Houston, tenemos un problema de negocio

Hace apenas dos meses, el mundo celebró con entusiasmo acrítico un hito supuestamente histórico: la red satelital Starlink de SpaceX superó los 10.000 aparatos activos en órbita baja —la franja de entre 200 y 2.000 kilómetros de altitud donde circulan los satélites de comunicaciones, meteorología y GPS—, más que todos los satélites que la humanidad había lanzado en toda su historia hasta hace pocos años. En ese momento, algunos miramos de reojo al cielo nocturno, calculando cuánto faltaría para que las constelaciones artificiales ahogaran definitivamente la luz de las estrellas de verdad. Pero resultó que pecamos de ilusos. Diez mil no era una meta; era apenas el aperitivo.

La nueva «genialidad» no es solo de Elon Musk: una startup llamada Starcloud ya pidió autorización para 88.000 satélites con el mismo fin, y al menos ocho organizaciones distintas presentaron planes similares en los últimos meses. Cuando los multimillonarios se ponen de acuerdo en algo sin que nadie se los haya pedido, la humanidad debería empezar a mirar hacia arriba, no para maravillarse con las estrellas, sino para calcular la trayectoria de lo que eventualmente nos caerá del cielo.

El objetivo declarado ya no es conectar escuelas rurales o barcos perdidos en el océano, sino montar gigantescos centros de datos en órbita, alimentados por energía solar, para procesar los requerimientos de la Inteligencia Artificial. Porque claro, los modelos de IA tienen un apetito de procesamiento tan colosal que la Tierra ya les queda chica. En lugar de apostar por infraestructuras eficientes y procesamiento distribuido —es decir, repartir el cómputo entre dispositivos más pequeños y eficientes en lugar de concentrarlo en gigantescos centros—, la solución propuesta es la fuerza bruta interestelar: enviar toneladas de servidores al espacio a un ritmo de lanzamientos frenético, como si tirar cacharros al vacío fuera una política industrial.

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La ruleta rusa atmosférica

La magnitud industrial de esta estupidez es, por decirlo con elegancia, asombrosa. Un millón de aparatos volando a miles de kilómetros por hora significa empujar la órbita terrestre al borde del Síndrome de Kessler, el escenario que el científico de la NASA Donald Kessler describió en 1978: una cascada imparable de colisiones donde cada satélite destruido genera miles de proyectiles que destruyen otros satélites, hasta hacer inutilizable la órbita baja. Sin órbita baja no hay GPS, no hay pronósticos meteorológicos, no hay comunicaciones de emergencia, no hay imágenes satelitales para monitorear incendios o inundaciones. Una licuadora de chatarra a escala planetaria, sin botón de apagado, cuyos primeros damnificados no serían los astronautas sino cualquiera que consulte el tiempo antes de salir de su casa. Alfonso Cuarón lo filmó en 2013 con Sandra Bullock y se llamó Gravedad. La industria lo vio, aplaudió, y ahora quiere inundarnos de satélites.

No es ciencia ficción: la Estación Espacial Internacional, que orbita a 400 kilómetros de altitud en esa misma franja, ya debe maniobrar periódicamente para esquivar fragmentos de basura espacial. Es el símbolo más visible de la cooperación espacial entre naciones, construida durante décadas con recursos públicos de varios países. Ahora resulta que un puñado de empresas privadas pueden saturar su vecindario orbital sin pedirle permiso a nadie.

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La Unión Astronómica Internacional advierte además sobre otro daño menos visible pero igualmente grave: hoy, al tomar una imagen de cualquier objeto en el cielo, aparecen trazos luminosos dejados por satélites —en su mayoría los lanzados por Starlink y SpaceX—. Como las imágenes son digitales es posible eliminar esos trazos, pero si el trazo pasa por encima de la galaxia que se observa, se pierde información irreversiblemente. Los astrónomos están preocupados, y con razón: la contaminación luminosa orbital no solo arruina fotografías; borra datos científicos que no pueden recuperarse.

Pero supongamos que logramos jugar al Tetris cósmico sin chocar nada. Nos queda el pequeño detalle del daño atmosférico, un tema que la industria prefiere barrer bajo la alfombra del «progreso». Cada cohete que sube a dejar su carga escupe carbono negro en la atmósfera superior. Hollín puro: el subproducto inevitable de quemar toneladas de combustible para escapar de la gravedad terrestre.

A diferencia de la contaminación que produce la combustión a nivel del suelo, estas partículas se depositan directamente en la estratosfera, entre 10 y 50 kilómetros de altitud, donde no hay lluvia ni viento que las arrastre y donde pueden permanecer años bloqueando y absorbiendo la radiación solar. Al absorber y bloquear la radiación solar, jugarán a los dados con el equilibrio térmico del planeta. La comunidad científica sabe que esto alteraría el clima; lo que todavía no saben con certeza es hacia qué lado se inclinaría la balanza. Eso, en la jerga de gestión del riesgo, se llama ruleta rusa. Y en este caso, la estamos jugando con la atmósfera de todos.

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Lluvia de aluminio

Todo lo que sube, tiene que bajar. Y aquí es donde el cuento de la conectividad espacial se pone realmente feo. A diferencia de los meteoroides naturales que llevan milenios desintegrándose inofensivamente en la atmósfera (unas 20.000 toneladas anuales, según la NASA), esta basura espacial está fabricada con aleaciones industriales pesadas: aluminio, cobre, acero. Cuando entran a la atmósfera y se vaporizan por fricción, inyectan óxidos metálicos directamente en la estratosfera.

