Imputan a una pareja que cultivaba cannabis para tratar a su hijo con TEA y epilepsia

Resumen para apurados

La Justicia procesó a un matrimonio acusado de cultivar marihuana en su vivienda para elaborar cannabis medicinal destinado a su hijo de 20 años, quien padece epilepsia y un grado severo de trastorno del espectro autista (TEA), y por sospechar que la sustancia era destinada a la comercialización. La decisión fue adoptada durante una audiencia en la que la defensa denunció irregularidades en el allanamiento y cuestionó la acusación fiscal.

El legajo se inició el 12 de agosto, luego de que efectivos policiales allanaran una vivienda del pasaje Zenón Santillán, en el marco de una investigación por robo y hurto. Durante el procedimiento, que había sido autorizado por el juez Gonzalo Javier Ortega, encontraron un arma calibre 9 milímetros y 587 municiones de distintos calibres. También secuestraron 259 gramos de marihuana, semillas, cigarrillos armados, cuatro plantines, cremas y líquidos de cannabis, una balanza digital y un triturador.

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A partir de esos hallazgos intervino la Dirección de Drogas Peligrosas de la Capital. También tomó intervención la Unidad Fiscal Criminal por el arma y la Fiscalía de Narcomenudeo por los estupefacientes, desde donde se dispuso la aprehensión de Mónica Rodríguez y Sergio Amarello.

Patricio Char, el defensor de la pareja, planteó la nulidad absoluta del allanamiento por una presunta violación de la garantía constitucional de inviolabilidad del domicilio. Según explicó, la orden hacía referencia al 3.600 de Santillán, mientras que los imputados viven a la altura catastral 3.800. Además sostuvo que la Policía no realizó una constatación presencial y que habría utilizado Google Maps.

"Lo que sospecho es que la Policía tenía el dato de antemano de que allí residía este matrimonio que son cultivadores de cannabis medicinal, que tienen un hijo con epilepsia y que son miembros de una fundación. Esa es la verdad de todo este error al que nos tiene acostumbrado la provincia de Tucumán, de allanar a cultivadores cuando van a una excursión de pesca. Tienen un dato y tratan de desviar un delito principal legítimo y genuino y aprovechan para introducir un dato que ellos escucharon de oídas para después sacar foto y publicar que están y ganándole a la lucha contra el narcotráfico", apuntó Char.

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La jueza Judith Solórzano rechazó el planteo al considerar que la descripción física incluida en la orden y la indicación de que se trataba de la sexta casa desde la calle Godoy Cruz permitían identificar con precisión el inmueble.

La auxiliar de fiscal María Sol Gramajo Parache formuló cargos contra ambos como coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Según la teoría del Ministerio Público Fiscal el matrimonio tenía 259 gramos de marihuana con una presunta intención de venta futura, inferida a partir del secuestro de elementos de dosificación y, principalmente, de una balanza digital que podría haber sido usada para racionar la sustancia en dosis menores para luego venderlas. También informó que ninguno de los señalados tenía una autorización vigente del Registro del Programa de Cannabis (Reprocann).

La defensa negó la hipótesis de la venta de sustancias y solicitó que la imputación fuera por tenencia simple de estupefacientes. Al argumentar su postura, la co defensora Candelaria Hernández afirmó que en el domicilio de los acusados no se encontró dinero, anotaciones, transferencias ni sustancias fraccionadas en dosis que permitan inferir que se desarrollaba una actividad vinculada a la comercialización.

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También destacó el contexto de autocultivo medicinal y presentó la documentación médica y el Certificado Único de Discapacidad que acreditaron que el hijo de la pareja padece TEA severo y epilepsia. "El aceite de cannabis se utiliza para mitigar sus crisis y evitar el uso exclusivo de antipsicóticos severos", indicó la profesional, y afirmó que la balanza secuestrada era utilizada para medir la materia vegetal para elaborar artesanalmente aceites y cremas.

Por otro lado, explicó que Rodríguez es referente del cannabis medicinal en Tucumán, que preside la Fundación Azulado y realiza esta actividad solidaria desde hace casi 20 años. En cuanto al Reprocann informó que estuvo inscripta entre 2021 y 2022, pero no pudo renovar la credencial por problemas del sistema. Respecto al arma, aclaró que pertenece al padre fallecido de Amarello y dijo que está registrada y en proceso sucesorio.

Gramajo Parache solicitó que ambos fueran sometidos a dos meses de prisión preventiva para ambos. Para Rodríguez requirió que la medida se cumpliera en modalidad de arresto domiciliario teniendo en cuenta que la mujer se encarga del cuidado de su hijo; para Amarello en cambio pidió que la medida sea de cumplimiento efectivo en una sede carcelaria. Char y Hernández se opusieron y pidieron que Rodríguez quedara con libertad ambulatoria y Amarello con arresto domiciliario. Finalmente, la jueza Solórzano rechazó la prisión preventiva y dispuso siete días de arresto domiciliario para ambos.

Fuente: La Gaceta

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