto. Un electorado fatigado por la alternancia de crisis y ajustes demanda un horizonte de expectativas que la polarización tradicional y los cruces mediáticos no logran satisfacer.

La capacidad del oficialismo para reinstituir una narrativa movilizadora y la habilidad de la oposición para articular una alternativa programática coherente definirán la estabilidad del próximo ciclo político en un escenario donde el margen para el error operativo se estrecha aceleradamente.

Hay algo profundamente trágico y a la vez grotescamente previsible en la biografía de los nuevos alfiles del dogma del ajuste. La liturgia libertaria, tan afectada de pureza fiscal y "superioridad estética" (Milei dixit), suele desmoronarse apenas se confronta el relato abstracto con el barro de la historia personal.

En la semana, la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados de la Nación fue el escenario de una postal perfecta de esa contradicción. El diputado nacional por Misiones de La Libertad Avanza, el extenista obereño Diego Hartfield, se paró frente a los representantes de los clubes de barrio para sermonearlos sobre los peligros de la dependencia estatal.

Con la frialdad contable de quien confunde superávit con humanidad, el legislador sentenció que "vivir de subsidios, en algunos casos, puede tener sus costos" y justificó el ahogamiento tarifario bajo el mantra innegociable de mantener las cuentas públicas ordenadas, reconociendo sin pruritos el desajuste heredado. Sostuvo que pagar la energía a un valor menor al real comportó un costo sistémico, asumiendo que el dolor del presente es el peaje ineludible hacia un porvenir radiante.

Sin embargo, en el fresco de su argumentación, Hartfield omitió el trazo más nítido de su propio lienzo. La memoria institucional suele ser más honesta que la conveniencia política. A los 16 años, en 1995, aquel joven obereño que soñaba con la raqueta no encontró el milagro en las manitos invisibles del mercado ni en una billetera holgada: lo encontró en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD).

Gracias a una beca de alojamiento, educación y preparación que el Estado articuló cuando su familia no podía financiar el circuito Cosat -y que más tarde lo vería cruzar el Atlántico con apenas 500 dólares en el bolsillo para alojarse en casas de familia-, Hartfield logró tallar la profesionalidad que lo depositó en el puesto 73 del ranking mundial.

El Estado no lo asistió cuando ya era una efigie consagrada del éxito capitalista; lo rescató cuando era solo un proyecto de talento provinciano que necesitaba un andamio público para no romperse en el intento. Cuando un colega legislador le devolvió al espejo la imagen de su propia génesis, el diputado optó por la huida silenciosa.

La réplica desde la tierra colorada, esa misma que tiempo atrás embarró a Hartfield, no tardó en llegar. Nelson Castelli, presidente del histórico club Jorge Gibson Brown de Posadas, desnudó la falacia oficial en declaraciones a FM 89.3 Santa María de las Misiones.

Castelli advirtió que reducir la asistencia pública a un mero dispendio presupuestario es ignorar la trinchera social donde los clubes no reparten dividendos, sino contención y futuro.

Las instituciones barriales, que sostienen tarifas imposibles, mantenimiento y costos de traslado para que el deporte no se convierta en el privilegio de una casta solvente, no "viven de subsidios"; subsisten a pesar de la intemperie económica gracias a un tejido comunitario que el mercado jamás financiará, porque la rentabilidad social no cotiza en la bolsa de los dogmas. En la misma sintonía resonó la voz curtida de Claudio "El Turco" García, recordándole al poder que defender los clubes es blindar a los pibes frente al vacío.

Pero la batalla cultural, esa entelequia discursiva con la que el oficialismo pretende refundar la Nación mientras varios de sus ya exfuncionarios le deben explicaciones a la Justicia, parece transitar por una cornisa peligrosa donde la teoría económica desemboca, sin escalas, en la miseria moral. Casi en paralelo al sainete legislativo, Misiones ofreció el rostro más crudo de esa superioridad declamada.

Una joven dirigente de Oberá, "promesa" electoral para 2027, fue registrada días atrás por la lente de la indignidad mientras transitaba en una combi junto a otros correligionarios violetas frente a Puerto Iguazú.

