Hubo casi 500 policías echados en los últimos cuatro años y en este momento hay 700 con sanciones

En lo que va de este año, el Organismo de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana ya ha sancionado a 92 policías, con la corrupción y el mal desempeño como causas principales. Además, hay 700 policías suspendidos o en situación pasiva, por investigaciones abiertas, la mayoría por corrupción o mal desempeño.

Desde que se puso en marcha este organismo en 2022, como respuesta política al caso de la violencia institucional y encubrimiento del asesinato policial de Valentino Blas Correas, fueron sancionados 682 efectivos, según un informe oficial enviado en respuesta a una consulta de La Voz.

Este año, la mayoría de las medidas tomadas por el Organismo se vinculan a hechos de corrupción, con 29 casos (20 surgidos por información policial y nueve por otros medios). Les siguen las situaciones de mal desempeño de funciones, con 27 casos (26 iniciados por la fuerza y un externo), y los episodios de violencia familiar y de género, con 19 registros (12 internos y siete externos). Otros motivos en 2026 incluyen violencia institucional (seis casos), inconductas fuera de servicio (seis casos) y conflictos laborales (cinco casos).

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Si se suman los policías expulsados por cesantías o destituciones de este organismo y los echados por el viejo Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario –con la resolución de causas viejas– desde inicios de 2024, ya son 346 las bajas registradas, 250 del organismo que depende del MPF y 96 del ente residual que depende de Seguridad.

El corte es el que resalta el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros para dar su lectura de los datos: "En la Policía de Córdoba, el que cumple con su deber tiene todo nuestro respaldo, apoyo y acompañamiento. Quienes rompen el orden desde adentro son sancionados sin excepciones. Acá no se tapa nada, no se esconde nada y mucho menos se encubre nada. Lo repetimos siempre, no hay policías buenos y policías malos, hay policías. Los otros son delincuentes que se visten de policías, y a esos los detectamos y los entregamos a la Justicia".

Si el corte se hace desde el inicio del funcionamiento del nuevo organismo, desde diciembre de 2021, son 484 las destituciones y las cesantías.

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El comisario general René Villegas, director General de Control de Conducta Policial, explicó que si bien son casi sinónimos, en la cesantía no queda una inhabilitación permanente para trabajar en otro lugar de la administración pública, como sí ocurre, en cambio, con la destitución.

Frente a una cesantía o destitución, una de las consecuencias más "dolorosas" para el personal policial es perder el régimen especial de jubilación. Si bien los años aportados son derechos adquiridos, ya un policía cesanteado o destituido no puede retirarse, en el caso de suboficiales, a los 25 años de servicio y, en el caso de oficiales, a los 30, sino que tienen que ir a un régimen general, con aportes hasta los 65 años.

En este momento, existen 700 policías con sanciones activas. El organismo tiene en situación pasiva a 166 efectivos (cobran el 30% del sueldo), sin goce de sueldo a otros 150 policías y suspendidos pero sin afectar sus haberes a otros 227. El número se completa con los policías que están en situación pasiva ordenada por el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, que tiene las causas anteriores a 2022, que mantiene en pasiva a 157 efectivos.

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Los policías suspendidos deben entregar sus armas y no pueden hacer servicios adicionales.

En los cuatro años del organismo, las causas con mayor prevalencia de intervención son las siguientes:

El organismo administra el régimen disciplinario que clasifica la gravedad de las faltas y determina la sanción correspondiente. Entre 2022 y 2026, se sancionó a 434 agentes por faltas gravísimas y a otros 136 agentes por faltas graves.

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En estos tres años y medio de trabajo del organismo, se produjeron 288 suspensiones, 189 casos terminaron en cesantías y en 112 sumarios se llegó a la destitución.

A su vez, se emplearon medidas sustitutivas en 93 casos.

En cuanto al origen de las investigaciones que derivaron en estas medidas, el reporte indica que desde que, está en marcha el organismo, el 85,8% de los casos (585 expedientes) se iniciaron a partir de reportes proporcionados por la propia Policía de Córdoba, mientras que el 14,2% restante (97 casos) tuvo su origen en otros medios de denuncia o investigación.

