Interés industrial como trinchera provincial

Por Mario Alfredo Luna- Abogado y Expresidente del Concejo Deliberante de Jáchal

La desactivación del andamiaje industrial corporativo a nivel federal forzó una mutación en las reglas de juego. El viejo nacionalismo fabril dio paso a un micro-proteccionismo periférico en las provincias mineras, que utilizan los registros de proveedores como herramientas de resistencia para amortiguar el impacto de la desregulación nacional.

El análisis de esta contradicción estructural se puede desglosar en tres dinámicas clave:

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Las provincias mineras (como San Juan, Catamarca o Salta) adhirieron masivamente al RIGI porque comparten el diagnóstico de la minería transnacional: para activar proyectos de cobre de 5.000 millones de dólares, se necesitan reglas de libre mercado, libre disponibilidad de divisas y estabilidad fiscal. Sin embargo, esa adhesión expuso una contradicción: aceptaron el RIGI para atraer el capital de inversión (el flujo de entrada). Pero intentan reinstaurar el dirigismo estatal para retener el derrame de esa inversión (el flujo de gasto en proveedores). Descubrieron que el libre mercado globalizado que le concedieron a la minera choca de frente con la supervivencia de sus propias pymes locales, que no pueden competir en precio ni escala con la oferta nacional (de Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe) o internacional.

El RIGI sepultó el viejo nacionalismo industrial que exigía altos componentes de valor agregado nacional y sustitución de importaciones (fijando apenas un 20% de base nacional). Sin embargo, al quedar desguarnecido el interés industrial de la Nación, las provincias reaccionaron con un "micronacionalismo" o proteccionismo subnacional. La protección ya no se defiende en nombre de la "Soberanía Industrial Argentina", sino en nombre del "Arraigo Provincial". El proyecto de San Juan (y leyes similares en el NOA) al exigir un 60% de compre local y condicionar el registro de proveedores, opera como una aduana interior indirecta. Intenta blindar su mercado frente a la oferta de otras provincias y del exterior, demostrando que la política territorial no puede tolerar la desregulación absoluta porque destruye su propia base electoral y económica.

El RIGI asume una premisa teórica: la libre competencia de proveedores bajará los costos de construcción de las minas, haciendo los proyectos más competitivos. Pero la realidad política de las provincias demuestra que la eficiencia económica pura queda relegada cuando está en juego la paz social: para el gobernador de una provincia minera, un caño o un camión comprado un 15% más barato a un proveedor de otra provincia es una "eficiencia macroeconómica" invisible, pero significa un taller cerrado y desempleo en su propio municipio.

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El conflicto latente en el federalismo actual es que la Nación legisla para la competitividad del balance de la corporación minera, mientras que la Provincia legisla para contener la presión de sus cámaras empresariales y sindicatos locales.

Legislar por decreto o ley nacional contra el instinto de protección es un ejercicio teórico complejo. Aunque el RIGI prohíba explícitamente a las provincias alterar las condiciones de contratación, la resistencia local encuentra siempre atajos burocráticos, registros de proveedores o tasas ambientales para reinstaurar las barreras protectoras que la Nación intentó derribar.

Durante los 90 se estructuró el andamiaje jurídico que hoy sirve de espejo al RIGI, consolidando mediante la Ley de Inversiones Mineras N° 24.196 un régimen de estabilidad fiscal por 30 años que blindó a las corporaciones frente a los vaivenes de la economía doméstica. Durante los 90 se estructuró el andamiaje jurídico que hoy sirve de espejo al RIGI, consolidando mediante la Ley de Inversiones Mineras N° 24.196 un régimen de estabilidad fiscal por 30 años que blindó a las corporaciones frente a los vaivenes de la economía doméstica.

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Este fenómeno de subordinación normativa en pos de capturar el capital transnacional no es inédito; hunde sus raíces en el proceso neoliberal de los años 90. Fue durante esa década cuando se estructuró el andamiaje jurídico que hoy sirve de espejo al RIGI, consolidando mediante la Ley de Inversiones Mineras N° 24.196 un régimen de estabilidad fiscal por 30 años que blindó a las corporaciones frente a los vaivenes de la economía doméstica. En aquel despertar de la gran oferta capitalista global en la cordillera, las provincias aceptaron ciegamente el repliegue del Estado Nacional y la desarticulación del nacionalismo industrial a cambio de las regalías prometidas por los megaproyectos. Sin embargo, tres décadas después, la historia demuestra que el vaciamiento regulatorio concebido en los 90 dejó una deuda interna insatisfecha: al desmantelarse las herramientas federales de protección, las provincias se vieron obligadas a improvisar trinchera tras trinchera. El actual conflicto sanjuanino expone que el libre mercado absoluto, institucionalizado desde el menemismo y radicalizado hoy, no extingue la necesidad de protección socioeconómica, sino que la condena a manifestarse como una resistencia fragmentada, tardía y estrictamente local.

Fuente: Diario de Cuyo

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