Iguazú fue declarada en emergencia por el aumento del consumo problemático
La ordenanza fue aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante tras meses de reclamos y exposición pública de la problemática. La medida establece un período inicial de 12 meses, crea un programa municipal de respuesta y prevé un mapeo de vulnerabilidad para fortalecer la pre…

Puerto Iguazú fue declarada en emergencia municipal en materia de prevención, abordaje integral de los consumos problemáticos y protección comunitaria, luego de que el Concejo Deliberante aprobara por unanimidad un proyecto impulsado por el concejal Fabián De Sá.
La iniciativa había sido presentada por primera vez en marzo de este año, cuando De Sá había propuesto declarar a la ciudad en emergencia por consumo problemático y seguridad. En aquella oportunidad, el edil intentó que el proyecto fuera tratado sobre tablas, pero el bloque oficialista, que cuenta con mayoría en el cuerpo deliberativo, rechazó esa posibilidad y se comprometió a trabajar la propuesta en comisión.
Tras cinco meses sin avances, De Sá presentó un nuevo proyecto con modificaciones y decidió impulsar su tratamiento sobre tablas. El expediente 70/2026 ingresó por mesa de entrada el pasado 18 de agosto y, antes de la sesión del miércoles 20, el concejal anticipó públicamente que solicitaría su tratamiento e invitó a la comunidad a participar de la sesión.
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La convocatoria generó una importante presencia de vecinos en el recinto, entre ellos familiares de personas que atraviesan situaciones de consumo problemático. Finalmente, los concejales trataron la iniciativa y la aprobaron por unanimidad.
Durante el debate, la concejal oficialista Raquel Matcoski realizó algunas observaciones sobre el alcance de la normativa y advirtió que varios de los puntos contemplados están atravesados por legislación nacional que establece límites para la intervención municipal. Entre ellos mencionó la Ley de Salud Mental, que establece restricciones para las internaciones sin consentimiento.
Pese a las observaciones, el proyecto obtuvo el respaldo de todos los ediles.
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Qué contempla la emergencia
La ordenanza establece una emergencia municipal por un plazo de 12 meses, con posibilidad de ser prorrogada. El objetivo es fortalecer las acciones de prevención y asistencia que ya desarrollan las instituciones de Puerto Iguazú y generar nuevas herramientas de intervención.
Entre sus principales medidas contempla la creación de un programa municipal de respuesta ante situaciones vinculadas con consumos problemáticos. La iniciativa deberá establecer un protocolo de actuación y promover la articulación entre instituciones para reforzar las tareas de prevención, especialmente en las infancias, aunque con alcance para toda la comunidad.
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Otro de los ejes será la elaboración de un mapeo de vulnerabilidad que permita identificar las zonas y situaciones que requieren mayor atención para planificar las acciones del programa.
Según establece la normativa, ese relevamiento no tendrá fines de investigación de delitos y deberá preservar la identidad de las personas involucradas, garantizando el derecho a la privacidad. En aquellos casos en los que corresponda, la información podrá ser remitida a la Justicia.
La ordenanza también establece mecanismos de seguimiento y control. En ese sentido, el Concejo Deliberante deberá recibir un primer informe a los 60 días de la promulgación de la normativa, con información sobre las acciones implementadas y el funcionamiento del programa.
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El proyecto toma como marco la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional y distintas leyes nacionales, entre ellas la Ley 26.934, que establece el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos, la Ley 26.657 de Salud Mental, la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley 23.737. También incorpora la Constitución de Misiones y la normativa provincial y municipal relacionada con salud, desarrollo humano, niñez, juventud, prevención y protección comunitaria.
La aprobación fue recibida con aplausos por los vecinos que se encontraban en el recinto. Para muchas de las familias presentes, la declaración de emergencia representa una expectativa de contar con nuevas herramientas para afrontar situaciones de consumo problemático que vienen atravesando desde hace tiempo y para las cuales, según expresaron, han buscado distintas alternativas de asistencia y recuperación.
Fuente: El Territorio
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