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Sin embargo, el propio informe observa que "durante el ciclo actual de 2026, se observa una variación en la modalidad de ingreso: el 77% de los casos (72 procedimientos) se activaron por información de la fuerza de seguridad, lo que representa una disminución proporcional respecto al promedio histórico".

Si bien son mayoría los procesos iniciados por denuncias de la propia Policía, los que llegan por otras vías generan las sanciones más graves. "La relación entre el inicio del caso y la sanción aplicada muestra que, en los expedientes originados por la propia Policía, predominan las suspensiones (264) y las cesantías (163). En los casos iniciados por otros medios, se registran 33 destituciones, 26 cesantías y 24 suspensiones", puntualiza el informe.

El ente que se ocupaba de los sumarios internos policiales hasta que fue reemplazado, como coletazo institucional del caso Blas Correas, tenía sin resolver, a inicios de 2024, 2.818 causas, según puntualiza su titular, el abogado Rosendo Montero.

En su gestión, se resolvieron 2.185 y quedan aún pendientes 622. El grueso de las actuaciones fueron al archivo porque estaban prescriptos los delitos que se atribuían o eran faltas leves. De las que quedaron tras la zaranda, se resolvieron 189 cesantías.

Algunas de ellas, causas muy viejas, como la de los policías involucrados en el narcoescándalo, con el comisario mayor Rafael Sosa, exjefe de Drogas Peligrosas de la Policía, al frente.

La falta de resolución administrativa de este caso es otro escándalo: los policías condenados por este caso, que combinaba procedimientos ilegales, utilización de drogas y dinero producto de allanamientos para comprar información, chantajes y extorsiones, cobraron durante 12 años el 30% de su sueldo, ya que no se resolvió hasta el año pasado su situación en pasiva, impuesta desde que estalló el escándalo, en 2013.

Hay que recordar que este hecho tuvo un enorme impacto con derivación institucional: por el narcoescándalo, las investigaciones por narcomenudeo salieron de la Policía y pasaron a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), dependiente del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Y todo salió a la luz en 2013, a partir de las denuncias realizadas por Juan "el Francés" Viarnes, señalado como un "agente encubierto" ilegal.

En 2016, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Córdoba absolvió a los policías Rafael Sosa, Gustavo Julio "Huevo" González –quien actualmente se identifica como Lourdes Milagros González–, Alfredo Damián Seine, Fabián Peralta Dáttoli y Franco Sebastián Argüello del delito de asociación ilícita.

Sin embargo, sí los condenó por violación de los deberes de funcionario público y, en el caso de Argüello, también por extorsión.

El Ministerio Público Fiscal apeló esas absoluciones. En 2019, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal revocó parcialmente el fallo y condenó a todos los acusados por asociación ilícita, además de confirmar los demás delitos.

Posteriormente, otra sala de Casación ratificó en 2025 las condenas y sostuvo que existió una organización criminal integrada por miembros de la fuerza antidrogas cordobesa. En esa resolución se determinó que Rafael Sosa, entonces jefe de Lucha contra el Narcotráfico, lideraba la banda, mientras que González, responsable de Inteligencia; Seine, jefe de Investigaciones; Peralta Dáttoli, sargento, y Argüello, oficial inspector, formaban parte de la estructura.

Las penas confirmadas por la Corte Suprema, ya este año, fueron de nueve años de prisión para Sosa, ocho años para Argüello, y tres años y seis meses para Seine y para Peralta Dáttoli. En tanto, a González se le redujo la condena de cuatro años de prisión a tres años de ejecución condicional.

Si bien las condenas efectivas quedaron firmes, no se ejecutarán, según aclararon los abogados defensores de quienes recibieron mayor condena. Explicaron que el delito de violación de los deberes de funcionario público está prescripto.

Además de los policías del narcoescándalo, fueron finalmente cesanteados los 10 en pasiva por la estafa piramidal conocida como "Zoe Azul", los policías que no le prestaron atención y cuidado a Blas Correas (que aguardan juicio), y los que quedaban con causas internas por el levantamiento policial del año 2013.

Fuente: La Voz

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