Afuera, a la vera del camino, productores yerbateros y tareferos endurecían sus manos curtidas protestando contra las políticas del presidente Javier Milei. La reacción de la pureza estética frente al sudor y la demanda legítima fue de una crudeza tan elocuente como espeluznante: "Qué asco me da esta negrada", se le oyó decir.

Meses y meses de cátedras magistrales sobre la libertad, la eficiencia y la pulcritud institucional, con ídolos de barro como Manuel Adorni alternando en el bronce de la corrección moral, para terminar vomitando el desprecio aristocrático de clase sobre los trabajadores rurales que sostienen la tierra. Un salto intelectual formidable: de aplaudir el Estado que becaba el talento propio en el CeNARD a despreciar la crisis ajena desde la comodidad climatizada de un vehículo violeta… no hay ajuste que logre disimular la bajeza humana.

Y mientras la ortodoxia fiscal celebra las virtudes pírricas del equilibrio contable como si no hubiera humanos en el medio, la marea de la economía real deja al descubierto sus sedimentos más tóxicos que el oficialismo libertario optó por bautizar, al mejor estilo Alberto Fernández, como un "problema entre privados". El dogma del superávit a cualquier precio no es inocuo; opera como una pinza hidráulica que estrangula los ingresos de los hogares y empuja a la población a una trampa de supervivencia financiera.

Los datos del último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) correspondientes a julio de 2026 ponen números crudos a esa intemperie en la provincia de Misiones. Con un total de 165.158 personas atrapadas en la morosidad -el 2,8% de los morosos de todo el país-, el territorio provincial refleja el reverso exacto de la fiesta de los números ordenados: el colapso silencioso de la clase trabajadora. La radiografía etaria no deja margen para metáforas edulcoradas: el 70,8% de los deudores se concentra entre los 25 y los 54 años, siendo el segmento de 25 a 34 años el más castigado, con más de 50.000 jóvenes adultos empujados al fondo del sistema. Lo más alarmante de la cartografía del endeudamiento misionero no es solo su volumen, sino su profundidad patológica. En el sistema total, la morosidad provincial trepa al 17,1%, superando la media nacional.

Pero el dato más demoledor se esconde en el universo de las billeteras virtuales (Proveedores No Financieros de Crédito), donde el incumplimiento en Misiones se dispara hasta un abrumador 41,0%, eclipsando el promedio del país (33,9%). Es la trampa moderna por excelencia: el crédito digital de fácil acceso y desesperación cotidiana, diseñado como un paliativo exprés para llegar a fin de mes que termina convirtiéndose en una soga al cuello.

No sorprende, por ello, que de los más de 165 mil misioneros en infracción financiera, 109.974 se encuentren sumidos en la "Situación 5", catalogados formalmente como casos irrecuperables. Mientras el relato oficial insiste en que el ajuste es apenas un mal trago transitorio hacia la tierra prometida de la libertad económica, el día a día de las familias se sostiene pagando los fideos con deudas y estirando plásticos virtuales que ya no devuelven nada más que angustia.

Frente a eso, el Gobierno de Misiones decidió reducir del 39% al 30% el máximo de los haberes que empleados públicos y jubilados podrán comprometer mediante créditos con código de descuento. La medida fue dispuesta por el gobernador Hugo Passalacqua mediante el Decreto 1751/26 y profundiza el régimen de asistencia frente al sobreendeudamiento que la Provincia había puesto en marcha semanas atrás.

El decreto toma como referencia el incremento de la mora crediticia a nivel país, que alcanzó el 12,7% según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA). "En el país la cosa no está fácil, lo sabemos todos. Por eso tomé la decisión de un decreto para aquellas personas que van a tomar un crédito en una financiera porque están sobreendeudadas por la situación", explicó Passalacqua al anunciar la medida.

El mandatario señaló que la intención es garantizar que una porción mayor de los ingresos quede disponible para afrontar los gastos cotidianos de las familias. "Que el máximo que le puedan quitar de su salario cuando toman ese crédito pase al 30%, y la tasa de interés a la mitad. Además, avisarle antes al usuario de cuánto va a ser ese descuento para que su vida sea previsible", sostuvo.

Fuente: Primera Edición

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