Los primeros datos ya están acá, y son inquietantes. Un estudio publicado en 2023 en la revista científica PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) reveló que el 10% de las microgotas de ácido sulfúrico en la estratosfera ya contienen rastros de metales vaporizados provenientes de satélites en reentrada. Es decir: la contaminación no es una proyección futura, es un hecho presente y medible. Y esos óxidos de aluminio, según los mismos investigadores, actúan como catalizadores que degradan el ozono estratosférico.

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Pero hay un detalle que la industria prefiere no mencionar: el mayor daño al ozono no viene del lanzamiento sino de la reentrada. Según un inventario global de emisiones espaciales publicado en la revista Earth's Future, el 87,7% de la destrucción del ozono se origina en los óxidos de nitrógeno liberados cuando los objetos espaciales se desintegran al reingresar a la atmósfera. Es la confirmación científica de lo que el sentido común ya sugería: quemar chatarra por fricción estratosférica no es una solución. Es el problema.

Las simulaciones son igualmente contundentes. Cuando los lanzamientos mundiales alcancen las 2.000 unidades anuales —un umbral que los planes actuales de Starcloud y sus competidores convertirían en piso, no en techo—, la capa de ozono podría adelgazar hasta un 3%, con pérdidas de hasta 3,9% durante la primavera antártica. Suficiente, advierten los investigadores, para compensar décadas de recuperación lograda bajo el Protocolo de Montreal.

El portal especializado Spaceweather.com, que monitorea en tiempo real el clima espacial y sus efectos sobre la Tierra, publicó en mayo de 2026 un análisis advirtiendo que estos hallazgos deberían ser considerados de forma urgente antes de autorizar nuevas mega constelaciones. La advertencia científica existe. Lo que falta saber es si alguien con poder regulatorio la está escuchando.

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Aquí la ironía histórica duele especialmente. Durante décadas, la comunidad internacional libró una batalla épica para eliminar los clorofluorocarburos, más conocidos como CFC, una familia de compuestos químicos sintéticos que se usaban masivamente en aerosoles, refrigeradores y espumas aislantes. Los CFC, al ascender a la estratosfera, destruyen el ozono de manera catalítica: una sola molécula puede eliminar miles de moléculas de ozono antes de degradarse. El resultado fue el tristemente célebre agujero en la capa de ozono sobre la Antártida, visible desde satélites ya en los años ochenta. El Protocolo de Montreal de 1987, uno de los tratados ambientales más exitosos de la historia, logró coordinar a casi todos los países del mundo para prohibir los CFC. Cuatro décadas después, la capa de ozono está recuperándose lentamente. Ahora resulta que estamos a punto de perforarla nuevamente, esta vez desde arriba, con chatarra espacial fabricada en Silicon Valley, en nombre de la conectividad total y la velocidad de inferencia de los modelos de lenguaje.

El cielo no es un basurero

Estamos frente a un paradigma delirante. La carrera por monopolizar la infraestructura computacional del planeta está dispuesta a sacrificar nuestro escudo protector atmosférico y robarnos el cielo nocturno. Todo sea para que el último modelo de lenguaje genere una respuesta un milisegundo más rápido, o para que algún fondo de inversión consolide su posición en la infraestructura orbital antes de que lo haga el competidor.

Existen proyectos de limpieza orbital —desde redes y brazos robóticos hasta velas de desaceleración— que buscan capturar y retirar satélites fuera de servicio. El problema es que la mayoría de ellos resuelven el desecho en la atmósfera: es decir, queman la basura por fricción al reingresar, lo que no hace más que trasladar la contaminación del cielo al aire que respiramos. Limpiar la órbita para ensuciar la estratosfera no es exactamente una solución; es cambiar el lugar del problema.

Lo más grave no es la torpeza tecnológica, sino la arquitectura regulatoria que lo permite. El sistema funciona en dos capas que se complementan para no funcionar: la FCC —Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos— otorga las licencias de lanzamiento a nivel nacional, mientras que la UIT, organismo de la ONU con sede en Ginebra, coordina el uso internacional de frecuencias y órbitas entre países. El problema es que ninguna de las dos tiene poder real para frenar a una empresa privada que lanza desde suelo estadounidense con aprobación de Washington. La UIT coordina; no veta. La FCC regula el espectro; no evalúa el impacto atmosférico ni el riesgo de Kessler.

Ambos organismos fueron diseñados para un mundo de docenas de satélites y están siendo desbordados por una lógica de plataforma digital: primero desplegar, después pedir perdón. La diferencia es que cuando un servicio de streaming colapsa, se reinicia el servidor. Cuando colapsamos la órbita baja, no hay vuelta atrás posible.

Quizás, antes de autorizar un lanzamiento por hora, sería prudente exigir a los gigantes tecnológicos que financien ciencia básica para entender el desastre que están a punto de desencadenar. O mejor aún, exigirles que demuestren que no existen alternativas arquitectónicas más sensatas, que el procesamiento distribuido —es decir, repartir el cómputo entre dispositivos más pequeños y eficientes en lugar de concentrarlo en gigantescos centros—, la eficiencia energética y los chips de baja potencia no pueden suplir lo que pretenden resolver con un millón de servidores en órbita. Porque si la única respuesta que tienen es «necesitamos más cielo», el problema no está en el cielo. Está en las decisiones que se toman sin pedirle permiso a nadie.

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Fuente: El Diario de la República

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